Querella contra la Armada por ataque a portuarios fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía
Actualidad 5 octubre, 2020 Edición Cero
Admisible declaró el Juzgado de Garantía la querella por «Apremios Ilegítimos Cometidos Por Empleados Públicos», patrocinada por el abogado y concejal Matías Ramírez, tras el ataque que recibieron trabajadores portuarios por parte de contingente de la Policía Marítima de Armada. Siete son los denunciantes que resultaron con diversos daños físicos y afiliados a la Federación de Trabajadores Portuarios de Iquique, FETRAPI.
Se querellan por el delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal; demás delitos que pudieren establecerse y determinarse en la presente investigación penal por parte del Ministerio Público.
La querella pide una serie de diligencias que contempla que se recabe la documentación y antecedentes que obran en poder de órganos públicos, como fichas médicas por ejemplo; que se realice la reconstitución de escena con la participación de efectivos que estuvieron en servicio ese día, 9 de septiembre; participación de la Brigada de DDHH de la PDI para que se verifiquen las torturas y apremios físicos y psicológicos.
El abogado Matías Ramírez confirmó que los querellantes son 7 trabajadores adscritos a la FETRAPI. Se trata de Joan Parra Vega, Benito Lara González, Elvis Rivero Guerra, Marcelo Zuleta Valenzuela, Sebastián Clavero Astorga, Javier Arce Ponce y Rubén Guerrero Aranda.
De acuerdo a los hechos, como informamos en ese momento en Edición Cero, éstos se suscitaron el pasado 9 de septiembre, tras una jornada de protesta que realizaron los trabajadores de la empresa de carga y transporte de contenedores que opera en el Puerto de Iquique, CONTOPSA que, según declararon en esa fecha «se ha negado a firmar un acuerdo colectivo para entregar condiciones dignas y seguras de trabajo, situación que se prolonga desde hace años por lo cual nuestra Federación FETRAPI, se encuentra en paro hace ya más de 20 días”.
Hay que recordar que CONTOPSA para romper la huelga, contrató trabajadores que fueron traídos desde Arica, lo que molestó al gremio iquiqueño, saliendo a protestar de manera pacífica. Sin embargo fueron reprimidos violentamente, ocasionando lesiones severas en algunos manifestantes. Además, la sede de FETRAPI, que corresponde a un edificio patrimonial, también resultó dañada, producto del ingreso de la policía marítima al recinto.
RELATO DE LOS HECHOS EN LA QUERELLA
El día 09 de septiembre de 2020, todos los querellantes nos encontrábamos al interior del puerto de Iquique, cerca del sector de acceso al terminal ITI (Iquique Terminal Internacional), en el contexto de una huelga pacífica de los trabajadores y trabajadoras, desarrollando las actividades sindicales previamente informadas al gobernador marítimo mediante carta de fecha 27 de agosto de 2020. El motivo de nuestra movilización se debía a la exigencia de derechos laborales básicos garantizados tanto en los convenios internacionales ratificados por Chile, como en nuestra normativa nacional interna, relacionados con la seguridad y la estabilidad laboral.
Los trabajadores estuvimos varios días movilizados en el mismo lugar, sin que existiera problema ni altercado alguno, pero el día 09 de septiembre, siendo aproximadamente las 09:30 horas de la mañana llegó un gran contingente de infantes de marina (alrededor de 60 efectivos) armados con escopetas antidisturbios y otros elementos represivos. En cuanto llegan a lugar, nos instaron a abandonar el lugar mediante amedrentamiento físico y verbal, tomando detenido al señor Rubén Guerrero Aranda, quien fue trasladado en un bote zodiac por mar hasta el calabozo de la gobernación marítima, manteniéndolo privado de libertad hasta las 18:00 horas aproximadamente sin permitirle tener contacto telefónico con su abogado, a pesar de haberlo solicitado, siendo trasladado luego hasta la 1era Comisaría de Iquique, lugar donde fue retenido hasta las 21:00 horas. Es relevante señalar que, el señor Rubén Guerrero cumple la función de dirigente sindical, y en la comisaría le incautaron su teléfono celular por orden del fiscal, no siendo devuelto hasta la fecha. Lo anterior demuestra claramente una persecución en su contra debido a su rol sindical.
