Concejal Ramírez valora denuncia acogida por Fiscalía por delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al fisco
Crónicas 5 agosto, 2020 Edición Cero
Junto con valorar la investigación que inició el Ministerio Público en el caso de la compra de las cajas de alimentos realizadas por la Intendencia Regional de Tarapacá, el Concejal Matías Ramírez señaló que espera que se aclaren los hechos y se delimiten las responsabilidad, tanto de funcionarios públicos como de las empresas comprometidas. La denuncia fue acogida tras la presentación por los delitos de tráfico de influencias con negociación incompatible y fraude al Fisco, que realizó junto al Diputado Hugo Gutiérrez y el Consejero Pedro Cisternas.
“Esperamos que se determinen las responsabilidades de los funcionarios públicos y de las empresas para que no se siga jugando con los dineros públicos, lo que es una situación insostenible”, indicó el concejal, esperando que también se despeje la responsabilidad del intendente regional “que creemos tiene mucho que responder y que hasta la fecha ha guardado un silencio cómplice con las mismas irregularidades que la Contraloría ha detectado”.
TRATO DIRECTO Y MILLONARIA TRANSFERENCIA
Ramírez señaló que en el proceso que inició el Ministerio Público, debe aclararse le situación de trato directo, que permitió que dos empresas se adjudicaran la compra de cajas de víveres, para ayudar a las personas más necesitadas en medio de la pandemia, sin que estas empresas tuvieran el rubro correspondiente. “
En segundo lugar, también se pide en la denuncia, que se aclare los términos de la transferencia de fondos por mil 400 millones de pesos a la Asociación Cristiana de Jóvenes, YMCA, en consideración que el intendente estaba inhabilitado por haber sido presidente de esa Corporación. Y más grave aún, explica el concejal, el intendente suscribe el convenio de transferencias con su socio comercial, Juan Carlos Salgado Magna, con el cual tiene la Sociedad Comercial Quezada y Salgado Ltda.
LA DENUNCIA
En la denuncia presentada ante el Ministerio Públicco -y que puedes revisar al final de esta nota-, se proporciona todo el detalle y antecedentes de estas operaciones hoy cuestionadas. “maniobras realizadas por los funcionarios de la Intendencia Regional de Tarapacá y de su Intendente Miguel Ángel Quezada Torres estaban dirigidas a favorecer a empresas de su conveniencia y lograr la contratación de las mismas vía trato directo para la adquisición de las cajas de víveres para la emergencia sanitaria”, se señala en el escrito.
Además, detalla el escrito que sumada a todas las irregularidades referidas a los tratos directos realizados por la Intendencia Regional de Tarapacá, “se suma la transferencia de fondos públicos realizadas a la Asociación Cristiana de Jóvenes. El Intendente Regional de Tarapacá Miguel Ángel Quezada Torres presentó en los primeros días de junio al Consejo Regional dos solicitudes de instituciones sin fines de lucro con la finalidad de ejecutar los proyectos de adquisición de cajas de alimentos: la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá, por un monto de $246.144.000; y la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, por un monto de $946.200.000. Respecto de esta última, la Contraloría General de la República realiza dos reparos. Primero, en el ente fiscalizador logró acreditar que los fondos transferidos a la Asociación Cristiana de Jóvenes fueron utilizados para contratar a la empresa C & A Eventos, la misma empresa que de manera maliciosa logró la contratación con la Intendencia Regional aportando antecedentes falsos, utilizando a un tercero para lograr su cometido y en concierto con las autoridades y funcionarios públicos a cargo del proceso de compra”.
Para los denunciantes, además, los hechos descritos “configuran, a lo menos, el delito de tráfico de influencias, prescrito y sancionado en el artículo 240 bis del Código Penal. La norma sanciona al “empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en ésta para obtener una decisión favorable a sus intereses”. El delito de tráfico de influencias se encuentra íntimamente vinculado al delito de negociación incompatible, regulándose como una variante de esta figura “base” en el inciso segundo del artículo 240 bis del Código Penal”.
“Esta norma señala que comete tráfico de influencias, el empleado público que ejerce influencias en otro funcionario, con el objeto de beneficiar el interés de terceros relacionados con el funcionario público. La norma establece que “las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en los incisos tercero y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses”.
Además de las contravenciones graves a la probidad administrativa que se reprochan, nuestro código penal tipifica el delito de fraude al fisco en el en el artículo 239.
Denuncia MP cajas alimentos Tarapacá
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