Mientras la salud pública agoniza: Isapres no paran de llorar miserias y aumentan comisiones

Cambio21/ Por Mario López M.- Una orquestada campaña han levantado desde las aseguradoras privadas de salud. Amenazan con la quiebra si no se les permite subir unilateralmente las cotizaciones a sus afiliados. A pesar de anunciar catastróficos porcentajes, lo real es que han ganado como utilidades más de $551.595.000.000 en la última década. Ministro de hacienda quiere que vivan otros 10 años. Un lucrativo negocio privado que puede traer graves consecuencias al sector público, continúa en nebulosa por falta de ley reguladora. Exageran desde la industria y usted sufre consecuencias.

Varias noticias casi en paralelo se produjeron recientemente y dicen relación con el sistema privado de salud en Chile. La caída de  38% en las utilidades del sector, que llegaron a obtener «solo» $ 37.240 millones en 2015, prendió las luces de alarma entre los grupos económicos tras las Isapres, que salieron a anunciar que la hecatombe se aproximaba, llegando incluso a afirmar que la quiebra del sistema era viable. Además aprovecharon algunas de ellas de aumentar sus comisiones.

S.O.S. Isapres al borde de la quiebra

«Si esta tendencia continúa (a la baja en las utilidades), el sistema puede terminar, porque puede no ser capaz de soportar el incremento de los costos en medicina, en gastos médicos y en el subsidio de incapacidad laboral», señaló el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien agregó que «si los gastos están creciendo más que los ingresos, es evidente que esto va en rumbo de colisión si no se encuentra una solución oportuna». Fijó como «cruciales» los próximos 2 años para la industria.

Ya antes Patxi Amutio, el gerente general de Cruz Blanca (la que cuenta con el mayor número de afiliados), había afirmado con total liviandad: «Nos preocupa que pueda quebrar alguna Isapre y sería un problema para los ciudadanos». A su juicio, el problema radica en «la incertidumbre» del sector ante la nueva legislación anunciada por el ejecutivo, y que sigue sin fecha aún, y los serios problemas de costos derivados de la judicialización que ha afectado la reajustabilidad de planes de afiliados, sumado al pago de costas judiciales.

Desde el sector público salieron a poner paños fríos y hasta el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés,  llamó a los senadores de la Comisión de Salud a «atender» las súplicas por ayuda del sector, amagado en su sobrevivencia. «Necesitamos que las isapres sobrevivan y existan 10 años después de la reforma», señaló. Añadió que «lo que hemos discutido en las comisiones técnicas, a mí al menos, me deja con una cierta duda de que lo que sea posible hacer como, entre comillas, negocio de isapres sea sustentable. Nos preocupa mucho hacer un salto y entrar en un problema unos años después», afirmó.

El «enfermo imaginario»

¿Pero realmente están dadas las condiciones objetivas para la quiebra de una o más Isapres? Que han aumentado los costos que se deben pagar a abogados por la judicialización de los reclamos de los afiliados por las continuas y unilaterales alzas de los precios de los planes, es cierto, pero ojo, ello alcanza a un muy bajo porcentaje del total de los cotizantes, lo que realmente no es una cifra considerable si se mide el monto del negocio.

El mismo Patxi Amutio reconoce que con ocasión de los recursos de protección contra las alzas de precios se ha generado «un costo de $ 22 mil millones en costas que las isapres hemos pagado. Hemos pasado de 1.300 causas que teníamos en 2009 a 42 mil el año pasado. Eso es mucho dinero», afirma.

Este año se espera que unos 200 mil recursos se interpongan para frenar las alzas unilaterales. Pero claramente este tema de los mayores costos por juicios perdidos por las Isapres no es el problema de fondo. La razón pareciera radicarse en un muy ineficiente sistema de control de costos en la industria y en una desmedida voracidad de los inversionistas del sector. Esa es al menos la visión de expertos y del propio superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, quien asegura que a pesar de la «baja» en las utilidades, «ninguna de las Isapres abiertas registra pérdidas».

El vaso medio vacío

Pero desde la perspectiva de las aseguradoras de salud la visión es distinta. «Uno puede concluir que hay casi un comportamiento irresponsable en el análisis que está haciendo el superintendente de Salud de la grave situación que está enfrentando el sistema de isapres», reclama su presidente, Rafael Caviedes, quien se basa en que la rentabilidad del capital y reservas cayó desde 18,6% a 11,1%, y las utilidades del sistema retrocedieron 37,8%.

Según Amutio, «seguimos con la necesidad y urgencia de que se solucionen las incertidumbres en el sector. Son cambios que no requieren grandes modificaciones en la ley, sino tener mecanismos que permitan solucionar el problema de la judicialización y el alza de precios que las isapres siempre han estado facultadas a aplicar, por la ley, para hacer la adecuación de planes». Es decir, aumentar los precios unilateralmente.

«Lo que realmente nos preocupa es que pueda quebrar alguna Isapre y eso sería un problema para los ciudadanos. Estamos trabajando para que el sistema sea sostenible», afirma el gerente de Cruz Blanca, para quien el pago por juicios perdidos «no es bueno para la viabilidad del sistema, es ajeno a la naturaleza de una compañía centrada en cuidar a la gente y no en pagar a los abogados. Para la industria 2015 fue complejo, por el incremento de los costos de salud muy por encima del IPC normal y la judicialización. No sé cuánto (soportaremos), pero cuanto antes se solucione, mejor», señala.

Reclamando de «llenos»

Pero la otra parte, la medio llena del vaso otorga otra visión y muy distinta, por cierto, y  da cuenta que las ganancias acumuladas por las aseguradoras en la última década asciende a $551.595.000.000, es decir, casi mil millones de dólares. Hoy la «pobreza» los agobia. Solo el año pasado las ganancias fueron de $37.244.016.000.

«Los resultados obtenidos el año 2015, si bien confirman que la rentabilidad disminuyó respecto del año 2014, registran sumas similares a las de los años 2008 y 2013, y superiores a las del 2007 y 2009. Esto es, no implican una crisis de ningún tipo, sino que dan cuenta de un funcionamiento normal del sistema», aseguró el superintendente.

La excusa de la quiebra basada en los «gastos de la judicialización», los que si bien aumentaron al doble respecto del periodo 2014, están aún lejos de transformarse en la causa de la cesación de pagos de las isapres. Para Pavlovic, éstos costos «sólo representan apenas 8% del total de los gastos de administración y ventas. Hay, sin embargo, un esfuerzo del sector regulado en poner énfasis en la discusión de la judicialización, que corresponde a gastos que no pueden controlar, pero no se refieren a aquellos que pueden gestionar de mejor forma, como por ejemplo, gestionar prestaciones para los beneficiaros en las mejores condiciones posibles», afirmó.

El sillón de Don Otto

Cuando el personaje de historietas descubrió que su mujer lo engañaba en el sillón de su propia casa, optó por dar un corte radical al problema: vendió el sillón. Algo parecido es lo que sucede con los gastos originados por los juicios que pierden las isapres. ¿El tema está en pagar a los abogados o en evitar el problema que originan los juicios, esto es, el alza unilateral de planes de salud por parte de las aseguradoras? La solución de Don Otto sería parar los juicios.

Así lo entiende Pavlovic: «la judicialización es un problema, pero también un síntoma de un problema mayor, que tiene que ver con el marco regulatorio actual y además con la forma en que las isapres sistemáticamente han actuado durante muchos años a la hora de subir sus planes. Por ende, no es una situación que desconocemos y existe un desafío regulatorio que debe hacerse cargo de los problemas de desconfianza respecto del proceso de adecuación de precios y de la falta de transparencia que lo caracteriza», indicó.

De hecho las utilidades que obtuvieron en el reciente periodo distan de augurar siquiera la posibilidad de una quiebra. Así, por ejemplo, Cruz Blanca obtuvo $3.783.479.000; Banmédica $10.146.227.000; Consalud $1.918.437.000; Colmena $7.262.655.000; Vida Tres $7.572.089.000; Más Vida $5.768.473.000 y Óptima $902.345.000.

¿Y si quiebra una Isapre?

La posibilidad cierta de la quiebra de una aseguradora de salud, es remota. Sin embargo, desde la industria han levantado esa eventualidad para intentar presionar desde allí -la inquietud de los casi 3,4 millones de afiliados-, a la autoridad. La idea de la presión es que legisle el nuevo marco regulatorio y que le solucione, de paso, el problema de la judicialización que frena las alzas y siga permitiendo las «adecuaciones unilaterales de costos», que no es otra cosa que traspasar a los cotizantes los mayores gastos en sus cotizaciones de salud.

En el año 2015 ingresaron al sistema privado de salud nada menos que 113 mil nuevos cotizantes. Por otro lado, el alza en los costos de las prestaciones aumentó en promedio 11% en el período. También aumentaron las licencias médicas en 15,4%, lo que implicó que no alcanzó a cubrirse íntegramente los gastos, pero de ahí a hablar de «perdidas»… no es real, pues las utilidades llegaron a unos US$ 52 millones en el año.

Para la industria, una quiebra implicaría perder la cobertura vitalicia de personas con enfermedades ya diagnosticadas o de avanzada edad, quienes no serían aceptados en otra isapre o lo serían a altos costos en un nuevo plan de salud. Desde luego, una alternativa es volver a Fonasa, pero el desprestigio (real o no)  de la salud pública espantaría a muchos.

Pero aun si seguimos el juego de agoreros, la respuesta categórica es que los afiliados de isapres y los prestadores -esto es, hospitales, clínicas, médicos etcétera-, se puede tener la seguridad de que en caso que su aseguradora quiebre o caiga en insolvencia, poseen la garantía que el 100% de sus deudas serán cubiertas, por ley.

El buque insignia que estuvo a punto de zozobrar

Banmédica es la isapre más grande del mercado y pertenece a Penta. Una experiencia al límite fue la de las aseguradoras de salud ligadas al holding en 2015, en el momento más álgido de la crisis del grupo, cuando sus controladores, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, cayeron presos tras ser formalizados por diversos delitos en relación con financiamiento ilegal de la UDI. En plena crisis inyectaron fuertes sumas de dinero para «inflar» operacionalmente el negocio de la salud y evitar una estampida de afiliados, incluso emitiendo un bono por US$90 millones que debieron postergar más de una vez.

El Grupo Penta opera bajo las compañías Empresas Banmédica, Isapre Banmédica, Isapre Vida Tres, Clínica Santa María, Clínica Dávila, HELP S.A., Vida Íntegra, Clínica Vespucio, Clínica Bío-Bío, Clínica V Región, Home Medical Clinic, Centro Clínico El Portal y no podía faltar una «pequeña» participación en Clínica Las Condes, entre otras. En su momento Banmédica, el caballo de batalla del grupo, estuvo pronto a zozobrar tras una «corrida» de un importante número de asegurados, temerosos de las consecuencias de lo líos económicos del grupo. La superintendencia de Salud reiteradamente debió salir a «desmentir» la quiebra.

Si bien Banmédica hoy cuenta con cerca de 600 mil asegurados de un universo de 3,4 millones, ello constituye una baja en relación con su participación en el negocio de las isapres, aunque igual sigue siendo negocio. Las otras aseguradoras ligadas al holding también han disminuido sus utilidades en el «mercado de la salud» y se rumorea que los «Carlos» piensan en vender sus activos en esta área. Solo en Banmédica manejan un  27% accionario, control que comparten con Eduardo Fernando León, socio de Consorcio.

A pesar de ser el mayor actor en la salud privada, con la mayor isapre, las utilidades bajaron en el periodo 2015. Banmédica lideró el ranking con $10.146 millones, lo que implica una caída de 8,4% respecto de 2014. Le sigue VidaTres con $7.572 millones, que también representa una baja importante.

Al igual que las otras empresas del grupo, Banmédica se vio mezclada en el tema forwards cuando Carlos Kubick, gerente general de la isapre, debió renunciar a su cargo al descubrirse que recibía pago de bonos del grupo a través de contratos falsos, en que se pre-dateaban las fechas, se simulaba una pérdida para firmas ligadas a Banmédica y se evitaba el pago de impuestos. El nombre de Héctor Concha, quien presidía la isapre y era director de holding de salud, también apareció vinculado en operaciones de este tipo con Siglo y VSA.