Crecimiento y Desarrollo en clave Territorial: una nueva ruta para Chile.

Julio Ruiz y Ricardo Balladares, ambos sociólogos y con estudios de post grado *.

El debate económico en Chile ha estado dominado por una falsa dicotomía: crecimiento versus equidad. Sin embargo, el verdadero desafío es cómo impulsar, articular y transformar el crecimiento en desarrollo integral, donde la reindustrialización, las cadenas de valor y el enfoque territorial sean los puentes entre ambos. La experiencia internacional demuestra que los países que logran reducir desigualdades lo hacen mediante estrategias que articulan competitividad empresarial con desarrollo local inclusivo. Esto implica superar el enfoque extractivista y avanzar hacia un modelo donde el territorio no sea solo un espacio geográfico, sino el sujeto activo de sus propias transformaciones y progreso.

El núcleo de este cambio radica en entender que el desarrollo económico no puede reducirse a la mera expansión del PIB. La evidencia es clara: el crecimiento no garantiza por sí mismo empleos de calidad ni reducción de la pobreza. Por el contrario, cuando no está anclado en dinámicas territoriales específicas, tiende a centralizar y concentrar riqueza y perpetuar asimetrías. Las políticas de empleo, para ser efectivas, deben diseñarse desde las particularidades de cada territorio, considerando su estructura productiva, capacidades laborales y vocaciones económicas. El mercado de trabajo, así como todos los mercados, no es un ente abstracto; es un fenómeno localizado, esto es, profundamente local que exige respuestas propias y con pertinencia.

En este contexto, la reindustrialización y el encadenamiento productivo basado en la generación de valor emerge como una oportunidad histórica, pero solo si se concibe en clave territorial, y en una lógica por tanto descentralizada y participativa. No se trata de replicar el industrialismo del siglo XX, sino de construir un entramado productivo desde y con las regiones con ellas como protagonistas. Esto demanda transferir atribuciones y competencias y fortalecer las capacidades de las instituciones locales —municipios, gores, escuelas técnicas, universidades, gremios— para que puedan forjar sus propias estrategias de crecimiento y desarrollo, gestionando instrumentos de fomento e innovación con mirada de largo plazo. La experiencia internacional muestra que los territorios más exitosos son aquellos que logran articular redes entre empresas, centros tecnológicos y gobiernos subnacionales, generando ecosistemas de innovación adaptados a sus realidades. A fin de cuenta, los que compiten son los territorios.

Un ejemplo concreto es el potencial del litio, cobre y madera. Hoy, Chile exporta estas materias primas, pero importa productos terminados que otros fabrican con nuestros propios recursos, perdiendo eslabones clave de la cadena de valor. Una política industrial territorializada permitiría instalar plantas de valor agregado en regiones vinculadas a clústeres tecnológicos locales y/o meso regionales y verdaderos programas de formación técnica. Esto no solo agregaría valor, sino que diversificaría las economías regionales, hoy cautivas de la mono extracción. La gobernanza multinivel y la participación democrática de actores y agentes de la producción es aquí indispensable: consejos productivos público-privados con capacidad real de decisión para concordar acuerdos o pactos territoriales podrían orientar inversiones hacia proyectos con mayor impacto en empleo y encadenamientos productivos.

Este enfoque territorial también exige repensar la formación laboral. En lugar de capacitaciones genéricas, se requieren programas co-diseñados con actores locales, enfocados en oficios estratégicos para cada zona. En Biobío, por ejemplo, la reconversión de trabajadores forestales hacia la industria de biomateriales demanda planes específicos, así como en Magallanes, el hidrógeno verde abre oportunidades para técnicos en energías limpias. Esto implica romper con el centralismo en las políticas de empleo y transferir capacidades a los gobiernos regionales, que conocen mejor las necesidades de sus mercados laborales.

Para el caso, la sustentabilidad ambiental no puede ser un apéndice, sino el eje de esta transformación. Parques industriales circulares —como los que podrían desarrollarse en Quintero-Puchuncaví para procesar residuos mineros— son un ejemplo de cómo integrar regeneración ecológica con generación de empleo. Del mismo modo, la rehabilitación de pasivos ambientales puede convertirse en una fuente de trabajo local, siempre que se priorice la contratación de mano de obra y proveedores de la zona.

Pero estos avances requieren un pilar fundamental: financiamiento estratégico con anclaje territorial. Es hora de transformar el royalty minero en un verdadero motor de desarrollo industrial, complementándolo con un royalty portuario que capture el valor de nuestras exportaciones brutas. Estos recursos, gestionados de forma descentralizada mediante fondos regionales con participación público-privada, deben alimentar una nueva Banca de Desarrollo Industrial con tres ejes: créditos blandos para proyectos con arraigo local, garantías para atraer inversión estratégica y capital semilla para emprendimientos tecnológicos.

La clave estaría en una Línea de Financiamiento Industrial Territorial con tasas preferenciales condicionadas a tres transformaciones productivas: la adopción obligatoria de tecnologías limpias certificadas, la creación de programas de formación dual que vinculen a trabajadores locales con las nuevas industrias, y la integración de al menos el 40% de insumos regionales en las cadenas de valor.

La centroizquierda y el progresismo tienen ante sí la oportunidad de liderar este viraje de superación del extractivismo y construir una economía que no sólo exporte materias primas, sino que se transforme en sus territorios, generando empleo digno, innovación y soberanía productiva. Así, el discurso sobre justicia social ganaría profundidad si incorpora una visión clara de desarrollo económico territorial, donde la reindustrialización no sea un fin en sí mismo, sino un medio para construir comunidades más cohesionadas y resilientes. Esto implica trascender las políticas nacionales genéricas y abrir espacios reales de participación a los actores locales en la toma de decisiones.

El resultado sería un Chile donde el litio no se limite a ser un mineral exportado, sino la base de una industria de baterías con propiedad intelectual local; donde los bosques no solo produzcan celulosa, sino muebles de diseño y biomateriales de alta gama; donde la pesca artesanal se integre a cadenas de valor gourmet con denominación de origen. Este modelo —flexible, arraigado y justo— no es una utopía: es la única vía para que el crecimiento se traduzca en bienestar real.

El camino no es sencillo, pero es el único viable. La tarea es urgente. Mientras Chile siga confiando en el extractivismo como motor único de su economía, perpetuaremos desigualdades territoriales insostenibles. La reindustrialización con enfoque de desarrollo territorial e integral no es nostalgia del siglo XX: es la ruta hacia un futuro donde la riqueza se mida no en toneladas exportadas, sino en comunidades capaces de transformar sus recursos y talentos en prosperidad compartida.

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*Julio Ruiz, sociólogo. Magister (c) Desarrollo Regional y Local, ex jefe de la División de Desarrollo Regional Subdere, ex Presidente directorio Zofri S.A.

** Ricardo Balladares, sociólogo. Maestría en Desarrollo Territorial (c), asesor legislativo y en políticas públicas, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.