Caso cajas de alimentos: Fiscalía ofreció suspensión condicional del procedimiento a cinco de los 15 acusados.

El único abogado querellante particular Enzo Morales, se opuso a la medida.

En esta jornada de lunes 23, en la antesala de la Navidad, el Juzgado de Garantía de Iquique dio inició la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los 15 acusados del caso cajas de alimentos, Miguel Ángel Quezada Torres, ex intendente del gobierno de Piñera; la actual CORE  (RN) Daniela Solari Vega;  la abogada y jefa de gabinete, Lilian Plaza Bravo; el director de finanzas Jhonny Muñoz Cancino; la funcionaria María Luisa Lemus Espinoza y los empresarios Lorena Barrientos Ramírez, Gabriel Díaz Duran, Rodrigo Vega Laferte, Gunther Ziller Arjona, Dimitri Díaz Neira, Ricardo Percic Becerra, Ximena Ciudad Varela, Juan Carlos Ayala Brito y Marcelo Valenzuela Contreras.

El abogado querellante particular, Enzo Morales, relató que al inicio de la audiencia la Fiscalía, de forma sorpresiva y unilateral, ofreció una salida alternativa a cinco acusados, Dimitri Díaz, Ricardo Peric, Marcelo Valenzuela, Gunter Ziller y María Luisa Lemus, en relación a un acuerdo previo entre Ministerio Público y Defensas.

El Juez de Garantía, aprobó la suspensión condicional del procedimiento.

Frente a ello, el querellante Enzo Morales se opuso a terminar la causa judicial a través de la suspensión condicional del procedimiento acordada entre Fiscalía y las defensas de los imputados.

«Me opuse al acuerdo entre Ministerio Público y los cinco acusados porque constituye terminar el proceso con clases de ética, ya que, la investigación penal estableció que en el año 2020 se coludieron funcionarios de la Intendencia y Gobierno Regional con empresarios locales para cometer actos de corrupción que causaron un perjuicio fiscal para la región de Tarapacá de $500.000.000.- (quinientos millones de pesos) por ´sobreprecio´ de $10.000.- por caja de alimento adjudicada y entregada durante la pandemia COVID-19 en la región de Tarapacá».

Añade que como «único querellante particular, en representación de los habitantes de la región de Tarapacá, por la gravedad de los hechos se les condene por la justicia a penas de cárcel efectiva, sin beneficios y que el Consejo de Defensa del Estado recupere los fondos públicos defraudados».

Finalmente, en paralelo, se fijó nueva fecha de audiencia de preparación de juicio oral para los demás acusados, el 25 de marzo de 2025, y audiencia de procedimiento abreviado para el 10 de febrero de 2025 respecto de la acusada Lorena Barrientos Ramírez.