Cincuenta años. Recuerdos de la Vicaría de la Solidaridad

Esta narración se centra en la misión de defensa jurídica de los derechos humanos básicos realizada por la Vicaría. Sería plausible que profesionales que integraron otras áreas de la institución abordasen su tarea específica. 

Jaime Esponda, Abogado y docente universitario, especializado en Derechos Humanos y Derecho Migratorio.-

Aunque el embajador Sergio Diez dijese en Naciones Unidas que los detenidos desaparecidos “no tienen existencia legal”^[1] y el presidente de la Corte Suprema Israel Bórquez reclamase estar “aburrido de los inventos de la Iglesia”^[2], las denuncias documentadas del Comité Pro-Paz contribuían al convencimiento internacional de que en Chile se violaban los derechos humanos. Esta fue una de las razones principales por las cuales Pinochet exigió el cierre de la casa de calle Santa Mónica, en 1975.

Como el Cardenal Silva Henríquez, además de valiente, era hombre sagaz, junto con responder al dictador que “la Iglesia no abandonaría su deber de cautelar los derechos humanos”^[3], en magistral medida estratégica, creaba, bajo su dependencia, una Vicaría denominada de la Solidaridad. Y para evidenciar la fuerza de su resolución, fijó como sede el antiguo palacio episcopal, vecino a la Catedral Metropolitana. A diferencia del señero Comité, la Vicaría “nació como un organismo fundado en la doctrina de la Iglesia sobre la solidaridad”[4]. Lo señaló el Cardenal: “nos dimos cuanta, poco a poco, a tropezones -que es como razona el hombre cuando se acerca a una verdad profunda-, de que no eran sólo nuestra voluntad ni nuestras capacidades institucionales lo que nos movía en esa dirección: era la doctrina cristiana en sí misma”^[5]. Nacía la Pastoral de la Solidaridad, “una pastoral de testimonio más que de prédica” y “de frontera”, la primera experiencia pastoral chilena con miembros no creyentes^[6], presidida por el presbítero Cristián Precht como primer Vicario y Javier Luis Egaña como primer Secretario Ejecutivo.

Casi todos los trabajadores del Comité prosiguieron en la Vicaría. Se valoró su experiencia en el trabajo con los familiares de las víctimas y su resistencia a las presiones de la dictadura sobre el Comité. Al acompañamiento y la defensa jurídica se abocó el mismo equipo de asistentes sociales, abogados y unas funcionarias de recepción que trabajaban como hormigas en la distribución de los casos. Esta tarea fue compartida con las diócesis de casi todo el país, mediante un convenio interdiocesano y la creación de la unidad de Coordinación Nacional. También continuó la asesoría a los trabajadores despedidos y a las organizaciones de campesinos.

Puesto que toda la gama de derechos humanos se veía afectada, especialmente cuando advino la crisis económica de los ochenta, se desplegó la solidaridad con los pobladores, desde el Departamento de Zonas. Para enfrentar la cesantía, que de un 16% inicial alcanzó la cota de 23.7%, se organizaron ollas comunes y el histórico aporte de las tejedoras de arpilleras que la Vicaría comercializaba en el extranjero. A partir de la liberación de detenidos “aparecidos”, en septiembre de 1976 -casi todas víctimas de tortura- se fortaleció el equipo de asistencia médica y psicológica, para ellos y también para los familiares de detenidos-desaparecidos.  

Trascendental fue la creación de la revista Solidaridad, definida como “medio alternativo, popular y masivo”, a través del cual se enteraban de la realidad miles de personas e, incluso, medios de comunicación que luego dijeron “no haber sabido nada” …

Transcurrida la mitad de existencia de la Vicaría, el Cardenal Raúl, que cumplía 75 años, presentó su renuncia, cuya aceptación fue acelerada por el nuncio Sodano. La despedida al pastor por los trabajadores de la Vicaría, encabezados por el Vicario Juan de Castro, fue un acto inolvidable de fraternidad mutua. El nuevo Arzobispo, monseñor Juan Francisco Fresno, que llegaba con cierta fama de conservador, eligió los balcones de la Vicaría para su primer mensaje al pueblo, luego visitó a sus trabajadores y confirmó en sus cargos a los directivos. Con “don Pancho”, la Vicaría prosiguió sin alteración su tarea.

