Despachan al Ejecutivo reforma constitucional que permite retirar fondos previsionales por pandemia

Prensa Cámara.- En una sesión que fue calificada por un amplio número de legisladoras y legisladores como “histórica”, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Ejecutivo el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de un 10% de los fondos acumulados de capitalización individual, iniciativa que tuvo su origen en tres mociones refundidas (boletines 13501, 13617 y 13627).

La propuesta, que de no ser vetada por el Presidente de la República o enviada a análisis al Tribunal Constitucional (TC) podría quedar en condiciones de ser promulgada como ley, fue abordada en la presente jornada a la luz de las modificaciones que efectuara el Senado al texto despachado por la Cámara en el primer trámite, las cuales fueron ratificadas por 116 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, cumpliendo con ello las exigencias de quórum constitucional definidos para el caso.

En particular, las enmiendas vienen a precisar la calidad de los fondos retirados, en orden a considerarlos extraordinariamente intangibles para todo efecto legal; ponen un límite de 365 días, después de publicada la reforma constitucional, para solicitar el retiro de fondos; y definen un procedimiento para efectuar el trámite.

Además, para despejar interpretaciones, especifica que se entenderá por afiliado al sistema privado de pensiones los cotizantes y los beneficiarios de una pensión; y consigna que la implementación del sistema no tendrá costo para los afiliados.

El primero en intervenir en el debate fue el diputado Matías Walker (DC), quien llamó a sus colegas en el Hemiciclo a replicar la votación del Senado y superar con creces el quórum exigido. Asimismo, pidió al Ejecutivo no avanzar en la línea del veto o del (TC) y le solicitó hacerse parte de este triunfo de la ciudadanía y de este reencuentro con las instituciones representativas democráticas. “Démosle una gran noticia a Chile”, sentenció.

Mario Desbordes (RN) estimó que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para hacer frente a la crisis, pero reconoció que esas acciones no han llegado ni llegarán cientos de miles de hogares hoy afectados y, para ello, citó diversos casos puntuales de personas que no han podido acceder a los beneficios fiscales y para quienes no existe otra alternativa que la que se presenta con este proyecto. “Estamos escuchando a la gente (…) Ojalá aprobemos esto y dejemos de pelear cuando la gente pide esto con desespero”, planteó.

Para Marcos Ilabaca (PS), esta iniciativa no es de una autoría única parlamentaria, sino que tiene un referente en los millones de chilenos que demandan por esta medida frente a promesas incumplidas del Gobierno y a acciones que no logran llevar a cabo a tiempo. Dijo que la invitación es que en la Cámara también se apruebe la propuesta con una amplia mayoría y que el Presidente Sebastián Piñera se ponga la mano en el corazón y asuma el liderazgo que le corresponde, evitando un trámite en el TC o vetando el proyecto.

Jaime Mulet (FRVS) observó que es un momento histórico y muy especial para quienes partieron impulsando esta iniciativa, a la que se fueron sumando otros sectores y que tuvo su fundamento en las demandas de la ciudadanía. Dijo que aspiran a seguir influyendo para hacer transformaciones que el país requiere. “Hoy hay un cambio al resintonizar con los intereses del pueblo y eso se llama democracia”, puntualizó.

Miguel Crispi (RD), en tanto, resaltó que se esté llegando al fin de la tramitación es un hito importante para este Parlamento, ya que se demuestra que puede jugar un rol activo, escuchando y respondiendo a la ciudadanía, “liderando en un momento donde hay un vacío”. “Este es el camino, tenemos que dejar que este Parlamento sea un buzón”, remarcó.

Para el diputado Alexis Sepúlveda (PR), no se entendería que, después de despejadas todas las amenazas que provinieron desde el Gobierno y los sectores económicos, no se sumen todos a dar una alternativa a las familias agobiadas de nuestro país por los efectos de la pandemia. Llamó al Ejecutivo a moderar el tono y planteó que, en un nuevo próximo Gobierno, se avanzará hacia un nuevo y mejor sistema de pensiones.

La diputada Camila Vallejo (PC) criticó que nadie de los que hoy se opone a esta propuesta dijo nada cuando las AFP perdieron millones de pesos de los fondos de los trabajadores por malas inversiones. Asimismo, agradeció el contundente respaldo ciudadano que ha permitido dar fuerza a este trámite, que busca restituir un derecho de propiedad de los trabajadores, y resaltó la necesidad de seguir avanzando en otras iniciativas como un nuevo sistema previsional.

