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Finalmente la Intendencia Regional de Tarapacá y su jefe máximo,  Miguel Ángel Quezada, serán investigados en el llamado caso Caja de Alimentos, lo que... Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía investigará el caso de Cajas de Alimentos, tras denuncia contra intendente Miguel Ángel Quezada

Finalmente la Intendencia Regional de Tarapacá y su jefe máximo,  Miguel Ángel Quezada, serán investigados en el llamado caso Caja de Alimentos, lo que ocurrió tras una denuncia interpuesta por el diputado Hugo Gutiérrez, el consejero regional Pedro Cisternas y el concejal Matías Ramírez, ante la  Fiscalía de Tarapacá. El órgano persecutor debió iniciar una investigación por hechos que podrían revestir caracteres de delitos, en torno a la adquisición vía trato directo de cajas de alimentos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19; y , además, los traspasos realizados a instituciones privadas para el cumplimiento de estos mismos fines.

Recordemos que la denuncia la realizaron antes, las tres autoridades, lo que derivó en un contundente dictámen de la Contraloría Regional, que declaró ilegales los contratos que suscribió la intendencia regional para la compra de cajas de alimentos -medida social que ayudaría a las familias en plena pandemia-, y que hoy están en cuestionamiento.

FISCAL

Sobre el inicio de la investigación el Fiscal Regional, Raúl Arancibia señaló que ante la gravedad de la denuncia “decidí que fuera la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de esta Fiscalía Regional la que asumiera la investigación, y en específico será el fiscal Juan Zepeda quien la estará liderando”.

Añaddió que el Fiscal Zepeda “junto a un equipo de la Policía de Investigaciones, deberán esclarecer si existen o no delitos en los hechos denunciados y quiénes podrían haber participado”.

Los hechos que se investigan dicen relación con la adquisición vía trato directo de 23 mil 113 cajas de alimentos dada la emergencia sanitaria, por un valor que supera los 1.190 millones de pesos; y la transferencia de más $946 millones a una institución sin fines de lucro, con la finalidad de ejecutar los proyectos de adquisición de canastas básicas de alimentos no perecibles y útiles de aseo, los cuales podrías constituir los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

 

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