La represión que se había iniciado contra trabajadores del Comité Pro-Paz prosiguió bajo la Vicaría. En abril de 1976, el abogado José Zalaquett fue nuevamente detenido y expulsado de Chile; en mayo, el abogado Hernán Montealegre fue aprehendido e incomunicado en el campo de Cuatro Álamos por la DINA, que también allanó su oficina; después de seis meses de prisión, debió salir al exilio. En el tiempo que siguió, fueron numerosos los actos de represión o amedrentamiento sufridos por trabajadores de la Vicaría, por ejemplo, la detención del fotógrafo Luis Navarro, al concluir el Te Deum del 11 de marzo de 1981; la destrucción, por explosión, del antejardín de la casa del abogado Pedro Barría, en julio de 1981; en el mismo mes, las amenazas recibidas por Roberto Garretón contra él y su familia; etc.

Una amenaza contra todos los miembros de la Vicaría provino del autodenominado “Movimiento Cristiano” que en mayo de 1982 envió, como “último llamado”, una carta acusando a la institución de estar “infiltrada por el marxismo”, a lo cual siguió la pintura de cruces rojas en el frontis de la sede vicarial y en domicilios de algunos trabajadores, y amenazas a directivos como Enrique Palet y Alejandro González, y a los abogados Jorge Sellán y Jaime Hales. Meses más tarde fue detenido el funcionario Hugo Montero.

El 16 de agosto de 1984, el propio Pinochet atacó a la Vicaría. Dijo: “cuando detectamos un hombre y lo tomamos preso, salta de inmediato la Vicaría de la Solidaridad, que es más comunistoide que los comunistas, partiendo por el jefe. No me refiero a nadie en especial (…) tiene que ser buscado en la guía de nombres. No sé quién será el jefe. No lo conozco (…) Toman a un comunista y al otro día tenemos 20 recursos de amparo. Porque los abogados que hay en la Vicaría, casi todos son comunistas”^[7]. Los abogados interpusimos un recurso de protección ante el directorio del Colegio de Abogados^[8]. Meses más tarde, objeto del encono de la dictadura fue el propio Vicario Ignacio Gutiérrez sj, quien encontrándose en el exterior sufrió la prohibición de ingreso a Chile.

Pero no hubo en nuestra trayectoria de defensa de los derechos humanos golpe de mayor magnitud y dolor que el asesinato de José Manuel Parada Maluenda en marzo de 1985, por agentes de la DICOMCAR[9], organismo irregular que había reclutado al exmilitante comunista, Miguel Estay, alias “el Fanta”, quien participó directamente en el degollamiento de su conocido José Manuel, así como de Manuel Guerrero y Santiago Nattino. La conmoción que nos causó el crimen y su modalidad sangrienta y alevosa es indescriptible. Recordamos como si fuera hoy, esa tarde en que por las escalas del edificio de Plaza de Armas el ataúd que contenía los restos de José Manuel subió en hombros de algunos colegas, para ser conducido al patio central, donde cantamos con profunda aflicción el Himno a la Alegría. Personalmente, recordé esa reunión con el Vicario don Santiago Tapia y otros directivos, en la que el comunista José Manuel nos dijo: “la dictadura sostiene que la Iglesia ha sido infiltrada por los comunistas; yo puedo decirles que he sido infiltrado por la Iglesia”.

Siguió el ayuno prolongado de trabajadores de la Vicaría, para acompañar el dolor de la familia de nuestro compañero y testimoniar que jamás olvidaríamos ese crimen que, al fin, merced a la sagacidad del ministro José Cánovas, fue esclarecido y derivó en la renuncia del General Director de Carabineros.

