Recurren de protección por escolares de Pica que se quedaron sin matrícula. Denuncian que son más de 150 los afectados.

Padres en las afueras del Liceo Padre Hurtado de Pica, reclamando por las matrículas para sus hijos y por las raciones JUNAEB.

A lo menos 150 escolares de la comuna de Pica, desde Kinder a Cuarto Año Medio, no han podido encontrar matrículas en las diferentes escuelas de la comuna, debido a que habría un aumento de la demanda, situación que no fue prevista por la autoridad comunal, llegando hoy al colapso.  Por esta razón, tres integrantes de la comunidad, presentaron un recurso de protección en favor de los escolares que no pueden iniciar su año lectivo 2022 y en contra de la Municipalidad de Pica, representada por su alcalde Iván Infante.

Principalmente acusan al edil de no tomar las medidas necesarias y velar por el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, tal como se indica en la Convención de los Derechos de los Niños:

“Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana”.

El problema es que los niños y niñas, no sólo están sin matrículas en sus respectivos colegios, sino que además, no pueden recibir las raciones de alimentos de la JUNAEB.

LA DENUNCIA

El recurso de protección  lo interpusieron: José Joo Benavides, apoderado de su hija de tercer año básico de la escuela F-100, a quien no pudo matricular. Catalina Cortés Cortés y Rodrigo Vargas Briones, -ambos exconcejales de esa comuna-, que actúan en favor de las niñas y niños afectados..

La acción judicial es en favor de seis estudiantes, -aunque se siguen sumando otros casos-, afectados en la comuna de Pica, unos 150, cuyos padres y apoderados no lograron matricularlos en los respectivos establecimientos, vulnerándose su derecho a la educación.

El catastro que hasta ahora manejan los apoderados denunciantes son:

Escuela F-100, 44 alumnos sin matrículas; Colegio San Andrés, 70; Matilla, 19; Liceo Alberto Hurtado, 73.  Todos en la categoría de “lista de espera”, pero al no haber cupos, según explicó Catalina Cortés, se les orienta para que intenten en otras comunas, lo que le parece insólito.

Insistió en el principio de que los niños tienen derecho a la educación. “Por lo tanto, son las autoridades quienes tienen que tomar las medidas del caso, para velar para que se cumpla este derecho. Si el municipio no previó en su presupuesto municipal anual, que había una cantidad mayor de alumnos, independiente de la causa, es su responsabilidad, no  de los  niños.  Y si no tenía recursos, incluso podría haber gestionado con el sector privado. O con el Gobierno Regional, que has financiado casos de emergencia como este que consideramos que es un caso de emergencia”.

Dice que lo que ocurre ahora, es que van de un lado a otro -Municipalidad y Secreduc-, sin encontrar una solución.

Se explica en el recurso patrocinado por el abogado Miguel Ángel Castro Soto, que es el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) el que tiene como objetivo administrar el servicio de educación en la comuna, de acuerdo con las directrices y políticas emanadas del Ministerio de Educación. Actualmente DAEM tiene a su cargo los establecimientos educacionales de la Comuna. Sin embargo, no ofrece respuesta ante esta grave situación.

Solicita el abogado que la Corte de Apelaciones orden al acalde Iván Infante, para que los niños de la comuna de Pica que se encuentran actualmente sin matricula, sean incorporados a los establecimientos respectivos.

Además, que oficie a la Seeremi de Educación, Superintendencia de Educación y Gobierno Regional de Tarapacá,  para efecto que informe de los hechos descritos en el recurso, y sobre “las medidas que pueden ser realizadas en la comuna de Pica para resolver el grave problema que afecta a tantas familias que tienen a sus hijos en pleno mes de marzo, sin matrícula escolar”.