Caso luminarias Iquique: Todos los imputados quedaron con arresto domiciliario total y ampliación a un año para investigar

La única imputada mujer D.V.B. deberá pagar una fianza para que se materializa el cambio de la medida cautelar deberá pagar un millón de pesos. También es la única que no reconoce los cargos que se le imputan, a diferencia de los otros imputados.

En audiencia reservada, a la que no tuvo acceso la prensa, pese a que en un primer momento se le informó que podías seguir la sesión, el Juzgado de Garantía de Iquique acogió este lunes 14 de septiembre, la solicitud de las defensas y revocó la medida cautelar de prisión preventiva de los concejales G.C.V., M.C.T. y A.L.V.. Todos ellos imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de cohecho reiterado, lavado de dinero y fraude al fisco en el marco del denominado caso recambio de luminarias led. Ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 2018.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, la magistrada Verónica Opazo Miranda  mutó la medida cautelar por la de arresto domiciliario total para los concejales, quienes cumplían prisión preventiva desde mayo pasado.

En la causa, la magistrada Opazo Miranda revocó también la prisión preventiva de los funcionarios municipales T.V.F. y D.V.B. –en este último caso previo pago de una caución de un millón pesos-, sindicados como autores de los delitos de violación de secreto, cohecho y fraude al fisco; y del ex seremi J.V.P., imputado como autor de los delitos de soborno reiterado y fraude al fisco, quedando todos con arresto domiciliario total.

Cabe recordar que el concejal F.A.L, tiene arresto domiciliario total desde el inicio de la investigación, en consideración que colaboró con la causa.

La magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público y amplió en 12 meses el plazo para el cierre de la investigación por las irregularidades en el proceso de licitación de recambio de luminarias led del alumbrado público de la comuna.

Según el ente persecutor, una investigación iniciada en 2018, permitió detectar que los concejales y los funcionarios municipales habrían aceptado, a cambio de un beneficio económico, entregar a empresas que participaban en la licitación de recambio de luminarias públicas en la ciudad, acceder a información de la etapa previa de elaboración de las bases, incluso proponer montos para las ofertas más elevadas, lo que les permitiría asegurar beneficio económico y la adjudicación final de la licitación. En dicho contexto, J.V.P. habría actuado como intermediario local de dichas empresas para proceder al pago del soborno comprometido.

FISCAL GUERRERO

 El fiscal a cargo del caso Gonzalo Guerrero indicó que, si bien se mantiene la imputación por todos los delitos por los cuales se formalizó a los imputados y que se trata de hechos graves, la Fiscalía no se opuso al cambio de medida cautelar, ya que la prisión preventiva también se pidió en su momento por considerar que la libertad de los imputados podía entorpecer las principales diligencias de investigación, y éstas ya se encuentran realizadas en estos primeros cuatro meses.

 “Si a esto se suma que los imputados privados de libertad -salvó uno de ellos- han declarado y reconocidos los hechos por los cuales se les formalizó, estimamos que el arresto domiciliario total, con la prohibición expresa de comunicarse entre ellos y con otros funcionarios públicos, permite cumplir con los fines del procedimiento”, explicó el persecutor.

 En el caso de la funcionaria municipal D.V.B, confirmó que podrá optar por el arresto domiciliario total luego que pague una caución de un millón de pesos.

 Respecto a la solicitud de aumento de plazo, Guerrero indicó que aún faltan muchas diligencias que realizar, como es la extracción de la información de gran parte de los dispositivos incautados (de un total de 180, sólo se han revisado 50), el análisis de esa información extraída, los levantamiento de secretos bancarios, pericias contables y las transcripciones de las escuchas telefónicas, entre otras. “Considerando además la situación de pandemia, el trabajo de la policía se ha hecho más lento, por lo que requerimos necesariamente un año más para poder reunir las pruebas necesarias”.

ABOGADO RAMÍREZ

Para referirse al tema, el a bogado y concejal Matías Ramírez, a través de su porgrama «Concejalía Abierta», se refiere a este caso, donde expone sus dudas y analiza lo que está pasando en este caso.