Análisis Criminal: La pieza clave en la gestión municipal y regional de seguridad

Francisco Sanhueza SM, Sociólogo UNAP, Mg © en Métodos para la Investigación Social, UDP. /  Cristian Gómez C, Sociólogo UNAP,  Magíster en Comunicaciones UDP. (*)

En el actual contexto chileno, donde la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, las municipalidades enfrentan una presión sin precedentes por asumir roles tradicionalmente policiales. Hemos sido testigos de alcaldes convertidos en improvisados comisarios, comunidades exigiendo patrullas municipales y la proliferación de cámaras de seguridad como respuestas inmediatas a una problemática compleja y multidimensional.

Sin embargo, esta tendencia hacia el «policiamiento» de la seguridad municipal representa apenas una solución parcial si no se acompaña de una adecuada gestión de la información y un enfoque integral que trascienda la mera vigilancia. Es aquí donde el análisis criminal surge como una herramienta fundamental para potenciar las capacidades de los gobiernos locales en materia de seguridad.

Más allá del enfoque policial: Un nuevo paradigma

La seguridad es una demanda sociopolítica y una condición fundamental para el desarrollo personal y social que implica certeza y ausencia de riesgo o amenaza. En Chile, la gestión de seguridad pública está tradicionalmente centralizada, siendo responsabilidad del gobierno nacional definir y coordinar acciones relacionadas con la prevención del delito, el control de la delincuencia y la reinserción social. Las municipalidades, aunque limitadas en sus atribuciones formales, se ven cada vez más presionadas a actuar como primera línea de respuesta ante las demandas ciudadanas.

Esta situación genera tensiones evidentes entre las expectativas locales y las capacidades reales de los municipios, creando un complejo dilema de coordinación intergubernamental. Además, las diferencias en recursos y problemáticas específicas entre comunas agravan la situación, evidenciando la necesidad de un nuevo enfoque que aproveche las ventajas únicas de los gobiernos locales para la protección de la población, adoptando una gestión de la seguridad más allá de la seguridad individual y la custodia de bienes, incorporando otras dimensiones sociales que otorguen a los barrios y sus habitantes libertad para vivir sin miedo, libertad para vivir sin miseria y libertad para vivir con dignidad.

El análisis criminal como valor agregado municipal

El análisis criminal se diferencia sustancialmente de los planes de seguridad pública comunales. Mientras estos últimos son instrumentos de gestión y planificación que articulan diversas estrategias preventivas y de control, el análisis criminal es una función técnica especializada centrada en la recopilación, procesamiento y análisis de datos delictuales, incivilidades y actos conexos, para identificar patrones, tendencias y generar inteligencia útil para la toma de decisiones.

La complementariedad entre ambos enfoques resulta evidente: el análisis criminal proporciona la evidencia objetiva necesaria para fundamentar y orientar las estrategias definidas en los planes comunales. Permite identificar problemas específicos, comprender sus causas, focalizar recursos y evaluar la efectividad de las intervenciones implementadas. Un plan de seguridad comunal sin el respaldo de un análisis criminal riguroso corre el riesgo de convertirse en un conjunto de medidas genéricas ineficaces y desconectadas de la realidad local.

Desafíos pendientes para Tarapacá

A pesar de los cambios legislativos como el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para fortalecer el rol municipal en seguridad, persiste un enfoque excesivamente centrado en las facultades operativas (patrullajes, elementos de protección) sin abordar suficientemente la necesidad de desarrollar capacidades analíticas a nivel local y mediante modelos de intervención que contemplen no solo los delitos e incivilidades, sino que incorpore emergencias y riesgos situacionales que atentan contra la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.

Gran parte de los problemas de eficacia en prevención, control y persecución tienen que ver con el déficit y escaso uso de datos transformados en información útil. Esto se debe tanto a la inexistencia de unidades de análisis en muchos municipios como a deficiencias en la captura y registro de datos relevantes.

El verdadero salto cualitativo en la gestión local de seguridad no vendrá únicamente del aumento de patrullas o cámaras, sino de la capacidad para traducir datos en inteligencia aplicable, permitiendo intervenciones más precisas, eficientes y adaptadas a las realidades territoriales específicas.

