¡Y va a caer!… la obra pinochetista y de Jaime Guzmán

Hugo Gutiérrez Gálvez, Diputado de la República

El 18 de octubre marca el comienzo de un momento histórico en el desarrollo político de nuestro país, el pueblo movilizado por sus justas demandas provocó una tremenda crisis en el modelo político y social. La causa es una oligarquía que abusó de su propio modelo, pensando que sus atropellos no tendrían límites: la extrema explotación de los trabajadores, la expoliación de nuestros recursos, la agresión al entorno y medio ambiente de las comunidades, la represión como recurso político, la propagación de la corrupción; ha provocado tanta indignación que ella se extendió a rechazar a la democracia tutelada.

Las mayorías nacionales han perdido toda confianza en la institucionalidad y dan la espalda al sistema político. La protesta social logró fusionar dos dimensiones que la elite política trató de mantener separadas; la primera es que las condiciones de vida de la población en salarios, pensiones, salud, educación, calidad del medio ambiente, entre otras, está profundamente ligadas a una segunda, el sistema político institucional heredado de la dictadura.

A partir de ahí la solución a la crisis política empezó a ser desentrañada: cambiar la Constitución que nos rige, ya no sólo por su origen ilegítimo -legado pinochetista-, sino porque hoy es el freno para el bienestar de la población. Se instala entonces el dilema mayor en nuestro país, elaborar una Constitución acorde a las necesidades de desarrollo político y social en el Chile de este tiempo, que garantice los derechos fundamentales para la vida y calidad de vida de chilenas y chilenos, pero también que avale la soberanía del pueblo en las decisiones políticas relevantes.

El estallido social puso en evidencia las desigualdades e injusticias que se viven a diario en Chile y tuvo como centro un catálogo de exigencias de derechos sociales, económicos y culturales, que será parte de la agenda que tiene que instalarse en una nueva Constitución, pero junto a ello estará presente el deber de deconstruir todas las estructuras de poder que fueron el sustento de las represión política e iniquidades sociales.

Es por ello que las FFAA, Congreso Nacional, Poder Económico, Poder Mediático, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Banco Central y, uno de los principales poderes del Estado, el Poder Ejecutivo que con la presencia de Piñera se ha desprestigiado y se ha mostrado como incapaz para resolver los problemas del país, deben ser replanteados en una fórmula que permita el ejercicio a cabalidad del poder soberano del pueblo en un Estado democrático.

Es preciso plantearse terminar con el sistema presidencial, signo de autoritarismo y centralismo en el modo de gobierno y abrir espacio a un régimen político que permita una democracia representativa, pero también participativa y efectivamente descentralizada.

La dictadura en sus tiempos se jactaba que inauguraba un régimen político donde el orden era central, pues proveía estabilidad en el país. El diseño institucional presidencialista tuvo ese carácter autoritario y centralista, preciso para inaugurar la época de un neoliberalismo brutal. Sin embargo, en épocas de aire democrático, cuando los ciudadanos pueden expresarse con libertad y manifestar su descontento, queda en evidencia cómo este modelo político demuestra su fracaso para dar gobernabilidad al país. Las debilidades y déficit democráticos del presidencialismo, como muestra la situación política del país, tienden a agudizar las crisis políticas, principalmente porque no existen mecanismos democráticos que den salida a conflictos de gran calado, como el que vivimos actualmente.

La lógica autoritaria tiende a reforzarse en el sistema presidencialista, es parte de su esencia. Es decir, cualquier abordaje de las crisis políticas, estimula el uso de la fuerza de la represión para poner atajo a aquellas demandas que el modelo no está dispuesto a conceder. El ADN aún no evolucionado de la derecha política y las elites así lo prueban, es notable y no sorprende la evolución ultraderechista del gobierno de Piñera, con la UDI tomando el control del ejecutivo. Parece una provocación ante un país que demanda cambios, no es que ignoren la dimensión de la crisis, sino que buscan el camino de la fuerza y la imposición, pues no contemplan negociar democráticamente. En resumen, nos queda el triste espectáculo de un presidente prisionero de su mandato, gobernando sólo y a espaldas del país. Hemos tenido el peor gobierno de la historia y el pueblo sin herramientas democráticas para terminar con la situación.

Es parte del espíritu del presidencialismo no distribuir el poder, por ello tiende a acaparar atribuciones políticas que dañan el equilibrio de poderes y un desarrollo institucional plenamente democrático. En Chile el Presidente marca y limita la agenda legislativa, no sólo tiene poder de veto -rechazando aquello que no encuentra pertinente-, sino además decide e impone la urgencia de los proyectos de ley. En la práctica se degrada el rol del parlamento convirtiéndolo en buzón de recepción de las iniciativas del gobierno; en latencia, a la espera de proyectos emanados del ejecutivo; y a veces usando su margen para legislar leyes que rayan la trivialidad, como fue en su tiempo nombrando el “Día de…”. Sin duda que ello ha precarizado y banalizado la función del parlamento, lo que unido a las prácticas de corrupción ha provocado también un desprestigio de esta institución.

El presidencialismo es contrario a la distribución del poder en la ciudadanía y a descentralizar la toma de decisiones, son esas vías las que hacen a las personas corresponsables en la base social de la convivencia y de las políticas públicas que afectan el desarrollo del país. Este sistema presidencialista no considera e inhibe mecanismos de control ciudadano y revocatorio de los representantes cuando estos han defraudado su deber, compromiso, responsabilidad y obligaciones con las que fueron elegidos. En tiempos que la mayoría nacional reclama cambios en las instituciones políticas y de todo orden, que afectan la vida social, se hace fundamental dejar atrás el sistema presidencial y pasar a uno que garantice una democracia de mayorías, participativa y sin tutelaje.