Iván Vera-Pinto Soto, Cientista social, pedagogo y escritor.-
Esta reflexión examina, de modo somero, la realidad laboral de las artes y las culturas en Chile, enfatizando algunos ejemplos en torno a las condiciones desventajosas y las consecuencias que conllevan para las existencias de los trabajadores y trabajadoras de este sector. Primeramente, sostenemos que este mal endémico, el cual se ha instalado en el gremio desde hace muchísimo tiempo, conspira, abiertamente, con el desarrollo cultural de nuestra nación y, por ende, con el proceso de crecimiento integral de los ciudadanos y ciudadanas.
Al respecto, los especialistas argumentan que la precariedad laboral es un asunto complejo y multidimensional, el cual tiene directas implicaciones, entrelazadas e interdependientes, en la existencia de las personas, tanto en lo profesional como en lo personal. Los estudios en esta materia concluyen que la precariedad habla de un problema de fondo, es decir sistémico, el que en nuestro país se ha agudizado debido a los conflictos estructurales que se arrastran por largos años y por el reciente periodo pandémico que hemos vivido.[1]
Desde esa perspectiva, podemos observar dos situaciones paradójicas. La primera, dice relación con la idea que la práctica artístico-cultural tiende a ser autónoma y vocacional; sin embargo, suele estar sometida a la explotación y dependencia de tradicionales y nuevas estructuras generadas por el paradigma neoliberal y sus instituciones. La segunda, es que, pese a todas las calamidades sociales y sanitarias, se comprueba una mayor producción artística; aunque gran parte del sector, vive en condiciones desmejoradas. Esta realidad, no solo afecta a nivel laboral, con relación a sus derechos, sino que, incluso, tiene un alcance en el futuro profesional.
Desde luego, estas contradicciones, representadas de diversas maneras, no hace más que confirmar la configuración de las marcadas desigualdades socio-laborales existentes, las que se han pretendido encubrir con las políticas del emprendimiento y la supuesta instalación de las industrias creativas sustentadas con exiguos aportes estatales y fondos concursables, cuyos financiamientos limitados no permiten dar continuidad ni sistematización a los proyectos, ya que dichos recursos tienen tiempos acotados; en consecuencia, sus resultados e impactos son difíciles de evaluar y proyectar, dejando así las acciones constreñidas a meros eventos temporales.
Antes de revisar algunas situaciones alarmantes y transversales, cabe hacer notar que los problemas identificados se refieren a aquellos profesionales cuyas remuneraciones, por lo menos en un 60%, provienen de una labor cultural, sean estos con títulos profesionales o que por su vocación, formación educativa y vínculos sociales continuamente están trabajando en el área, ya sea mediante los financiamientos públicos o privados que obtienen para materializar sus producciones, o bien, colaborando con instituciones culturales.
Según podemos constatar, la salud es uno de los tópicos que provoca más desaliento y desprotección. Por ejemplo, muchos de los artistas deben recurrir al hospital o a algún Cesfam en calidad de simples indigentes, puesto que la mayoría de las personas no están afiliadas a ningún tipo de previsión. Precisamente, una de las demandas de las organizaciones artísticas nacionales ha sido que exista un sistema que se adecúe a la realidad de los artífices, porque las condiciones y características de trabajo son distintas, pues ellos viven de su producción. Algo parecido ocurre con la jubilación. Por supuesto, estos nudos y tensiones tienen su correlato con el alto porcentaje de trabajo de tipo informal e independiente de contrato.
Otro punto álgido son las contrataciones en instituciones públicas y privadas. La mayoría de los profesionales poseen contratos a honorarios, a veces por tres meses, cuyos sueldos tampoco son pagados en la fecha que les corresponde. En ciertos casos, aunque parezca una exageración, los artistas deben, literalmente, mendigar en las entidades para que se les cancelen los sueldos, montos que están por debajo del salario mínimo, pues así lo han determinado las autoridades y las estructuras burocráticas, aduciendo falta de presupuesto o porque existen otras necesidades más indispensables, relegando el trabajo artístico a un oficio de menor envergadura o a una actividad extra-programática. De este modo, se ignora el papel importante que juega el arte como una herramienta coadyuvante en la formación integral de los ciudadanos.
En suma, se llevan a cabo estas tareas con mínimas prestaciones sociales y bajos sueldos. Además, los artífices para subsistir deben inventar sus propios proyectos, obteniendo recursos de pocas empresas o del Estado, lo que les ofrece una estabilidad económica momentánea. Empero, una vez agotados esos fondos deben volver a explorar financiamientos para continuar con sus producciones. Asimismo, están obligados consecutivamente a establecer ajustes de sus programas, con el fin de amoldarse a las adversas condiciones laborales que experimentan, afectando, definitivamente, la calidad de sus artefactos y producciones.
Por otro lado, quienes trabajamos por muchos años en esta disciplina, sabemos que la creación no se ajusta a los horarios comunes de una oficina, por el contrario, el artífice en todo momento debe estudiar, investigar, crear y proyectar su labor. A ello sumemos la búsqueda constante de financiamiento para plasmar sus creaciones, lo que implica que regularmente se encuentra compitiendo para obtener las becas y los estímulos que otorgan las instituciones culturales públicas, y una vez que estas iniciativas concluyen, deben volver a concebir nuevas fórmulas de auspicios.
A nuestro juicio, es evidente que los concursos tienen un componente nocivo, porque originan comportamientos que conspiran con las acciones solidarias que deberían suscitar estas instancias. La observación empírica nos confirma que los lazos de solidaridad entre los productores culturales, fuera de su círculo fraterno, son débiles y adversas.
Dentro de este colectivo, es posible que los únicos favorecidos resulten ser aquellos que logran ingresar a la administración pública, para ocupar un cargo directivo, con el pago de un sueldo atractivo, desvinculándose del quehacer creativo o manteniendo la actividad como una acción complementaria. No podemos soslayar que este tema tiene una arista que despierta cierta suspicacia, debido que existe el discernimiento que, en ciertas circunstancias, algunos individuos ocupan dichos empleos, eminentemente, por razones políticas, en lugar de sus méritos y capacidades de gestión; condiciones que solo pueden ser evaluadas mediante un concurso público. Este es un hecho que no podemos negar, pues ciertas responsabilidades públicas suelen servir de refugio para el clientelismo político de todas las tendencias.
En cuanto a las estrategias de sobrevivencia, podemos constatar que no poca gente debe hacer múltiples operaciones para autofinanciar sus gastos personales e invertir lo poco y nada en aquellas propuestas que atesoran con mucho amor y pasión en su alma creativa. Al punto que algunos conducen colectivos, venden todo tipo de mercancía, cuidan a niños y ancianos, animan fiestas, se transforman en modelos, hacen rutinas artísticas en los semáforos y todo cuanto imaginen para resolver sus necesidades inmediatas.
Está claro que tratar de cumplir, simultáneamente, varias actividades reducen los tiempos de descanso y esparcimiento, y atenta contra la convivencia familiar, produciendo una erosión de sus relaciones personales con sus amigos, parejas o hijos. En otro orden, a las mujeres no les es favorable tener descendencia, pues aquello pone en riesgo las posibilidades de trabajo, con todas las derivaciones económicas que esa situación conlleva. Por lo tanto, prefiere postergar la expectativa familiar, porque comprende que existe una vinculación estrecha entre la dimensión económica-laboral con su praxis cultural.
Suma y sigue. A los artistas escénicos independientes no se les paga los ensayos, sino que reciben su ingreso hasta que se estrena la obra y comienzan las funciones, por lo que pueden pasar meses sin percibir remuneración alguna, y ante tal situación los hacedores se tienen que “reinventar” efectuando otras prácticas laborales.
Asimismo, las instituciones encargadas de velar por la protección y el desarrollo de las actividades culturales, llámense municipalidades, universidades, colegios, Gobierno Regional, generalmente, no destinan fondos para el fomento y el sostenimiento de programas y equipos de trabajo. Si bien, tienen algunas unidades y departamentos para cumplir con ese propósito, no obstante, no están en condiciones de respaldar proyectos mayores, así como: la fundación de Escuelas Superiores de Artes, Centro de Talentos Artísticos, Escuela de Teatro, Talleres Artísticos Poblacionales, Programas de Intervención Artística-Cultural Vecinal, Programas Artísticos para Adultos Mayores, Centro de producción y venta artesanal, Ferias permanentes de libros, Programas de Extensión a otras regiones, Programa de Extensión a localidades rurales, Programas permanentes para niños y niñas. Tampoco existe un plan estratégico de carácter regional que permita el concurso de las organizaciones de base, las entidades públicas y la comunidad artística.
Penosamente, han pasado diferentes gobiernos de turno, se han hecho varios diagnósticos y se han dado discursos de buena crianza, pero el paradigma no ha cambiado, se sigue con la política de subsidio. Es más, los organismos gubernamentales no cuentan en su planta estable con profesionales del arte; tampoco existe la decisión política de implementar líneas de trabajo con el concurso de especialistas.
¿Cómo las instituciones públicas promueven el arte y la cultura? Habitualmente, después de pasar por muchos filtros administrativos, se pacta con algún maestro o maestra para que preste servicio en un programa con un tiempo definido y con un elenco que, mayoritariamente, trabaja ad horem o con una mínima ayuda económica. En cambio, cuando hay eventos organizados por la autoridad o campañas políticas, ahí sí recurren a los artistas para que animen sus afanes particulares. En otras oportunidades, las empresas y los organismos fiscales contratan a productoras, quienes ganan millonarias propuestas, con el fin de presentar a distintos artistas capitalinos, sin dejar, aparte del show, ningún otro beneficio para la región.
Como vemos, el relato sugiere cambios profundos en las políticas del sector. En esa línea, algunos depositan la confianza en la elaboración de la nueva Carta Magna, la que considere a las artes y las culturas como un derecho ciudadano ineludible.
De acuerdo con nuestro criterio, creemos que es preciso incorporar algunos cambios institucionales relacionados con las transformaciones de leyes y normas que regulan a la actual organización cultural, por otras que proponga la ciudadanía organizada, como rectora de una política de perfil democrático y participativo.
En esencia, planteamos que la cultura debe constituirse en el polo, en la palanca del desarrollo social, vinculada con las otras políticas sociales que procuran el desarrollo sostenible del país. Igualmente, es perentorio dejar atrás la burocratización e inaccesibilidad de los circuitos culturales. A última hora, se debe resolver con acciones concretas la carencia de redes de producción y distribución de los artefactos artísticos, con el objeto de posibilitar mayores fuentes laborales e ingresos económicos para los artistas.
Hemos urdido una extensa deliberación con la intención de develar, conforme a nuestra hipótesis, las causas que origina la condición de fragilidad y los niveles de precarización y empobrecimiento en este ámbito profesional. En términos objetivos, como ya hemos dicho, el detrimento del mundo artístico nacional resulta ser una consecuencia de los modelos sociales y culturales implantados en Chile por diversos gobiernos dictatoriales y democráticos.
Sabemos que la tarea no es fácil, considerando que la cultura aún no es vista como una prioridad a la hora de asignar fondos; con todo, debemos interpelar al mundo político para que se refuercen los valores de equidad e inclusión con el fin de dar voz a una comunidad que a veces se moviliza entre las aguas del “quietismo” y la farándula, alimentada, naturalmente, por las elites sociales que detentan el poder político y económico del país.Para concluir, deseo bosquejar algunas claves, las que podrían revitalizar al sector artístico-cultural nacional. A ese tenor, proponemos lo siguiente:
1.- Erigir una arquitectura cultural que tenga una concepción descentralizada, democrática y vinculante con los valores intrínsecos de la cultura (creatividad, conocimiento crítico, diversidad, memoria, ritualidad, etc).
2.- Democratizar la cultura, esto significa que todos los estamentos sociales (sindicatos, juntas de vecinos, agrupaciones sociales y culturales) tengan una representatividad de manera efectiva y real. Además, es vital que se ponga en valor, resignifique y proyecte la cultura y el arte más allá de los recintos propios de la estructura institucional cultural, creando nuevos productos y artefactos culturales en los mismos espacios donde “el hombre vive y trabaja”. En concreto, se debe instalar, en el seno de la misma comunidad, espacios de formación, creación y proyección, todo lo cual redunda, entre otras ventajas, en la creación de nuevas fuentes laborales.
3.- Invertir mayores recursos públicos en infraestructuras y obras artísticas-culturales, las cuales beneficien a toda la ciudadanía, sobre todo a los sectores sociales más postergados socialmente de la cultura (pobladores, niños, jóvenes y adultos mayores).
4.- Contar con asignaciones permanentes para aquellas organizaciones y creadores que tienen una dilatada, sistemática y relevante labor en la comunidad, como, asimismo, de los artistas emergentes.
5.- Implementar en este contexto, políticas públicas que resguarden las relaciones contractuales de los artistas y fomenten leyes sectoriales y derechos ciudadanos.
6.- Frente a la incertidumbre e inestabilidad laboral, sostenemos que uno de los caminos a seguir es la acción mancomunada y solidaria del gremio, considerando que las tendencias actuales están orientadas hacia el fraccionamiento y la reducción de las prácticas. En ese sentido, es importante tomar en cuenta las experiencias sindicales y de organización colectiva, las cuales pueden constituirse en fuerzas sociales efectivas que respondan a los procesos de degradación y precarización profesional.
Colegimos que, si la cultura la consideramos como un eje fundamental del desarrollo social; en consecuencia, aquellos que se dedican profesionalmente a este quehacer merecen y necesitan niveles dignos de remuneraciones, protección social e implementación de políticas públicas en lo que atañe a la empleabilidad y a la subvención del Estado, todo lo cual permita el impulso sostenido de los hacedores y de los beneficiarios, pues, a todas luces, la cultura es un bien común y un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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[1] “El escenario del trabajo cultural en Chile” (2014), es un estudio organizado por el Proyecto Trama, que impulsa el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) junto al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), la Unión Europea y otras instituciones ligadas al rubro; que confirmó un hecho conocido por todos: los trabajadores dedicados a la cultura viven precariedad, desprotección social, y se ven afectados por insuficiencia de políticas públicas que colaboren en su formación y desarrollo. Algunos datos reveladores que podemos extraer de dicho informe, nos señalan que: un 88,3% no tiene contrato o boleta, versus el 9,6% que posee un contrato a plazo fijo, mientras que un 56,6% de los trabajadores lo hace de forma independiente o por cuenta propia. A su vez, entre el 45% y el 50% de los trabajadores de la cultura se dedican exclusivamente a su labor artística y logran mantenerse con ella.