Otras situaciones represivas ocurrieron en el contexto del frustrado atentado contra Augusto Pinochet, en septiembre de 1986, destacando el secuestro frustrado del abogado Luis Toro, Y no se puede omitir el asesinato, en 1988, de la empleada de la abogada Carmen Hertz, que fue considerado también como un acto de amedrentamiento contra esta profesional^[10].

Pese a todo, en un ambiente alerta pero sereno, la Vicaría no dejó un solo día sin atender a las víctimas o sin presentar recursos de amparo por los detenidos. Al cierre de la Vicaría, sumados a los del Comité Pro-Paz, llegarían a 30.029 los habeas corpus^[11]. A estos se sumaron las denuncias ante los tribunales por presunta desgracia de los desaparecidos y, mediando la autorización cardenalicia, cientos de querellas “contra quienes resultasen responsables”. “La lluvia de recursos de amparo -reflexionábamos- obliga a que, al interior del poder judicial y en los organismos internacionales encargados de velar internacionalmente por el respeto a los derechos humanos, se conozca la situación”^[12].

La práctica sistemática del gobierno de desconocer gran parte de las detenciones y la denegación de los recursos por los tribunales superiores pareció alterarse en 1977, en el caso de Carlos Contreras Maluje, que devendría en detenido-desaparecido, gracias a que, en un acto de arrojo, huyendo de los agentes de la DINA, él se identificó, lográndose también reconocer la patente del vehículo de aquellos. La Corte de Apelaciones acogió el habeas corpus y ordenó la libertad del detenido, pero el gobierno no acató el fallo. Era solo una casual excepción.

A los recursos de amparo “tradicionales”, la Vicaría agregó otras modalidades que quedarán inscritas en la historia de esta institución jurídica, como fueron los recursos contra una detención prolongada o la incomunicación indebida, los recursos de amparo “preventivos” en favor de personas que sufrían seguimientos o amenazas, más tarde otros en favor personas relegadas a apartadas localidades del país y, por cierto, los habeas corpus por las personas impedidas de vivir en la patria.

Sabíamos que seguiríamos perdiendo los recursos, pues, para ser desechados, a los tribunales daba lo mismo si el gobierno informaba que la persona estaba detenida o decía que nunca había sido aprehendida. Persistíamos en el empeño por una cuestión de principios -el deber profesional de ejercer la acción judicial- pero además porque los expedientes de los recursos constituirían una documentación histórica de las violaciones de derechos humanos, lo cual quedó demostrado en el trabajo de las Comisiones Rettig y Valech.

Teníamos claro que nuestra acción debía enmarcarse en la legalidad vigente, incluida la normativa generada por la Junta de Gobierno, “puesto que el desconocimiento de dicho ordenamiento y la eventual acción ilegal de la institución habrían conducido a un enfrentamiento con el Gobierno, cuyas únicas víctimas habrían sido los destinatarios de nuestra tarea humanitaria”^[13]. Pero, a la vez, definíamos la tarea como “defensa persistente e intransigente”, desde el momento en que “la Vicaría de la Solidaridad ha asumido el rol de interpelar al Estado frente a las violaciones de Derechos Humanos como una obligación ética (que) lleva a excluir como política el camino de la <diplomacia privada>, del compromiso” ^[14].

Concluido el exterminio de la dirección del MIR, en 1976, la DINA se centró en los partidos Socialista y Comunista. Pese al carácter clandestino de las detenciones, se fueron acumulando antecedentes de su existencia y, además, de la estrategia de aniquilación, modus operandi y lugares de detención y tortura. Cuando el mar devolvió en Los Molles el cuerpo de Marta Ugarte, hubo horrorosa evidencia del método de la desaparición forzada. Y luego, en 1978, los cadáveres desprendidos de los hornos de Lonquén confirmaron que esta práctica criminal se inició con el mismo golpe militar. La conmoción pública de este macabro hallazgo obligó a la Corte Suprema a la designación de un ministro en Visita, el juez Adolfo Bañados. Y aunque el embajador Diez aseguró en Naciones Unidas que los campesinos de Lonquén “habían ingresado al Instituto Médico Legal como muertos en 1973”^[15], Bañados logró esclarecer la verdad, pese a lo cual la justicia militar, mediando el decreto ley de amnistía, mantuvo por casi cuarenta años en la impunidad a los autores, quienes hoy cumplen condena.

