Agrupaciones de Familiares rechazan eventuales beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad

Imagen de archivo de Acto conmemorativo organizado en Iquique, por la AFEPI.

Que ante la definición de la derecha «que busca perpetuar la impunidad, nos vemos obligadas a alzar la voz una vez más», señala una declaración de 20 organizaciones de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que. en esta jornada de viernes 20, se congregaron  frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como una forma de protestar temiendo que se imponga la impunidad.

En la jornada, también participaron representantes de la Agrupación de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua, que suscribieron la declaración. En efecto, Engracia Palominos y Lisabeth Millar, señalaron que la lucha continuará con mayor fuerza y que desde Tarapacá, se sentirá fuerte el o rechazo  al proyecto de ley que pretende dar beneficios a los condenados por por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la dictadura.

LA DECLARACIÓN

Las organizaciones que integramos la Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de detenidas Detenidos Desaparecidos y Ejecutadas y Ejecutados Políticos nos congregamos hoy frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para expresar nuestra preocupación e indignación con una serie de decisiones y procesos que constituyen un grave retroceso en materia de Memoria, Verdad y Justicia en Chile.

Las y los familiares llevamos más de cinco décadas exigiendo Verdad y Justicia por los crímenes de la dictadura civil-militar. Y hoy, enfrentados a una agenda promovida por la derecha tradicional y la ultraderecha, que busca perpetuar la impunidad, nos vemos obligadas a alzar la voz una vez más.

RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE CONMUTACIÓN DE PENAS

Manifestamos nuestro rechazo categórico al proyecto de ley que busca otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad bajo los pretextos de la «avanzada edad» o las «enfermedades crónicas». Esta iniciativa constituye una estrategia de impunidad procesal que pretende relativizar el horror y el terrorismo de Estado.

Resulta una aberración que dolencias propias de la vejez se transformen en justificación para que genocidas y torturadores eludan la acción de la justicia. Los criminales beneficiados no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información sobre el paradero de nuestros familiares. El Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son categóricos: los beneficios carcelarios desproporcionados para violadores de derechos humanos son inadmisibles, pues vacían de contenido las sentencias y constituyen una forma de denegación de justicia.

EXIGIMOS LA RESTITUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 de la Contraloría General de la República es una señal de alarma que no podemos ignorar. Este instrumento —fruto de un trabajo técnico e interministerial— es una hoja de ruta para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile. Su debilitamiento o abandono constituiría un grave retroceso democrático y una afrenta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Las políticas de Estado en materia de Derechos Humanos deben trascender a los gobiernos de turno. Exigimos que los 175 compromisos adquiridos sean respetados íntegramente.

URGENCIA EN EL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA

Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que convierte el Plan Nacional de Búsqueda en una política pública permanente y obligatoria, exigimos al Gobierno que otorgue urgencia a la tramitación en el Senado. La búsqueda de nuestros familiares es un deber ético que no puede quedar sujeto a voluntades políticas contingentes ni a la indiferencia institucional.

Para nosotros, el «Nunca Más» no es una consigna: es un estándar ético y jurídico que la democracia no puede relativizar. Un Estado que debilita el cumplimiento efectivo de las penas incurre en un grave retroceso democrático y traiciona el compromiso con la verdad.

Exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un canal permanente de diálogo con las víctimas del terrorismo de Estado y el cumplimiento irrestricto de los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile.

Suscriben:

Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de la Serena

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles

Agrupación de Familiares de Detenido Desaparecidos, Linares

 Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, Mulchén

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Liquiñe

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral

Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Laja San Rosendo.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine

 Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno

Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos de Desaparecidos de Antofagasta

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)