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Las declaraciones del Fiscal Regional Raúl Arancibia, en el sentido que pide a la ciudadanía que proporciones registro de ataques durante las manifestaciones, generaron... Actores sociales y políticos coinciden en que Fiscal Raúl Arancibia debe poner el foco en los delitos de vulneración a los derechos humanos

Las declaraciones del Fiscal Regional Raúl Arancibia, en el sentido que pide a la ciudadanía que proporciones registro de ataques durante las manifestaciones, generaron reacciones. Principalmente, porque lo que se espera, es que ponga énfasis en materia de derechos humanos y las violaciones que ocurren en contra de las personas, por parte de agentes del Estado.

Ya la semana pasada la Fiscalía había llamado a entregar fotos e imágenes, refiriéndose sólo robos, saqueos, intentos incendiarios o cualquier acto delictivo en el contexto del estado de emergencia que teníamos en ese momento. Sólo cuando se le hizo ver que no llamaba  también a entregar  evidencias gráficas y denuncias en materia de atropello a los derechos humanos, rectificó.

En todo caso, la producción del flayer es centralizado y no de la Fiscalía Iquique. En esta ocasión, el llamado del Fiscal, incorpora también los delitos relativos a la vulneración a los derechos humanos, pero no resaltándolo en primer lugar.

REACCIONES

Pedro Cisternas, Consejero Regional, señaló al respecto que le parecía “hay un despropósito en las declaraciones del Fiscal Regional, en cuanto hace hincapié en saqueos y hurtos que no sean producido en las movilizaciones de los últimos 13 días”.

Estima el CORE, que “lo que si se ha producido, y debiera ser el Foco de la preocupación del fiscal, son los innumerables atropellos a los derechos humanos de los manifestantes con graves consecuencias y que ha sido denunciados por los abogados en el Ministerio Público.

Recordó Cisternas que en el hospital El Salvador de Santiago “están internados jóvenes de Iquique y Alto Hospicio que han perdido la visión por causa de disparos de armas de carabineros”, hechos ocurridos en nuestra Región.

Camila Castillo abogada, Directora de Abofem (Asociación de Abogadas feministas), que realiza en forma voluntaria, atención a víctimas de derechos humanos,  precisó que la obligación de la Fiscalía es investigar cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito”.

Y que, frente a las declaraciones del Fiscal Regional “esperamos que con la misma fuerza que se está persiguiendo los delitos contra la propiedad, se persigan los delitos contra los derechos humanos que están sufriendo las personas, para lo que debemos facilitar los procesos de denuncia, que sabemos que muchas veces no se hace por la desconfianza que existe en los órganos de justicia”.

Héctor Marín, dirigente histórico de la AFEPI que agrupa a familiares de ejecutados y desaparecidos, coincidió en que la Fiscalía y la justicia deben de actuar con responsabilidad y de acuerdo con el mandato que la ley le otorga. Incluso, tal como lo anunció el mismo Fiscal, contando con el apoyo de Ia PDI

“Con respecto a las denuncias por violaciones a los derechos humanos -dijo-, tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH-Tarapacá, que vela por ellos y nos dan confianza y credibilidad”.

Sugiere que la Fiscalía “debiera periciar los videos dónde claramente hay infiltrados en las marchas, y aclarar a la ciudadanía de dónde provienen”, además que “sabemos que para justificar la represión se recurre a los montajes, ejemplos hay muchos”.

La Psicóloga y militante del Frente Amplio, Lucila  Pizarro estimó que aunque cree pueda ser una petición bien intencionada “no es correcto que una instancia del Ministerio Público le pida a la ciudadanía que les de información para poder procesar personas, cuando en estos días hemos visto la violencia desatada contra la ciudadanía, y violación de derechos humanos por parte de instituciones del Estado”.

A su juicio, y desde un análisis político, piensa que “es no entender nada de lo que ha vivido este país por décadas y que hoy decidió no aceptar más este modelo”. Mientras que en su calidad profesional constata que “la ciudadanía está muy afectada ya, y esta petición la somete a mayor presión y estrés injustamente”.

El abogado Leonardo Escares, que conforma la Agrupación Transversal de Abogados, ATA, que surge en estos días de convulsión, para atender a las víctimas de la violencia de Estado, señala que le parece positivo que la Fiscalía maximice sus esfuerzos y disponga de todas las herramientas para agilizar y hacer eficaz la persecución penal  de los delitos contra la propiedad pública y privada, que lamentablemente han ocurrido en el contexto de la contingencia social”.

Sin embargo, le parece que es necesario “hacer un llamado a la ciudadanía, a la prudencia a la hora de utilizar la plataforma, en el sentido de que no exista la posibilidad siquiera de que esto se preste para acusaciones infundadas o persecuciones de tipo político o social”.

Remarca que “confiamos en que el Ministerio Público perseguirá con ahínco tanto los posibles delitos contra la propiedad, como aquellos relacionados a la vulneración de derechos fundamentales cometidos por agentes del Estado, distribuyendo sus energías y esfuerzos de modo tal que tanto las víctimas de la delincuencia común como aquellas que han sufrido abusos por parte de la autoridad, sean debidamente atendidas y protegidas por el sistema penal”.

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