En un caso reciente, el análisis criminal puede tratar el robo de cables en la Región de Tarapacá, que ha afectado a localidades como Pica y Pisagua, mediante la identificación de patrones delictivos (como horarios o zonas vulnerables), el mapeo geográfico para predecir el delito, perfilar delincuentes, la prevención situacional (vigilancia o sensores) y la colaboración interinstitucional para rastrear el cobre robado y su ruta. Mediante la combinación de datos e inteligencia local, este enfoque puede permitir pasar de una respuesta reactiva a una estrategia proactiva, reduciendo la incidencia del delito y sus consecuencias para las comunidades.

Existen experiencias exitosas en el mundo como, por ejemplo, en Nueva York, el sistema estadístico CompStat mejoró la gestión policial en la década de 1990 detectando tendencias delictivas con estadísticas semanales. En Chile, la comuna de Huechuraba, fue premiada en 2019 por Paz Ciudadana al optimizar el uso de recursos mediante la identificación de «hot spots», reduciendo índices delictivos con un enfoque localizado y participativo. Estas experiencias muestran el valor estratégico del análisis criminal.

Las municipalidades chilenas tienen la oportunidad de ampliar su concepto de seguridad, aprovechando precisamente su condición de gobiernos locales para desarrollar sistemas de información propios que complementen -no reemplacen- la labor de las fuerzas policiales, generando un círculo virtuoso donde la cercanía con la comunidad se traduzca en respuestas más efectivas y oportunas a los desafíos de seguridad.

A diferencia de las comunas de mayores recursos de la Región Metropolitana, los municipios tarapaqueños enfrentan limitaciones presupuestarias que dificultan la contratación de especialistas en análisis criminal y nuevas tecnologías. Esta brecha tecnológica y de capital humano amenaza con profundizar las desigualdades territoriales en materia de seguridad.

Otro desafío crítico para Tarapacá es la necesidad de desarrollar metodologías de análisis que integren la multiplicidad de factores sociales, económicos y culturales propios de una región caracterizada por su diversidad migratoria y alta movilidad poblacional. Los sistemas convencionales de análisis delictual, diseñados para contextos urbanos estables, resultan insuficientes para capturar la complejidad de los fenómenos criminales en zonas fronterizas.

La coordinación interinstitucional representa también un reto significativo. La efectividad del análisis criminal depende en gran medida del flujo oportuno de información entre diversas agencias (municipios, policías, aduanas, sector judicial, servicios relacionados), un aspecto particularmente complejo en una región donde convergen múltiples jurisdicciones y competencias.

Finalmente, un desafío fundamental consiste en adaptar el análisis criminal a las particularidades de los delitos transfronterizos. Mientras las experiencias exitosas en otras regiones se han centrado principalmente en delitos convencionales (robos, hurtos, incivilidades), Tarapacá necesita desarrollar capacidades para analizar fenómenos delictuales complejos que operan en redes internacionales y requieren enfoques analíticos que trasciendan los límites territoriales de las comunas e incluso del país.

La implementación efectiva del análisis criminal en los municipios tarapaqueños no solo contribuiría a mejorar la eficiencia en el uso de recursos limitados, sino que también permitiría transitar desde un enfoque meramente reactivo hacia un modelo preventivo basado en evidencia, consolidando así el rol de los gobiernos locales como actores estratégicos en la gestión integral de la seguridad regional.

*Los autores, Francisco E. Sanhueza San Martín, además, Diplomado en Relaciones Internacionales, UAH. y  Diplomado en Análisis Criminal para la Prevención y la Seguridad Local, UAH;  y Cristián J. Gómez Correa, es Diplomado © en Comunicación de Crisis, UAI. Contacto a los mails fr****************@****cc.edu    cr******@**ap.cl

…..

Esta sección de OPINIÓN Y COMENTARIOS, está destinado a la difusión de opiniones y análisis  de autores y temas diversos, que no representan necesariamente nuestra opinión.