Abogado Morales señala que marinos deben ir a una cárcel pública a cumplir la prisión preventiva. «Lo contrario, es un fraude»
Actualidad 23 mayo, 2023 Edición Cero
Aunque para el abogado de DD.HH., Enzo Morales Norambuena, no constituye novedad que los marinos que atacaron brutalmente a Milton Domínguez, -persona en situación de calle y discapacitado, falleciendo a consecuencia de la golpiza-, permanezcan en dependencias de la Cuarta Zona Naval, afirma que es una medida que no corresponde -y la califica abiertamente de fraude-, por cuanto, supuestamente fueron dados de baja, es decir, ya no pertenecen a las Fuerzas Armadas.
Por eso le parece que hay una clara dicotomía, porque por un lado, la Armada da un golpe noticioso al anunciar el mismo día del asesinato, que los marinos fueron dados de baja, sin embargo, iniciaron la detención en recinto institucional, el mismo lugar donde hoy cumplen la medida cautelar de prisión preventiva por homicidio calificado, como fue tipificado el delito, que terminó con la vida de una persona con discapacidad, en situación de calle y migrante.
Se pregunta el abogado Morales sobre los marinos imputados: «¿Por qué se mantienen dentro de un recinto militar? Esto es un fraude, porque ya no son funcionarios de la Armada de Chile, cometieron un delito común como ciudadanos particulares», que es la supuesta condición que tienen ahora.
Estima que «la Fiscalía está obligada a pedir al Juez de Garantía que la medida cautelar personal de prisión preventiva decretada, se cumpla en una cárcel pública».
En ese sentido hace una serie de cuestionamientos preguntando: «¿Dónde está el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Y la querella del Delegado Presidencial? ¿Y el SENADIS? ¿Y el SENAMA? También: ¿Y las demás autoridades electas de la región, qué dicen frente a estas nuevas clases de ética. No les preocupa el precedente?
El abogado espera que la situación se corrija lo antes posible y que los 4 marinos -ahora ex marinos, pero gozando del privilegio de estar detenidos en un recinto de la Armada de Chile-, «sean enviados a la cárcel pública, porque es lo corresponde. No hacerlo es un fraude», aseveró, insistiendo en que las instituciones pertinentes y las autoridades, deben denunciar este hecho y velar porque los procedimientos sean los correctos.
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