Secretismo compartido entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Ministerio de Educación

Patricio Herman Pacheco, desde Santiago. Presidente Fundación Defendamos la Ciudad.-

Por estas cosas de la vida, me he visto involucrado en una situación que no debería suceder en el ámbito de la transparencia dentro de las municipalidades, entre otros motivos porque estos organismos públicos son los que debieran tener la mejor relación con las comunidades. El 2 de septiembre de 2025, convocado por el padre de tres alumnas de 6, 11 y 13 años, de la “Escuela Insigne Gabriela”, institución educacional fundada en el año 1908, bajo el gobierno de Pedro Montt, localizada en la comuna de Quinta Normal, sostuvimos una interesante reunión con la alcaldesa (PS) Karina Delfino, estando presentes todos los funcionarios relacionados con la educación.

La reunión buscaba obtener información y denunciar situaciones lamentables y poco claras advertidas por el padre de las niñas en esa escuela pública. Según lo denunciado, después se produjeron represalias en contra de las tres alumnas, hechos actualmente investigados mediante procedimientos sumariales de la institución educacional, cuyos resultados deberán establecer lo ocurrido.

A raíz de esta situación, a la fecha, incontrolable por la institucionalidad, la que fue representada formalmente en julio de 2025 a esa municipalidad por el padre de las niñitas, se le planteó a dicha alcaldesa que su deber, como máxima autoridad municipal, era adoptar las decisiones correspondientes para solucionar el impasse, ya que los hechos expuestos no podían reducirse a un simple desacuerdo interno de la comunidad educativa.

Lo solicitado era elemental: conocer, mediante documentos públicos, si las actividades destinadas a recaudar dinero dentro de un establecimiento educacional público contaban con las autorizaciones correspondientes, cuánto se obtuvo, quién administró esos recursos, cuál fue su destino y dónde están las rendiciones. También se pidieron antecedentes para establecer si los concursos y nombramientos públicos cumplieron los estándares exigibles, y si las agrupaciones de padres y apoderados de la mencionada escuela estaban y actuaban conforme a la ley.

No se estaban pidiendo secretos de Estado, ni antecedentes reservados de la Defensa Nacional, a la luz de lo que acontece con Argentina. Solo se pedían actos, registros, resoluciones, autorizaciones, concursos y rendiciones en el ámbito de la Educación, los que, por su naturaleza, deberían estar identificados, ordenados y disponibles. En reiteradas ocasiones, y hasta el mes en curso, se ha requerido esta información mediante la Ley de Transparencia, sin resultados. Sin embargo, solo hay respuestas parciales y fragmentadas.

La Municipalidad de Quinta Normal señala que los antecedentes los debe entregar el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Parques, mientras este último dirige la atención hacia la administración municipal anterior, ex Corporación de Educación. Por lo tanto, se ha instalado una singular coreografía burocrática: la municipalidad apunta al SLEP y el SLEP devuelve la pelota a la municipalidad. Ambas instancias públicas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Por ello, el ciudadano que paga impuestos queda convertido en un simple mensajero entre dos organismos del mismo Estado.

El traspaso de la educación municipal al SLEP Los Parques no puede convertirse en un agujero negro documental. El cambio de administrador no borra archivos, decisiones ni obligaciones de rendir cuentas. Si la municipalidad de Quinta Normal generó o recibió los antecedentes durante su administración, debe informar cuáles conserva y cuáles transfirió. Si el SLEP los recibió, debe señalar qué documentos obran en su poder, dónde están y quién los custodia. Además, la Municipalidad de Quinta Normal debe responder por la actuación de la ex Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, pues el reemplazo de una estructura administrativa no puede borrar su historia documental.

Es una cuestión de sentido común. Si una institución entrega documentos a otra, debe existir un acta que individualice lo transferido. Si un antecedente nunca fue elaborado, corresponde decirlo expresamente e identificar a la unidad que debía producirlo. Y si existió, pero nadie sabe ahora dónde está, aquello debe investigarse ya que es improcedente trasladar la carga al ciudadano, como si éste hubiese organizado el traspaso institucional.

La Ley N° 20.285, de Transparencia, no fue concebida para que los organismos públicos contesten solo las preguntas cómodas y eludan las incómodas. Las respuestas deben entregarse oportunamente y, si concurre una causal legal de reserva, esta debe invocarse. Responder a medias o derivar indefinidamente a otros servicios es corrupción. La cuestión de los dineros es sencilla pues si se realizaron actividades para generar fondos dentro de una escuela pública, debe saberse si fueron autorizadas, cuánto se recaudó, quién recibió esos recursos, dónde se depositaron, cómo se utilizaron y de qué manera se rindieron. Si todo eso se hizo correctamente, se deben exhibir las autorizaciones, actas, comprobantes y rendiciones.

Cuando esos documentos no se entregan, surge una pregunta inevitable: ¿hay algo que esconder? No se trata de una acusación, sino de la consecuencia de la opacidad. La mejor forma de disiparla no consiste en redactar nuevos oficios, sino en mostrar los antecedentes que se piden. Algo semejante ocurre con los concursos y nombramientos públicos ya que, si los procesos cumplieron las reglas y estándares aplicables, entregar sus actos, criterios y respaldos debería fortalecer a quienes participaron y a la propia institucionalidad. Es el silencio el que instala sospechas evitables.

Respecto de las organizaciones de padres y apoderados, corresponde aclarar cuáles estaban legalmente constituidas, quiénes las representaban, bajo qué normas operaban, qué recursos administraban y cómo rendían cuentas. Preguntar si alguna agrupación actuó al margen de la ley no significa afirmar qué ocurrió. Significa exigir los documentos capaces de despejarlo. La Municipalidad de Quinta Normal y el SLEP Los Parques no han estado a la altura del estándar que corresponde a instituciones públicas. En vez de entregar una respuesta coordinada, completa y comprensible, han mantenido al solicitante en un circuito donde abundan las derivaciones y escasean las certezas.

Ambos integran el Estado de Chile y están sujetos al deber de coordinación. Si uno administró anteriormente la educación comunal y el otro asumió esa función, lo mínimo es un traspaso ordenado, documentado y verificable. Las fronteras internas de competencia no pueden convertirse en escondite frente al legítimo derecho ciudadano.

Esta denuncia no apunta contra una persona determinada, ni anticipa responsabilidades. Se formula desde el derecho que tiene la ciudadanía para preguntar por el funcionamiento de las instituciones financiadas con recursos públicos y a recibir una contestación fundada. Precisamente para evitar imputaciones irresponsables se requieren documentos y no meras explicaciones. La alcaldesa Karina Delfino, por quien, a pesar de este traspié, tenemos una buena opinión y la Dirección del SLEP Los Parques deben revisar coordinadamente esta situación, ya que los documentos debieran existir y siendo así, que los entreguen al solicitante. Si, por el contrario, vulnerándose la ley N° 21.040, no fueron transferidos, estamos ante un hecho deplorable.

En razón a que los SLEP dependen del Ministerio de Educación, sería necesario que su titular, María Paz Arzola, tome cartas en el asunto para que se regularice este episodio.

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