Defensores: «Antecedentes son insuficientes y contradictorios para acreditar delitos de secuestro y tráfico de migrantes en Pozo Almonte»

(Video de la audiencia al final) El juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la medida cautelar de prisión preventiva de una ciudadana venezolana imputada por el Ministerio Público por el delito de tráfico de migrantes. Un segundo imputado fue acusado del delito de secuestro, que es más grave, pero como no se logró acreditar ni convencer al juez con las argumentos presentados, dictaminó la cautelar de arresto domiciliarios.

El juzgado de Garantía de Pozo Almonte sólo decretó la medida cautelar de prisión preventiva de una ciudadana venezolana imputada por el Ministerio Público por el delito de tráfico de migrantes, pero para el imputado del presunto secuestro sólo dictaminó la cautelar de arresto domiciliario.

Los cuestionamientos de los defensores son hacia ambas imputaciones. Es decir, tanto al secuestro como al tráfico de migrantes. El juez estimó que hay suficientes antecedentes para investigarlos por esos delitos, pero la cautelar que puso para el imputado de secuestro es muy suave, en consideración que este delito es de mayor gravedad.

El defensor Jorge Bacián señaló que los imputados fueron detenidos al interior de un domicilio en que alojaba una treintena de migrantes, los que esperaban proseguir viaje en bus hacia la Región Metropolitana. De todos ellos sólo algunos fueron considerados como víctimas de secuestro, antecedente que el defensor destacó para que se descartara la existencia de ese delito.

Argumentó que «todos los testimonios indican que «el grupo completo estaba esperando seguir viaje y resulta incongruente que, si todos estaban en la misma casa en las mismas condiciones, sólo a algunos se les atribuya la calidad de secuestrados”, explica el defensor Jorge Bacián.

Según la formalización de cargos, la mujer extranjera de iniciales B.Y.A participó de una red de trata de migrantes, la que permitió el ingreso ilegal al país de 32 personas – 8 varones, 15 mujeres y 9 niños, niñas y adolescentes-, con la promesa de trasladarlos hasta Santiago. Todas las personas fueron sorprendidas encerradas en un inmueble de la comuna de Pozo Almonte, lo que fue rechazado por los defensores quienes insisten en la tesis que estaban aguardando en un domicilio, para continuar con el viaje.

En virtud de esto el magistrado Horacio Andrade determinó la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que la libertad de la imputada implica un peligro de fuga. Además, fijo un plazo de investigación de 45 días. El Juzgado de Garantía aceptó la petición de la defensa y autorizó cambiar la medida cautelar previo pago de una caución de 100 mil pesos.

El defensor penal público Klaus Bremer hizo presente al tribunal que su defendida, una mujer venezolana, “formaba parte del mismo grupo y ninguno de sus integrantes les atribuye alguno de los elementos que la ley considera para tipificar dicho delito”. En este caso, a la formalizada se le decretó la prisión preventiva por “peligro de fuga”, ya que no tiene domicilio acreditado en el país.

SEGUNDA FORMALIZACIÓN

En una segunda audiencia de formalización, pero que corresponde al mismo episodio, el Ministerio Público formalizó investigación contra L.U.C por el delito de secuestro. Según la formalización, él era la persona que custodiaba a los migrantes para que no pudieran salir del domicilio.

El juez Andrade decretó la medida de cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional y un plazo de investigación de 60 días.

Estos casos judiciales fueron tratados en dos audiencias diferentes, aunque fueron producto de una misma acción policial, cuyos efectivos ingresaron el lunes 19 a una vivienda de la localidad de Pozo Almonte, encontrando allí al grupo de migrantes venezolanos y a las personas que les otorgaban albergue y apoyaban su desplazamiento hacia la zona central.

CUESTIONAMIENTOS

LAS AUDIENCIAS

Las audiencias completas están en el siguiente video: