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Hugo Gutiérrez Gálvez, Diputado de la República En tres artículos anteriores he esbozado las cuestiones que, a mi juicio, resultan fundamentales para el análisis... Nueva Constitución: Deliberaciones mínimas para un decálogo popular

Hugo Gutiérrez Gálvez, Diputado de la República

En tres artículos anteriores he esbozado las cuestiones que, a mi juicio, resultan fundamentales para el análisis del actual momento político. En el primero (1), expuse la postura política de la derecha ante el actual escenario y la necesidad de movilizar la fuerza del pueblo de Chile para superar un sistema político e institucional. En el segundo (2), he señalado que la movilización en contra de un modelo económico y político desigual y excluyente logró un avance cualitativo en la comprensión del problema que subyace a sus demandas; situación que llevó a que la élite política se abriera a una nueva Constitución. En el último (3), doy cuenta que el presidencialismo político, tal cual como está en la Constitución del dictador, es solamente una de las tantas manifestaciones detrás de la instalación de la democracia restringida y de la economía en favor de la concentración de la riqueza.

Para el establecimiento de un orden justo, la Nueva Constitución deberá tender a corregir la asimetría de poder y capacidad de negociación entre los distintos miembros y clases de la sociedad. La democratización política, económica y social es lo único que puede redibujar el escenario de relaciones entre una gran mayoría social y un grupo de individuos cuyo recurso permanente ha sido la extorsión al poder político mediante las estructuras de su poder fáctico. Para que el camino iniciado hacia una nueva Constitución resulte en un proceso verdaderamente beneficioso para las mayorías, garante de derechos, debe derivar en forma de cambios profundos en sus órganos y mecanismos de decisión, en la superestructura política y jurídica del país.

El potencial transformador de la Nueva Constitución estará determinado por el tipo y profundidad de la intervención política del pueblo, la que dependerá de su estado de movilización, deliberación, organización e incidencia en los espacios de la sociedad. Se busca que la ciudadanía y las organizaciones sociales debatan y deliberen más allá de la sola mención de un catálogo de derechos y se atrevan a cuestionar y proponer en torno a la estructura general del Estado, sus órganos y mecanismos. La situación que actualmente enfrentamos nos compele a difundir y explicitar los contenidos imprescindibles para que una Nueva Constitución ofrezca un orden jurídico político que garantice la construcción de un verdadero proceso de reordenamiento económico más justo, igualitario y próspero. Brindando así, respuestas a las expectativas reclamadas el 18-O. En caso contrario, el proceso de transición a una sociedad más justa será de alto riesgo, cuyas garantías y derechos estarán, por una parte, bajo la constante amenaza de las instituciones del viejo Estado y, por otra, bajo el asedio popular, debido al incumplimiento de las expectativas populares.

El futuro contrato social y el nuevo Estado de justicia social que tendremos la oportunidad de construir durante este proceso constitucional, debería componerse de cuatro pilares orientadores y conducentes a salvaguardar las expectativas y esperanza de un Chile más justo, solidario y democrático: a) garantía de derechos económicos, sociales y culturales; b) reconocimiento del estatus primordial de la soberanía popular como fundamento del orden estatal; c) restitución de empresas públicas y riquezas nacionales enajenadas y mal habidas en manos de particulares durante la dictadura militar, con la finalidad de generar capacidad para poner en funcionamiento un nuevo orden económico, y d) valoración de la democracia participativa como cimiento del orden político para la deliberación y legitimidad del proceso de cambio.

Para avanzar en la discusión presento diez propuestas que constituyen un piso mínimo a considerar en la próxima Constitución, para asegurar un proceso democrático, popular y transformador:

1. República democrática y participativa, que reconozca la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas sin distinción ni discriminación alguna.

2. Régimen semipresidencial. El Presidente (Jefe de Estado) designa un Primer Ministro (Jefe de Gobierno), quien deberá contar con la aprobación de la mayoría simple del Poder Legislativo. Permite abrir el diálogo cuando no se tiene la plena mayoría y democratiza la gestión y responsabilidad del gobierno ante la instancia de soberanía popular que es el poder legislativo.

3. El carácter del Estado debe ser de Soberanía Popular y Justicia Social, Independiente, Regional, Plurinacional, Intercultural y Descentralizado. Reconocimiento del pluralismo político, económico, cultural, lingüístico y religioso. Revocabilidad del mandato de autoridades electas e iniciativas populares de ley y de plebiscitos.
La Soberanía solo reconocerá como límites los derechos que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran incorporados en los tratados internacionales de la misma materia aprobados por Chile.

4. Cuatro Poderes públicos independientes y articulados: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Legitimación de las decisiones mediante la limitación de los poderes y freno a eventuales voluntades autoritarias. Se incorpora el Poder Electoral porque al ser la democracia participativa un componente creador y orientador del Estado, la voluntad popular debe tener un rango superior.

5. Asamblea Legislativa Plurinacional y Paritaria. Eliminación de la Cámara de Diputados y del Senado. Fundar un órgano de representación plural que realice la voluntad popular y la representación de los pueblos, cuya misión sea legislar soluciones concretas y beneficiosas para el país y sus habitantes.

6. Democratización del Poder Judicial. Elección popular de jueces, fiscales y defensores de manera independiente a los partidos políticos. La Soberanía Popular debe ser aplicada directamente a los integrantes del sistema de justicia para evitar el saqueo y rapto de justicia.

7. Nueva institucionalidad de defensa efectiva de la legalidad, los derechos humanos y el interés público. Autonomía del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y de la Contraloría General. Creación de la Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza.

8. Economía Plural y Mixta. Reconocimiento de diferentes formas de organización económica y propiedad: estatal, social, comunitaria y privada. Todas regidas por los objetivos de Buen Crecimiento, Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible.

9. Fuerzas armadas y policiales para la democracia: modernización, profesionalización, especialización y protección de la soberanía popular. Fuerzas Armadas bajo los principios de obediencia, no deliberación, subordinación al poder civil y a la Constitución. Nueva Institucionalidad en Seguridad Pública: una Policía Nacional que supere a Carabineros de Chile, una Policía de Investigaciones, una Guardia Marítima Costera y un Cuerpo de Aduanas y Fronteras.

10. Un Banco Central que responda a los objetivos democráticos de la representación y la soberanía popular, que atienda la demanda de crecimiento económico, pleno empleo y sea garantizador de condiciones de estabilidad y justicia económica.

A 50 años del triunfo de la Unidad Popular, ¡Viva Chile! ¡Vivan los Pueblos! ¡Vivan los trabajadores y trabajadoras!

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