Más tarde, siendo aproximadamente las 14:30 horas, nos manteníamos en el puerto en el mismo sector, aproximadamente 30 trabajadores, quienes seguíamos desarrollando las actividades de la movilización antes indicada, cuando al ingresar tres camiones bolivianos, se produce una discusión y en eso aparecen dos contingentes de infantes de marina fuertemente armados (aproximadamente 80 efectivos), tomando detenidos a Patricio Villagra Cerezo y a Elvis Rivero Guerra. Ambos trabajadores fueron golpeados brutalmente para luego ser trasladados por mar (en bote zodiac) hasta el calabozo de la gobernación marítima.
Lo anterior produjo la molestia del resto de los trabajadores, quienes trataron de auxiliar a sus compañeros, a lo cual, los infantes de marina comenzaron a reprimirlos con perdigones recibiendo el impacto de un proyectil en su cara el trabajador Benito Lara González.
Ante la gran cantidad de efectivos de la Policía Marítima, los trabajadores se retiraron del puerto, refugiándose algunos de ellos en la sede sindical que se encuentra a un costado del acceso al puerto de Iquique, ya que tenían dificultades para respirar producto del gas pimienta utilizado por la Policía Marítima. Es acá cuando se produce un hecho injustificado, ya que los marinos superaban en más del doble a los trabajadores, y suponiendo que la orden era disolver la movilización, lo cual se logró, de todos modos los infantes de marina persiguieron a los trabajadores e ingresaron al sindicato con escopetas, gas pimienta y bombas de ruido, golpeando brutalmente a varios trabajadores, resultando detenidos los Joan Parra Vega, Sebastián Clavero, Marcelo Zuleta Valenzuela, y Javier Arce Ponce. Todos fueron brutalmente golpeados para luego ser trasladados hasta el calabozo de la gobernación marítima, manteniéndolos privados de libertad en dicha instalación aproximadamente hasta las 22:00 horas y luego siendo trasladados hasta la primera comisaría de Iquique, donde permanecieron detenidos hasta las 10:30 de la mañana del día 10 de septiembre.
En cuanto a las lesiones, estas fueron constatadas en el Consultorio Videla de la comuna de Iquique, registros que no fueron entregados a los querellanes, contando solamente con la evaluación médica de Benito Lara González quien registra lesión en región mandibular derecha diagnosticada como traumatismo contusocortante en región inframandibular derecha.
SOLICITUD DE DILIGENCIAS
Tras relatar los hechos, el abogado Ramírez pide una serie de diligencias para que se aclaren los hechos. Primero, oficiar a autoridades y órganos del Estado:
1. Al Consultorio Cirujano Videla de la comuna de Iquique, para que se oficie con el fin de que remita a la Fiscalía Local de Iquique:
A. La Ficha de Atención de los querellantes, que incluyan los originales de los Registros de Atención de Urgencia (RAU), correspondiente al 09 de septiembre de 2020 donde se acreditan día, hora de las atención y diagnósticos recibidos.
2. A la Armada de Chile (Gobernación Marítima de Iquique) para que se oficie, con el fin de que remita a la Fiscalía Local de Iquique:
A. Individualización de los funcionarios de la Policía Marítima o funcionarios de la Armada de Chile que se encontraban en funciones el día 09 de septiembre de 2020 y que concurrieron al Puerto de Iquique a reprimir la protesta de los trabajadores portuarios, con indicación de cargo, función, responsabilidad que cumplieron aquellos días e indicación del armamento que portaban.
B. Copia autorizada de las comunicaciones radiales en relación al día 09 de septiembre
de 2020.
En segundo lugar se solicita que se haga la reconstitución de escena, para que se pueda esclarecer la forma en que se desarrollaron los hechos. Y que en esta diligencia participen los mismos funcionarios de la Armada que se encontraban en funciones ese 9 de septiembre. También, que participe personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, para que determinen las torturas y atropellos a los DDHH que establece la querella.
Otra de las diligencias solicitadas al Ministerio Público es que se ordene la incautación de los registros de grabación audiovisual originales -que obren en poder de la Armada si lo hubiere- de las cámaras institucionales o particulares de los funcionarios, correspondientes al día de los hechos investigados, 09 de septiembre de 2020.
Otra diligencia fundamental para la investigación es:
«…la realización de un Peritaje Clínico a los querellantes mediante los exámenes físicos y psicológicos correspondientes, a fin de acreditar las torturas denunciadas y las lesiones causadas por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones de conformidad al “Protocolo de Estambul” y se determine la responsabilidad de relevancia penal, para que posteriormente sus resultados sean remitidos a la Fiscalía Local de Iquique».
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