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Waldo Aguilar Figueroa, Candidato a Constituyente, Distrito 2 Tarapacá
Una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso al agua potable, y en la actualidad, en casi todos los países del Sur, se ha privatizado la gestión del agua, eliminando este vital elemento como un derecho humano para convertirlo en una mercancía que no todos pueden comprar.
Nuestro país no está ajeno a este panorama desolador, y a pesar de que la ley señala que se trata de un bien nacional de uso público que supuestamente le pertenece a toda la nación, en la práctica, el agua es privada.
Aunque el artículo 595 del Código Civil y el Código de Aguas conciben al agua como un bien nacional de uso público, la Constitución de 1980, aprobada durante la dictadura en un plebiscito espurio que no contó con registro electoral, y el mismo Código de Aguas, otorgan a los particulares derechos de propiedad sobre el agua.
En nuestro país las cifras hablan por sí mismas. Más de 400 mil personas viven sin acceso al vital elemento gran parte del año, debiendo ser abastecidas esporádicamente con unos 50 litros diarios a través de camiones aljibes.
El 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua. Siguiendo esa misma línea, Uruguay, Ecuador y Bolivia, ya consagraron el derecho humano al agua en sus respectivas cartas fundamentales, buscando garantizar a todo ciudadano el acceso a este recurso natural.
Acá, en tanto, el Código de Aguas vigente en Chile desde 1981 permite a través de la creación del “derecho de aprovechamiento”, la privatización del recurso hídrico, lo que ha gatillado diversos conflictos sociales, culturales y medio ambientales.
En la nueva constitución debemos prevenir hechos como lo descubierto en un reportaje del portal CIPER, que dio a conocer antecedentes concretos de que la empresa agrícola “El Cerrito”, controlada por Andrónico Luksic y dedicada al cultivo de uva de mesa, mantenía un estanque artificial, un conducto y una bomba hidráulica para extraer agua del estero “El Derecho” en el Valle de Elqui, comuna de Paihuano. La empresa reconoció la ilegalidad de las instalaciones y las retiró cuando la situación fue denunciada por regantes a la Junta de Vigilancia respectiva. Sin embargo cabe mencionar que dichas instalaciones de usurpación de agua llevarían 15 años funcionando. ¿A qué tipo de sanción se enfrenta Luksic? La multa máxima por usurpar agua son 1.000 UTM, eso equivale a algo así como $46 millones. Una suma francamente ridícula para el multimillonario Forbes.
El modelo neoliberal de gestión del agua vigente en nuestro país, le entrega su asignación en términos absolutos al mercado, no priorizando el acceso al vital elemento a las personas ni a los ecosistemas.
A lo anterior, se suma el hecho de que en nuestro territorio poseemos más del 82% de todos los glaciares de Sudamérica y no contamos con una legislación que los proteja.
Según los expertos, en los próximos 50 a 100 años vamos a tener entre 10 a 30% menos de precipitaciones, por lo que es vital la necesidad de poner especial atención en dichos cuerpos de hielo.
Aunque contamos con una de las mayores reservas de agua congelada del mundo, enfrentamos como sociedad una amenaza más seria en contra de nuestros glaciares, y no es, como se cree, el calentamiento global.
Las palabras del director de Greenpeace Chile, Matías Asún, son claras al respecto, describiendo a la minería como una de las principales amenazas que tienen los glaciares. “Se trata de proyectos cuya destrucción está documentada. Son proyectos responsables directamente de la remoción de glaciares”, advierte el experto medioambiental.
Aunque el panorama se muestra desolador, como futuro constituyente pondré mis energías para que la nueva Constitución considere al agua como un derecho humano, un bien común y social de uso público, consagrando el derecho de todas las chilenas y chilenos a disponer de agua suficiente para el uso personal y doméstico.
Igualmente, me la jugaré por una regulación que considere criterios ecológicos, de justicia y democracia en su gestión. Todas las especificaciones respecto del uso del agua, deberán ser reguladas en una ley, lo que implica que en el futuro tendremos que cambiar el Código de Aguas vigente, y considerar formas de propiedad colectiva sobre las reservas hídricas de modo de contar con herramientas jurídicas eficientes para su protección.
Por estas múltiples razones, y considerando que el derecho y el acceso al agua son claves para la vida, debiendo estar por sobre cualquier interés económico, por eso, les dejo estas bellas palabras de nuestra gran poetisa Gabriela Mistral: El agua que va con los semblantes del paisaje, listada por el rostro de las cosas, como si fuere a dar testimonio de todas ellas, y que no se rinde, del peso, y sigue con su carga de semblantes sin que nadie vea quién se la recoge.