Gobierno boliviano recibe apoyo legislativo para pedir resarcimiento a Chile por paro de Aduana

La-Razón.com/ Luis Mella/El Gobierno boliviano recibió ayer el respaldo de legisladores oficialistas y opositores para demandar un resarcimiento económico a Chile por el paro aduanero que causó daños al comercio boliviano de ultramar, garantizado por el derecho al libre tránsito que establece el vigente Tratado de 1904.

El sábado, el presidente Evo Morales anunció que Bolivia pedirá una compensación por las pérdidas, en virtud a que Chile no respetó los “acuerdos internacionales, los derechos humanos ni el comercio internacional”,  inscritos en el Tratado de 1904  y en otras normativas internacionales.

“Mediante minutas de comunicación vamos a enviar a la Cancillería para que nos represente a los bolivianos y que no suceda más esta situación (…). Vamos a solicitar mediante Cancillería que se vaya a instaurar, notificar o demandar el resarcimiento de daños y perjuicios que han ocasionado a los transportistas”, señaló ayer a los periodistas el diputado Rodolfo Calle (MAS), tras aclarar que el monto del daño económico aún debe ser evaluado para el resarcimiento.

Desde la oposición se ha pedido la restitución de derechos de libre tránsito y la compensación por las pérdidas que sufrieron los transportistas y empresarios que usan, especialmente, el puerto chileno de Arica. “El pedido de resarcimiento es lo correcto, hay que ver, hay que afinar bien el mecanismo diplomático, hay que ver cómo se encamina esto, pero es algo que no se puede dejar de hacer, porque este conflicto que vive Chile, en un momento electoral, está generando daños a nuestro país y está generando daño a los bolivianos”, sostuvo ayer el diputado Jaime Navarro (UN).

El domingo 15 de diciembre se realizará la segunda vuelta electoral en Chile, entre la candidata socialista Michelle Bachelet y la representante del oficialismo, Evelyn Matthei. En el proceso preelectoral, Bachelet ofreció, en su programa de gobierno, retomar el proceso de diálogo sobre la base en los acercamientos de “confianza mutua” que se dieron entre 2005 a 2010.

Para la diputada Alejandra Prado (CN) corresponde una “indemnización”, sobre todo a los comerciantes de productos perecederos. En tanto, el senador René Martínez (MAS) sugirió al Ejecutivo acudir a estrados internacionales para exigir el resarcimiento, previa “valoración, objetivización de las violaciones (al Tratado de 1904), la cuantificación de daños y la reincidencia de las vulneraciones”.

Entre el lunes y viernes de la pasada semana, funcionarios aduaneros de Chile acataron un paro de actividades de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos (ANEF) que afectó los puestos de aduana en la frontera, especialmente el paso binacional Tambo Quemado-Chungará, que conecta al país con el puerto de Arica, incluido en derecho de libre tránsito. La medida provocó la retención de unos 2.000 camiones con mercadería, incluso con bienes perecederos, el retraso de compromisos de flujo comercial y una pérdida de al menos $us 5 millones, según los primeros cálculos de los empresarios afectados.

Adicionalmente a esas afectaciones, la vicepresidenta de la Cámara de Transportes de El Alto, Alicia Layme, sostuvo que hubo represalias contra los choferes bolivianos parados en la frontera. “Durante el bloqueo se sacó a los conductores chilenos y se los llevaron al puesto de control de Chungará y se los dejó pasar y a los bolivianos se los dejó los cinco días parados”, denunció.

El artículo sexto del Tratado de 1904, señala que Chile “reconoce en favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del océano Pacífico”. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explicó que aparte de las representaciones iniciales, tramitadas por vía diplomática, la Cancillería boliviana remitió notas de protesta formal por “vulneraciones a los compromisos del Tratado de 1904”.

La frontera Agitada del Pacífico

En 2004, Chile concesionó (privatizó) la administración de sus puertos y causó una controversia diplomática por afectaciones al Tratado de 1904.

Caso

La demanda boliviana se zanjó con el pago de las obligaciones del Tratado por parte del Estado chileno a los puertos “concesionados”, tales como derecho de almacenaje.

Aduana

La presidenta de la Aduana de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, informó que pedirá a su similar de Chile extender los tiempos de despacho de carga, para normalizar el tránsito de los camiones que aún se encuentran parados.

Gustavo Aliaga: Chile debe dar una respuesta

Hay que remitirse al artículo sexto del Tratado de 1904 que es un milagro de disposición, porque pone en clara situación lo que deben hacer Bolivia y Chile en estos temas. El artículo señala “que la República de Chile reconoce en favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Ambos gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado”.

Esto es más claro que el agua y sobre este tema el presidente Evo Morales se ha expresado y Chile debe dar una respuesta, pese a que ha mencionado que se trata de un problema administrativo en el entendido que los  puertos están privatizados y ese país argumentó que el problema fue que los empleados pedían un aumento de salarios.

Esa no es una explicación valedera porque Chile, antes de haber entregado esos puertos a la administración privada (2004), debió haber puesto cláusulas puntuales sobre el trato a Bolivia y ésta es una buena oportunidad de hacer una reclamación.

No obstante, aquí tropezamos con un problema, nuestra relación con Chile está en su peor momento. Lo que aquí falta es el proceso de intermediación diplomática y que el Consulado  boliviano haga la reclamación correspondiente, sino vamos a terminar con otro engaño.

Este caso no es el primero, se han afectado vidas, negocios y se abusó los derechos humanos de la gente y ante ello, Morales debe tomar medidas. Antes de pedir un resarcimiento, el Gobierno debe compilar la información oficial sobre todas la pérdidas económicas provocadas por Chile, luego, enviar una nota de reclamación, tanto al Gobierno de Piñera como a la empresa portuaria