Tomás Hirsch (IND) sostuvo que al aprobar este proyecto se está defendiendo las demandas de los trabajadores y no de los que detentan el poder económico. Afirmó que miles de familias estuvieron meses esperando por una ayuda que no llegó y recalcó que el espíritu que ha primado en el Congreso en torno a este proyecto demuestra que es posible darles una respuesta. Además, como otros legisladores, llamó al Gobierno a no bloquear la medida.

En una posición marcadamente contraria, el diputado Patricio Melero (UDI) estimó que la reforma en trámite era un retroceso en materia de pensiones, una injusticia social y un deterioro de la institucionalidad. Sostuvo que la medida implica un impacto fiscal de 6 mil millones de dólares que, además, va a perjudicar a los futuros pensionados, aparte de ser una opción muy inferior a la alternativa que entrega el Ejecutivo por medio de transferencias directas y crédito.

En una línea similar al anterior, Andrés Molina (Evópoli) consideró que, de a poco, el Gobierno ha ido respondiendo a la emergencia, tanto sanitaria como económica, y resaltó que es necesario considerar que aún no se sabe cuánto más durará. Alertó que habrá 3 millones de personas que no podrán sacar siquiera un millón de pesos y que echarán mano del 100% de sus ahorros previsionales. Apeló a apoyar la propuesta del Gobierno y llamó a las personas a cuidar de sus ahorros, al tiempo que criticó que se quiera vulnerar atribuciones del Ejecutivo por la vía de reformas constitucionales.

Para Loreto Carvajal (PPD), la medida viene a apoyar a millones de chilenos y chilenas que quedaron en el abandono respecto de la actual crisis y que han tenido que enfrentar la situación con ollas comunes y la solidaridad social. “Este Congreso será capaz de dar una respuesta al país. Apruebo el retiro de los fondos porque es una respuesta para los chilenos y chilenas”, enfatizó.

Gael Yeomans (PCS), en tanto, consideró que la propuesta implica volver a creer en la democracia, al representar un sistema a disposición de la gente sin letra chica, sin trampas. Lamentó que no haya quedado en el texto la constitución de un Fondo Solidario para restituir en el futuro los recursos, pero se manifestó conforme con este es un primer paso para cambiar el sistema de pensiones, al tiempo que alertó al Ejecutivo que pretender cambiar el resultado sería más que una provocación a la gente.

¿Cómo queda finalmente la normativa?

El proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados de capitalización individual cumplió su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, por ser objeto de modificaciones en el Senado. Con su aprobación, la iniciativa quedó en condiciones de ser enviada al Ejecutivo, en donde el Presidente Sebastián Piñera pueda optar por vetar la propuesta, enviarla al Tribunal Constitucional o publicarla como ley de la República.

¿Cómo surge la propuesta?

El retiro de fondos de las AFP es una iniciativa -originada en tres mociones presentadas por las y los diputados– que surgió con el fin de establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.

 ¿Qué propone?

La idea central de la reforma propone que, excepcionalmente, se autorice a los afiliados del sistema privado de pensiones, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10% de los ahorros previsionales acumulados en su cuenta de AFP.

Para ello, se establece que el monto mínimo a retirar será de 35 UF (1 millón de pesos) y el monto máximo será equivalente a 150 UF (4,3 millones de pesos aproximadamente).

En el caso de que el 10% corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.

 ¿A quienes aplica la norma?

A los afiliados del sistema privado de pensiones, incluidas aquellas personas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia.

¿Cómo se realizará el retiro de los ahorros?

Se permitirá retirar los ahorros en dos cuotas:

-La primera entrega será del 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles, luego de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente.

-La segunda entrega será del 50% restante en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.

¿Cuál es el plazo para el retiro del 10% de los fondos?

El retiro excepcional de los fondos podrá realizarse en un plazo de 365 días desde publicada la ley, independiente de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe.

¿A través de qué medios puedo solicitar el retiro los fondos?

Los afiliados podrán solicitar el retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial, dispuesto por las AFP.

¿A dónde pueden transferirse dichos fondos?

Los fondos se transferirán automáticamente a la Cuenta 2 de la AFP o a una cuenta bancaria del afiliado, sin costo alguno para él. El pago será de hasta dos cuotas de máximo 75 UF cada una.

¿Las AFP cobrarán comisiones por el retiro de los fondos?

Los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.

¿El monto que se retire tendrá descuentos legales?

Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa.

¿Cómo se fiscalizará la ley?

Las AFP deberán enviar a la Superintendencia de Pensiones todos los antecedentes del cumplimiento de las medidas y al Banco Central, cuando corresponda. La fiscalización y sanción de las obligaciones de las AFP le corresponderá a la autoridad competente.