Organizaciones sociales y de DDHH, reaccionan ante agenda policial conjunta entre gobierno y oposición

Ante el acuerdo entre el gobierno y la oposición de tramitar, de manera extra rápida, una extensa agenda legislativa de “seguridad” hacemos público nuestro rechazo y nos convocamos, junto a otras organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos a resistir, una vez más, los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad, y a exigir a las autoridades un cambio de rumbo.

1. 1. 1. Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Hasta ahora, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en el pasado reciente y durante la revuelta social. Delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales, y acreditados a través de más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.

      2. Este peligroso escenario parece destinado a salvaguardar la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza y se halla lejos de cualquier estándar y control de convencionalidad en materia de derechos humanos, en tanto resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos.

      3. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos no es incompatible con la seguridad de las personas, por el contrario, esa garantía es justamente su condición. Por ello, alertamos sobre los peligros de los cada vez más frecuentes discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. Se omite así lo que debe ser una obligación del Estado y sus representantes: emitir siempre una clara e inequívoca condena pública a los actos potencialmente atentatorios de la integridad personal.

      4. La invisibilización de las víctimas de la revuelta también ha influido en este escenario. El gobierno no ha sido capaz de cumplir con las garantías de no repetición en materia de derechos humanos, ignorando la importancia de poner el foco de atención en las víctimas de violencia estatal, para que hechos como aquellos nunca más se repitan. Asimismo, el gobierno incumple las obligaciones internacionales al promover estos proyectos de ley y no enfrentar de manera decidida los discursos negacionistas.

      5. Esta agenda legislativa tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años y que el programa del actual gobierno proponía abordar primero, mediante su  refundación, y luego, a través de una reforma. Esta crisis se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos, y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado. La crisis de Carabineros la generó la propia institución contando con la obsecuencia y complicidad de las autoridades civiles y de quienes se han beneficiado de una policía que, en lugar de ofrecer seguridad a la sociedad, constituye una instrumento de represión de la legítima protesta y movilización social. No corresponde por ello que la ciudadanía asuma los costos de esa crisis y vea afectados sus derechos fundamentales.

      6. Hacemos un llamado de máxima alerta a todas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, para que no permitamos que, nuevamente, en la historia de nuestro país se utilice a las fuerzas armadas y policiales para resolver, mediante la represión y la restricción de las garantías democráticas más básicas, problemas y conflictos de orden político, social y económico. Convocamos, asimismo, a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos de un gobierno proclamado como progresista, y de buena parte de la clase política empeñada en una cruzada restauradora que busca profundizar el orden heredado de la dictadura impuesta hace 50 años.