Entre la agenda oficial y la construcción política de la memoria colectiva.

Dr. Bosco González Jiménez, Sociólogo.- 

Breve reseña

El siguiente documento investigativo representa un fragmento particular, reflexivo por cierto, del trabajo desarrollado en el marco del convenio de colaboración entre el Servicio Nacional del Patrimonio y la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua y  busca situar algunas precisiones conceptuales para abordar el problema de la memoria histórica y los DDH, sin las cuales se hace complejo avanzar en la producción de un abordaje que aspire a una cierta disputa por la construcción democrática de una “historia oficial”.

En este sentido, comenzar este artículo sin hacer referencia a una comprensión preliminar  sobre nociones como  “el recuerdo” y  “la memoria”    resultaría una tarea intelectualmente cómoda; hacerlo así    limitaría  la presente reflexión a una narrativa descriptiva sobre las “huellas” existentes y  sus características. Esta omisión dejaría sin atender cuestiones importantes como la función social  y la administración política del recuerdo,  y las motivaciones que posee la sociedad civil y organismos del estado en las tareas de conservación, gestión,  administración y tratamiento de los registros que soportan, eventualmente,  una política de la no repetición.

Habiendo transcurrido medio siglo desde el golpe de estado que dio origen a la dictadura cívico militar,  estos conceptos parecen ser poco abordados, regularmente “esquivados” y   lejanos a la opinión pública, como si se tratara de temas puntiagudos que podrían dañar a quien los aborda. De igual manera parecen ser temas que tienen relación “con otro tiempo” instalando una fisura peligrosa, dado que hoy es fundamental -desde el campo de los Derechos Humanos- promover la auto reflexividad sobre las condiciones políticas actuales y su relación con “lo pasado” que, lamentablemente para muchos, sigue vivo en nuestra sociedad.

Aquí se propone una cierta gramática de la memoria histórica y se propone preliminarmente como la función social de los sitios de memoria y sus eventuales espacios de medicación entre estos y los actores puede contribuir a disminuir la fragmentación social de los recuerdos y la marginación política.

Del acontecimiento al tiempo presente. Consideraciones políticas

Genéricamente -y haciendo referencia a su etimología- la memoria refiere a “recordari”  (volver a pasar por el corazón), esto indica  una forma particular y subjetiva de  reiteración  de los  acontecimientos del pasado en el tiempo presente, dicho de otro modo, apelar a la memoria implica  “volver a sentir”, “volver a vivir” o sencillamente permitir al pasado inmiscuirse en los “temas del presente”. Esto último, sin duda alguna,  incorpora una dimensión sociopolítica que invoca un tratamiento colectivo que no siempre dialoga con el espacio íntimo y personal del recuerdo.

Esto implica ciertas complejidades toda vez que no puede eludir la necesidad de establecer un límite entre los acontecimientos originales y las formas y contenidos en las que se desarrolla el  recuerdo presente.

En definitiva, apelar a la memoria implica una  tramitación de  lo que se recuerda y lo que se deja en el espacio del olvido, dicho de otro modo,  a la memoria le subyace un  antagonismo  entre lo que se desea conservar de los acontecimientos y los mandatos  funcionales que invitan al sujeto a   censurar  todo aquello que está imposibilitado de ser lenguaje,  y sólo puede aparecer entre nosotros a condición de angustia,  reiteración del dolor. En definitiva, como una suerte de “recuerdo disruptivo”. La memoria como práctica social implica  un ejercicio relativo a “seguir adelante” pero a condición de administrar  esa  “tormentosa interrupción del pasado” que la Sociedad Chilena no está dispuesta a tramitar completamente. 

El orden gramatical de la memoria histórica en Chile

No es fácil dilucidar una cierta gramática detrás de una diáspora, es complejo identificar un cierto orden en el “caos aparente” de los recuerdos individuales, sobre todo cuando existen ciertos ámbitos o “zonas grises” que siguen recluidos en la represión sobre los recuerdos, sea por temor, pactos de silencio u otras estrategias relativas a una narrativa de la impunidad y la política general del control de la memoria histórica y la administración del recuerdo.

Como un primer elemento se distingue  una construcción discursiva muy vinculada a los ejecutores de las violaciones a los DDHH   que se caracteriza por una mirada maniquea sostenida en una  estructura básica basada en la relación binaria “militares salvadores” / “comunistas culpables del deterioro del país”.

