CORE acoge solicitud del Colegio de Periodistas y acuerda “voto político” para anteponerse a despidos arbitrarios de funcionarios públicos
Crónicas 10 octubre, 2019 Edición Cero
Como una señal clara de apoyo en defensa de la función pública, calificó el Consejo Regional Iquique del Colegio de Periodistas la decisión del Consejo Regional de Tarapacá, CORE, de aprobar un “voto político” para defender a los periodistas de los servicios públicos, al igual que al resto de los funcionarios públicos, ante las desvinculaciones arbitrarias que podrían producirse al concluir el año. Y de este modo, evitar que ocurran desvinculaciones arbitrarias como acontecieron en el 2018, en la región.
La solicitud, que fue presentada por el gremio, fue aprobada por 11 votos en la sesión plenaria del Consejo Regional del pasado martes, (los otros 3 consejeros estaban fuera de la Sala) definiendo así un respaldo a la dignidad de la función pública y estabilidad laboral de los trabajadores fiscales, especialmente, porque en noviembre próximo se definen si se renuevan o no las contratas de los funcionarios de los distintos servicios públicos.
Para Domingo Olivares, presidente regional del gremio de los periodistas, lo importante del voto político aprobado por el Core “es un paso adelante respecto de resguardar los derechos de los trabajadores, principalmente, porque durante el 2018 fueron despedidos injustificadamente 15 periodistas de organismos públicos, mientras que otros tres debieron renunciar por hostigamientos y maltrato laboral”.
Añadió que esa práctica es insostenible, sobre todo, “porque se pasaron a llevar los dictámenes de la Contraloría General de la República, provocando menoscabo a los trabajadores y, al mismo tiempo, generando una mayor precarización laboral. Es por ello por lo que agradecemos a los consejeros regionales que apoyaron de manera transversal, nuestra solicitud para terminar con estas malas prácticas”, acotó Domingo Olivares.
Al respecto, acotó que como gremio también están trabajando en conjunto con la Anef, para evitar que este año se produzcan casos de arbitrariedad por parte de las autoridades.
Concluyó que “lo que nos parece trascendental es que, al momento que la autoridad respectiva tome decisiones, se consideren los dictámenes Nº 22.766 y 23.518 de la Contraloría General de la República que establece jurisprudencia sobre el personal a contrata, la renovación de ésta, requisitos y el acto administrativo que procede, considerando la “confianza legítima” que aplica a todos los trabajadores del Estado. Esto es que, tras dos renovaciones a lo menos de la contrata de funcionarias y funcionarios, se establece que están bajo el amparo del principio de confianza legítima y, por lo tanto, de no existir razones fundadas, no pueden ser apartados de la función pública”.
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