Internos de recinto penal de Alto Hospicio conocieron alcances de medidas de expulsión de la nueva Ley de Extranjería

En visita informativa realizada por la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial. Los cambios legales, que se están aplicando desde el año pasado, también afecta a personas oriundas de otros países que cumplan condena en recintos penitenciarios.

 Una completa guía sobre las medidas de expulsión administrativa que contemplan las nuevas normas de migración y extranjería. Tal servicio entregaron profesionales de la Defensoría Penal Pública y DE la Corporación de Asistencia Judicial, CAJTA, en su visita a más de un centenar de internos extranjeros que permanecen en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.

En la oportunidad recibieron esa orientación legal más de un centenar de personas condenadas, oriundas de una media docena de países como Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y hasta China.

La atención fue brindada en los diversos módulos de la cárcel de Alto Hospicio donde se mantiene a los extranjeros que cumplen condena, en un recorrido que duró poco más de cinco horas, el que fue posible con la amplia colaboración de Gendarmería y especialmente del Alcaide (s) del penal. En los encuentros se les explicó los alcances de las medidas de expulsión administrativa que se les aplicará, sanción que contempla la nueva Ley de Migración y Extranjería que está vigente desde febrero del año pasado.

Encabezados por el Defensor Regional, Gabriel Carrión Calderón y el Encargado de la Unidad de Migrantes de la CAJTA, Nicolás Vicencio, el equipo estuvo también integrado por los defensores especializados Nicole Acuña y Andrés Hidalgo, con la asistencia del pasante Sebastián Astorga.

“Fue una gestión muy oportuna, puesto que los internos ya habían recibido notificaciones respecto a la medida de expulsión que se les aplicará una vez cumplan con su condena y esta segunda visita sirvió para entregar información como para recoger diversos requerimientos de nuestros usuarios condenados migrantes”,”, indicó el Defensor Regional. “Había mucha inquietud, pero pudimos aclararles las principales repercusiones de las nuevas normas, con lo que conseguimos reducir bastante la incertidumbre y ansiedad intracarcelaria”, agregó el personero.

Carrión también precisó que la actividad fue desarrollada junto a la CAJTA, puesto que a esa institución le corresponderá prestar asistencia jurídica a las personas que deseen interponer recursos en contra de la decisión administrativa de expulsión. “A la Defensoría de toca mantener la atención en lo referente al cumplimiento de sus condenas en el interior de un recinto penitenciario”, especificó.