Acuerdo de Escazú , que busca ampliar derechos ambientales, fue aprobado transversalmente por amplia mayoría en la Cámara Baja

La tarde de este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados con 105 votos a favor, el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América latina y el Caribe. E

El tratado internacional fue respaldado transversalmente a excepción de parlamentarios republicanos y algunos parlamentarios UDI y RN que rechazaron el proyecto que busca ampliar derechos ambientales.

La discusión del Acuerdo de Escazú, se conoció –y fue aprobado– en las comisiones de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y también, en la comisión de Ciencias y Tecnología, presidida por el diputado comunista, Matías Ramírez, quien logró el acuerdo de la sala para poder conocer el tratado internacional.

Entre los objetivos del Acuerdo Regional se encuentra el garantizar los  derechos  de  acceso  a  la  información  ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la justicia en asuntos ambientales. Lo  anterior,  con  el  fin  de  contribuir  “a  la  protección  del  derecho  de cada  persona,  de  las  generaciones  presentes  y  futuras,  a  vivir  en  un  medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, señala el informe de la Cámara Baja.

El diputado Matías Ramírez señaló que “el Acuerdo de Escazú viene a cubrir muchas falencias que existen en la legislación actual en materia ambiental, por eso hoy votamos a favor”.

Además el parlamentario manifestó en sala que “existe toda nuestra disposición desde la presidencia de Comisión de Ciencias y Tecnología, para seguir avanzando en la construcción de una de base pública de información, que permita a las comunidades acceder de manera transparente a los antecedentes”.

Ahora, el proyecto pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado, instancia que el Acuerdo de Escazú deberá ser revisado por las respectivas comisiones y posteriormente votado en sala, para su acuerdo en general y eventualmente, ser despachado a ley. Cabe destacar que en la actualidad, Chile es un país miembro como observadores.