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Que la obligación del general Guillermo Paiva es la de denunciar ante la justicia si tiene conocimiento de “manos negras”, respecto del desplazamiento de... Académica Romina Ramos: “Si el señor Paiva sabe de ´manos negras´ en el flujo de personas, debe hacer la denuncia al Ministerio Público”.

Que la obligación del general Guillermo Paiva es la de denunciar ante la justicia si tiene conocimiento de “manos negras”, respecto del desplazamiento de personas migrantes, señaló la  académica de la Universidad Arturo Prat, Dra. Romina Ramos Rodríguez, en referencia a las declaraciones del alto oficial, en un medio local. También manifestó su extrañeza que opine sobre políticas públicas, considerando que las FFAA son no deliberantes y están subordinadas al poder civil.

 Desgranando las declaraciones de Paiva, sostiene la académica de la UNAP que le llama la atención “la narrativa del general  porque es una similar percepción que ha puesto el gobierno sobre la mesa respecto a la aprobación de determinadas normativas en el proyecto de ley.  Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y están subordinadas al poder civil democráticamente electo”.

Por lo tanto y en esa línea, sostiene que el general jefe del Comando Conjunto “no pueden emitir opinión sobre políticas públicas o cualquier materia constitucional. De todos modos, invitamos al señor Paiva a informarse. En la universidad Arturo Prat existen numerosos estudios realizados con financiamiento público que le pueden iluminar sus juicios de valor”.

“LA MANO NEGRA”

Sin duda que levantar el concepto de “la mano negra”, para referirse al ingreso de migrantes, a lo que se refiere como “migración ilegal”, también llama la atención de la académica, porque reemplaza en voz coloquial y de manera metafórica, el tráfico ilícito de personas. Así le responde:

“Lo que menciona el general no es una “mano negra”. Eso se llama tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de explotación laboral. Estos son delitos que están regulados en la ley 20507 promulgada en 2011. Si el general tiene antecedentes de que hay redes de tráfico en ciertos sectores laborales, lo más prudente es que los ponga a disposición del Ministerio Público”.

Más aún, lejos de criminalizar a las personas que caen en esta redes, para Romina Ramos y basándose en los tratados internacionales, ellas son víctimas  “y por tanto, sujetas de protección del Estado. Así lo refleja dicha ley que en su artículo 78 bis indica que es labor del Ministerio Público adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de personas víctimas de este delito, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que les afecta”.

FLUJOS MIGRATORIOS

Otro tema que abordó la Dr. Ramos, es sobre los flujos migratorios, al que también se refiere el general Paiva.

“Respecto a los altos flujos migrantes, debemos analizar la situación desde una perspectiva integral. Los países en crisis económica, política o incluso afectada por desastres naturales, emigrarán, sin duda, a buscar territorios amigos que los puedan recibir”.

Entonces, los países, para promover una migración segura, ordenada y regular, deben, señala, “regularizar a las personas migrantes ya asentadas y promover mecanismos adecuados de integración, siempre respetando los derechos humanos y las convenciones ratificadas”.

Por el contrario, una medida de cierre de fronteras, no detiene la  migración; más bien “se precariza y se vulnera, como observamos cuando caen en bandas criminales”.

Señala por ejemplo que las políticas de Trump en estados Unidos, “han cerrado la frontera, pero, a contrapelo ostentan 11 millones de personas migrantes irregulares”. Por eso asegura que “cerrar la frontera no es el camino  y tampoco discursos criminalizadores. El camino es comprender que migrar es un derecho humano y que las personas migrantes aportan a nuestro desarrollo”.

LLAMADO

La destacada académica finalmente hizo un llamado, en el sentido de discutir el fenómeno migratorio “sobre la base de la evidencia y no de falsas presunciones”. Principalmente porque el gobierno “está utilizando la migración como un arma política en contra de las verdades, cuestión que nos parece inapropiado”.

El tema cobra mayor valor “sobre todo en un proceso constituyente que está abierto, donde chilenas/os y extranjeras/os tendremos la posibilidad de decidir qué Constitución queremos. Trazar el camino que abre este proceso democrático, desde la criminalización a ciertos grupos que consideran como una amenaza, no contribuye. Por el contrario, genera efectos negativos para la democracia y la dignidad que tanto hemos reclamado”, concluye.

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