Por otro lado, desde la perspectiva de las víctimas, nos encontramos con un conjunto de testimonios circunscritos  a  experiencias directas o indirectas dónde se aprecia la figura del victimario y la víctima, lo cual, al ser un relato mayormente descriptivo, tiende a omitir la contextualización y la elaboración de interpretaciones colectivas sobre los acontecimientos. Esto, de una u otra manera relega a un segundo plano cuestiones relativas a los antagonismos  sociopolíticos dieron origen a los acontecimientos. Dejando en este sentido un campo abierto para la interpretación histórica de sectores que insisten en definir que la clausura traumática del proceso democrático de la primera mitad del siglo XX tiene orígenes en el Gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende.

Si bien existen estás limitaciones es importante señalar que los  testimonios  han permitido a este país tener un conocimiento relativamente general de los acontecimientos. Los testimonios individuales, con el paso del tiempo se han ido acoplando a ciertos principios de organización jurídica, y por qué no decirlo, a una gramática de los procesos judiciales, los cuales constituyen una base innegable para la edificación en el campo argumental del proceso histórico de verdad y reparación.

En definitiva,  aspirar a un  conocimiento detallado y a la vez  orgánico  de los hechos sigue siendo parte de un campo plagado de fisuras que obstaculizan la configuración de “un relato oficial” socialmente legítimo que ofrezca un lugar de residencia a la diversidad de relatos particulares.

Desde el punto de vista de quien redacta esto es resultado de la incapacidad que ha tenido la institucionalidad para integrar una experiencia genuina sobre los hechos, ante lo cual se hace difícil dilucidar una estructura de posiciones concretas relativa a actores. En general predomina la generalización y una cierta tendencia a la teorización. Se trata de una  compensación teorética, ni declarada ni consciente,  donde    emergen ciertas “voces autorizadas” que  generalmente están vinculadas al mundo académico.

Otro pilar de este proceso de incorporación de las memorias a los procesos sociales y el campo histórico  son los  informes oficiales, estos  han buscado generar hitos de reparación en el marco de una estrategia política de “reconciliación nacional”

Ahora, estos informes, al estar estructurados en función del reconocimiento de los casos , han priorizado  la  verificación por sobre la contextualización y la comprensión de los actores. Esto limita su capacidad para contribuir de forma sustancial  a la producción de un relato nacional promovido por el Estado.

De los recuerdos a la configuración de espacios para su articulación pública 

Intentando hacer una síntesis general respecto de los soportes de inscripción de los hechos acaecidos durante la dictadura, es posible afirmar que existen diversos espacios de inscripción de los recuerdos, muchos  derivados directa o indirectamente de las experiencias traumáticas acaecidas durante la dictadura cívico militar en Chile, como muchos otros documentados por el régimen. Respecto de estos es razonable preguntarse por su legitimidad. Muchas veces se tiende a monumentalizar ciertos lugares, sin embargo existen espacios, lugares concretos, debidamente identificados que permiten integrar a los actores que portan recuerdos, una alternativa que intermedia entre el lugar y el actor que tiene “algo que decir” de lo que recuerda.

En este contexto se propone una mirada ampliada de los soportes de memoria considerando el nivel de legitimidad que la documentación del régimen podría contar.

En esta lógica es relevante poner énfasis en  soportes que consideren las prácticas y las recreaciones contemporáneas que los sujetos hacen de sus experiencias del pasado,  en este sentido los sitios de memoria constituyen un espacio fundamental donde se activan procesos de actualización colectiva y transgeneracional  de la memoria.

Es posible sostener que los diversos pilares de la conciencia histórica referida a la dictadura se mira al espejo y no ve otra cosa que el reflejo del modelo de fragmentación social que la dictadura se esmeró en constituir, dicho de otro modo, una conciencia histórica fragmentada y en disputa por una diáspora de actores  y “discursos legítimos” donde eventualmente habita una verdad.  En general hay un relato amputado de verdad que solo se podrá compensar con  voz de quienes han ocultado sistemáticamente fragmentos fundamentales de esta historia reciente.

En este sentido los sitios de memoria se erigen como espacios de reparación donde  la elaboración colectiva del recuerdo permite sostener comprensiones comunes sobre lo ocurrido.

Pensar en sitios de memoria hace referencia a cuerpos, calles, muros, documentos, expresiones artísticas y también bienes inmuebles donde se desarrollaron tareas de encarcelamiento, tortura y exterminio. En estos lugares  pueden elaborarse las soluciones sociales de un proceso democrático de reparación contribuyendo, junto a ello, a ser espacios socialmente útiles para el conjunto de la ciudadanía.