La Corte Suprema rechazó otras solicitudes de designación de ministro en Visita para investigar desapariciones forzadas. Según lo expresó su presidente José María Eyzaguirre, en 1976, las víctimas “se encuentran en libertad, otras han salido al extranjero, otras están detenidas en virtud del Estado de Sitio, otras procesadas en tribunales militares, y respecto de algunos, se trata de delincuentes de derecho común”^[16]. La Iglesia de Santiago respondió pormenorizadamente a Eyzaguirre, en 195 páginas firmadas por el obispo auxiliar Enrique Alvear,

Cuando la DINA fue sustituida por la CNI, en 1977, la Vicaría informó al Cardenal que ello no significaría cambio para nuestro trabajo, puesto que el nuevo organismo cumpliría las mismas tareas de su antecesora. Sin embargo, don Raúl pecó de ingenuidad al manifestar su esperanza en que el decreto ley de amnistía^[17]pudiese significar la pacificación del país. Mas, la presta información que le proporcionara el Departamento Jurídico de la Vicaría, demostrando que se trataba de una “autoamnistía”, lo convenció de lo contrario.

En el marco de una prolongada huelga de hambre realizada por familiares de detenidos desaparecidos, el ministro del Interior fue lapidario: “declaro categóricamente que el gobierno no tiene antecedentes que comprueben la detención de ninguna de estas personas”^[18]. Esta vez, fue el propio Cardenal quien entregó a ese ministro un informe, preparado por la Vicaría, de 54 casos con irrebatibles evidencias de la detención, al que siguió un segundo informe con otros 66 casos y luego otros dos, con 25 y 41 casos^[19]. Se sumaron otros prelados de Chile, con más listas de detenidos desaparecidos. Ninguna de estas presentaciones, mereció respuesta.

Una posibilidad de insospechadas consecuencias para la verificación de decenas de detenciones de personas desaparecidas generó la confesión, en la Vicaría, del exagente del Comando Conjunto de la FACH^[20] Andrés Valenzuela Morales, al finalizar 1984. En declaraciones juradas, explicó la formación de ese grupo criminal y narró detalladamente las detenciones, torturas y asesinato de las víctimas. Junto con proteger a Valenzuela y organizar su salida del país, la Vicaría solicitó a la Corte Suprema la designación de un ministro en Visita, para la investigación de los casos.

Simultáneamente, continuaron las defensas ante los tribunales de guerra, a las cuales se sumaban otras en nuevos procesos, y “la presión sin desmayo sobre la Corte Suprema (…) para que reasumiera las prerrogativas inherentes a la jurisdicción disciplinaria y accediera a revisar los fallos de los tribunales militares de tiempo de guerra, de acuerdo con la Constitución de 1925”^[21]. La Vicaría solo excluía de esta atención profesional a las personas fehacientemente involucradas en actos violentos, especialmente cuando cobraban la vida de una persona (v.gr. el asesinato del general Carol Urzúa, en 1983), o en delitos comunes.

Muchas víctimas de la tortura no estaban dispuestas a denunciar judicialmente los hechos, por temor a represalias o debido a su condición traumática. Así y todo, hubo quienes dieron el paso y permitieron la acción judicial, vgr. 84 denuncias en 1980, 108 en 1981, etc. Con todo, los organismos internacionales de derechos humanos, mediante los informes elaborados por la Vicaría, se enteraban de la totalidad de los casos de tortura. Y hubo uno entre muchos que logró trascender públicamente en Chile. La muerte en prisión del profesor Federico Álvarez Santibáñez, como resultado de las torturas inferidas por agentes de la CNI trascendió a la opinión pública. La Corte Suprema accedió a la designación de un ministro en Visita, recayendo la designación en el magistrado Alberto Chaigneau, quien, aunque se declaró incompetente, estableció la responsabilidad en el crimen del “funcionario de carabineros que practicó la detención, (de) los funcionarios de la CNI que lo sometieron a interrogatorios, y en calidad de encubridor, al médico que otorgo un certificado de buenas condiciones de salud al egresar Álvarez Santibáñez de esa institución”^[22].

