Concejal Ramírez anuncia querella contra Intendente y particulares, luego que contratos de alimentos fueran declarados ilegales

Concejal Matías Ramírez señala qur acción judicial será por Tráfico de influencia, negociación incompatible y eventual fraude al Fisco. (Ver video)

 Luego que se conociera el pronunciamiento de la Contraloría Regional, que declaró ilegales los contratos que suscribió la intendencia regional para la compra de cajas de alimentos -medida social que ayudaría a las familias en plena pandemia-, el Concejal Matías Ramírez, que junto al Diputado Hugo Gutiérrez y el Consejero Pedro Cisternas, anuncia que ahora presentarán una querella contra el Intendente Miguel Ángel Quezada y las empresas involucradas.

De hecho, hay que destacar que si la Contraloría llegó al convencimiento de la ilegalidad de los contratos, fue gracias a la denuncia que en su momento presentaron las tres autoridades señaladas. Y como se acreditó la ilegalidad, lo que corresponde ahora es recurrir al Ministerio Público para que investigue y aplique las sanciones que correspondan.

Los delitos que se incorporan a la querella son los de tráfico de influencia, negociación incompatible y eventual fraude al Fisco, tanto contra el intendente como las empresas involucradas.

LOS DETALLES

Lo primero que establece la Contraloría es la situación tributaria de la empresa DID Sonido y Compañía SPA, que, al momento de la celebración del contrato, el 3 de junio,  mediante contrato directo del  Gobierno Regional, no tenía ningún giro asociado a la alimentación. El giro según se declaraba en Impuestos Internos era por rubros como, servicios de producción de
obras de teatro, conciertos, espectáculos; venta al por mayor de productos químicos; venta al por menor de aparatos eléctricos, textiles para el hogar; transporte de carga por carretera y otras actividades de servicios personales. Recién
el 16 de junio,  amplio su giro a “venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos”.

Otra de las irregularidades que detectó la Contraloría se refiere al contrato celebrado con Lorena Barrientos Ramírez, que, recordemos, fue quien declaró en redes sociales que «yo  presté el nombre». Y si bien, fue la proveedora seleccionada por la Intendencia ,  se verificó que en el lugar de acopio, el trabajo era desarrollado en términos operativos, la labor era desarrollada por Juan Carlos Ayala Brito y  Ximena Ciudad Varela, ambos propietarios de la empresa “Ciudad Eventos”.

Pero no sólo eso, sino que también, como en el caso anterior «Ciudad Evento»  amplió su giro a uno relacionado con el objeto del contrato, sólo el 16 de junio.

CONCEJAL MATÍAS RAMÍREZ

DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA