Piden a la Suprema anular fallo que condenó a funcionaria por presuntas torturas y apremios  a mujeres que portaban droga al interior de sus cuerpos

La defensa de la funcionaria del Servicio Nacional de Aduanas, que fue condenada a 12 años de presidio por su presunta autoría en tres delitos de tortura y dos delitos de apremios ilegítimos cometidos en contra de cinco mujeres extranjeras -que fueron detenidas con droga, en la Avanzada Aduanera del río Loa- recurrió a la Corte Suprema para declarar nulo el juicio oral que enfrentó y realizar uno nuevo, pero con sentenciadores diferentes.

“Todo lo anterior, porque durante la tramitación de la audiencia de juicio oral y en el acto mismo de dictarse la sentencia condenatoria atacada ocurrieron hechos, en su caso debidamente reclamados y preparados, y otros que no es necesario preparar previamente, los que configuran la causal de nulidad consistente en violación sustancial de derechos o garantías de mi representada, aseguradas por la Constitución o los Tratados Internacionales suscritos, ratificados por Chile”, detalla en el documento el abogado Juan Carlos Manríquez, a cargo de su defensa.

A través de su abogado Juan Carlos Manríquez, la afectada interpuso un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral en Lo Penal de Iquique que la sentenció a una pena de 12 años de presidio como autora de tres delitos de tortura y dos delitos de apremios ilegítimos cometidos en contra de cinco mujeres extranjeras, que fueron detenidas con droga, en la Avanzada Aduanera del río Loa, por lo que estas fueron condenadas por tráfico ilícito y expulsadas usando la misma evidencia hallada en sus diferentes cavidades corporales.

Asimismo, agrega que “mi representada es una mujer sostenedora de un hogar monoparental, que perdió a su pareja (Carabinero) fallecido hace un tiempo en forma trágica; madre de 2 hijos menores, uno que requiere asistencia especial por su enfermedad dependiente, y otro adolescente”.

“En suma, se trató de juzgar a una mujer sola y frágil, que siempre se ha desempeñado con esmero y cuidado en sus roles de madre y funcionaria, y que NUNCA antes de esta causa se había enfrentado a la situación de hecho que se ventiló en el Tribunal de VS, en la cual siempre alegó inocencia y total falta de participación, y que goza del aprecio y reconocimiento de sus colegas, no habiéndose introducido evidencia alguna en el procedimiento y en el juicio oral acerca de que tiene un perfil de torturadora, abusadora o psicópata, o que sólo la motiva la ganancia secundaria del reconocimiento de sus logros ante todo, como único móvil y fin de sus actos”, detalla el escrito, que ya fue declarado admisible.

Paralelamente, la Asociación Nacional de Funcionarios Aduanas de Chile, ANFACH, que sostiene la defensa legal de su colega, a través de un comunicado, expresó su férreo apoyo a la funcionaria y su convicción respecto a que “se hará justicia”.

De acuerdo al veredicto, se dio por acreditado que en junio del año 2019, siendo funcionaria de Aduanas y en el marco de las fiscalizaciones realizadas a buses que pasaban por el complejo del río Loa, revisó a tres mujeres en cuestión, llevándolas hasta un cuarto privado donde les realizó acciones que les causaron graves sufrimientos a las víctimas, provocándoles lesiones físicas y vulnerando su intimidad, sometiéndolas a desnudamientos, tocaciones en sus cuerpos y otras acciones vejatorias para lograr confesiones y obtener medios de prueba respecto de los delitos que estaban cometiendo, lo que es efecto de una versión posterior al procedimiento aduanero dado por las mujeres condenadas, que ya habían confesado que habían consentido en ingerir y en que se les insertarán en sus cuerpos hasta 88 ovoides de cocaína.

El fallo, a juicio de la recurrente, se extendió a hechos no imputados en las acusaciones y además contiene conjeturas ajenas a la prueba directa e indirecta, lo que, además, de ratificarse, puede erigirse en una fuerte debilitación de la política antidrogas en los controles fronterizos, porque bastaría una simple imputación tardía de torturas para inhibir las fiscalizaciones a los llamados “burreros”, incrementando el riesgo de aumentar el ingreso de droga por medio de correos humanos a Chile.

Declaración de AnfaCh