El exilio masivo de chilenas y chilenos fue otra preocupación permanente de la pastoral solidaria. La Vicaría emprendió un programa de atención a los familiares de exiliados, en su mayoría madres agrupadas en el Comité Pro-Retorno.No olvidamos la reunión del 1 de junio de 1979 en que les explicamos los objetivos del programa. A la interposición de recursos administrativos ante el ministerio del Interior, sistemáticamente rechazados, entre 1979 y 1989 se sumaron 3.811 recursos de amparo, también rechazados, salvo dos^[23].  Esta acción permitió reunir una importante cantidad de información sobre el exilio chileno.

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Citas y fuentes

[1]Asamblea General de las Naciones Unidas, noviembre de 1975.

[2]Ahumada, Eugenio y Atria, Rodrigo. La Memoria Prohibida, Santiago, Pehuén, 1989, Tomo II, p.153.

[3] Cardenal Raúl Silva Henríquez, Memorias. Ed. Ascanio Cavallo. Santiago, Ed. Copygraph, 1991. p.80.

[4] Hau, Boris, La defensa de los Derechos Humanos del Departamento Jurídico del Comité Pro-Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Universidad Alberto Hurtado, 2006, p.60

[5]Card. Raúl, op.cit. Ed. A. Cavallo, p.88

[6] Esponda, J. El laico comprometido eclesialmente con los derechos humanos. Jornada de Reflexión Pastoral sobre Derechos Humanos. Vicaría de la Solidaridad, 11 y 12 de mayo de 1984.  

[7] Revista Solidaridad Nº 184, septiembre de 1984, p. 21.

[8]Interpusieron el recurso los abogados Rosemarie Bornand, Héctor Contreras Alday, Jaime Esponda, Roberto Garretón, Alejandro González, Carmen Hertz Cádiz, Humberto Lagos y Gustavo Villalobos. Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, agosto del año 84, p. 3

[9] Este grupo criminal tuvo su origen en Carabineros, pero reclutó a agentes de otras instituciones armadas y a civiles.

[10]El caso fue calificado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

[11]Hau, Boris, op.cit. p.196

[12] Esponda, J. “Objetivos y criterios estratégicos aplicados por la Vicaría de la Solidaridad en su tarea de defensa de los Derechos Humanos”, en Represión Política y defensa de los DDHH”, Editor Hugo Frühling, Santiago, CESOC, 1986, p.115

[13]Ibid.p.111.

[14] Ibid.p.126.

[15] Revista Solidaridad Nº 65, febrero de 1979, p. 15.

[16] Discurso de inauguración del Año Judicial. 01.03.1976

[17] D.L Nº 2191, publicado en el Diario Oficial el 19 de abril de 1978.

[18] Sergio Fernández, ministro del Interior, 15.06-1978

[19] Hau, Boris. op.cit. p. 79

[20] Este comando tuvo origen en la FACH, pero contó con miembros provenientes de otras ramas y de Carabineros, y operó simultáneamente con la DINA en la práctica de detenciones seguidas de desaparecimiento. Tuvo decisiva actuación en el exterminio de dirigentes del partido Comunista.

[21] Esponda, J. op.cit., Ed. Hugo Frühling, p.127

[22] Resolución de 25.09.1979

[23] Hau, Boris. op.cit. pp. 178 y s.s.

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Fuente: https://lanuevamirada.cl/cincuenta-anos-recuerdos-de-la-vicaria-de-la-solidaridad1/