Situación de calle en Iquique: El abandono institucional y la urgencia de una respuesta real

Ignacio Barros Valle, Estudiante de Administración Pública, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UNAP.- 

Hay fenómenos urbanos que se van instalando de manera silenciosa hasta que de pronto su presencia resulta inevitable. Caminar hoy por las calles de Iquique, recorrer la avenida Héroes de la Concepción o transitar por la franja costera ya no produce la misma experiencia que hace una década. La proliferación de asentamientos informales, la ocupación del espacio público por personas en extrema vulnerabilidad y la constante visibilización de episodios de crisis psiquiátricas o consumo en plena vía pública han transformado la convivencia comunitaria.

La gravedad de este escenario alcanzó un punto crítico cuando la Corte Suprema notificó a la Municipalidad de Iquique por la crisis de las personas en situación de calle, un “tirón de orejas” judicial que confirma que las herramientas tradicionales del Estado han mostrado sus límites más severos. Sin embargo, el primer gran obstáculo para abordar esta realidad es el desconocimiento, hoy resulta profundamente alarmante no saber con certeza cuántas personas habitan en la calle en nuestra región. En un territorio tan vasto como Tarapacá, con una geografía extensa y diversa, la falta de un catastro actualizado y territorializado convierte cualquier intento de ayuda en un esfuerzo a ciegas.

El abordaje institucional suele partir de un diagnóstico diseñado en oficinas centrales que poco tiene que ver con el Norte Grande. A través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Estado concibe la situación de calle como una manifestación de pobreza multidimensional extrema y ofrece un esquema de acompañamiento enfocado en la reintegración individual. El problema es que este modelo asume un perfil homogéneo que no existe en el territorio. En Tarapacá convergen realidades heterogéneas: una migración externa marcada por la irregularidad administrativa, pero también una migración interna de chilenos que llegaron de otras regiones y quedaron desamparados, junto a personas locales en situación de abandono por parte de sus familias y de un Estado ausente.

Esta diversidad de perfiles genera problemáticas en la gestión. Mientras las directrices nacionales le exigen a los equipos técnicos lograr capacitaciones e inserción laboral, la irregularidad jurídica de muchos usuarios bloquea cualquier formalidad. A esto se suma que los locales e migrantes internos enfrentan un abandono estructural por la falta de políticas públicas integrales. Mientras la gobernanza turística local promociona con fuerza la idea de un Iquique como «ciudad deportiva», se olvida que para tener una ciudad deportiva primero se necesita una ciudad saludable, donde los servicios públicos, el Gobierno Regional, la Municipalidad y Carabineros articulen una gobernanza real y no intervenciones aisladas.

A este bloqueo se añade la crisis socio-sanitaria. La vida en la calle deteriora velozmente la salud física y mental, pero los CESFAM locales ya operan al límite de su capacidad y carecen de unidades especializadas para abordar la psiquiatría de calle o el tratamiento intensivo de adicciones. El resultado es un peregrinaje institucional donde la persona en crisis recibe apenas un auxilio ambulatorio o una estadía nocturna transitoria en un albergue, para volver al día siguiente exactamente al mismo punto de origen.

Esta falta de articulación genera además una contradicción en la intervención estatal. Por un lado, se destinan fondos públicos para que profesionales en terreno construyan lazos de confianza y levanten catastros. Por otro lado, bajo la presión vecinal, se ejecutan operativos de desalojo. En ese acto de desarme no solo se despeja una esquina o una playa, sino también se destruyen documentos en trámite, medicamentos y el vínculo con los profesionales que llevaban meses de trabajo social. El desalojo puramente policial no resuelve el problema: únicamente desplaza el «ruco» un par de cuadras más allá, profundizando la marginación.

La pregunta sobre cómo recuperar la calidad de vida en los barrios no puede seguir respondiéndose con la ilusión de que un operativo de limpieza o un albergue temporal van a solucionar una crisis estructural. Esto no es abolir a las incivilidades de las personas en situación de calle, sino que, si Iquique pretende construir una convivencia urbana sostenible, se vuelve indispensable exigir que las políticas de salud mental, migración y desarrollo social dejen de ser recetas centralizadas y se adapten de una vez por todas a la complejidad de la frontera y del territorio.