Nuevo proceso constitucional
Opinión y Comentarios 7 febrero, 2023 Edición Cero
Carlos Graña Sarmiento, periodista.-
Chile emprende un nuevo camino para lograr una nueva Constitución. Utilizando esta vez tres órganos: Comisión Experta, Comité Técnico de Admisibilidad y Consejo Constitucional, donde sólo este último órgano es elegido por votación popular.
Esta es la fórmula para que, en menos de un año y gracias a un nuevo acuerdo político, seamos de aquellos países con una constitución hecha en democracia. Los mecanismos para parecer que hay participación también se han dispuesto, pero únicamente en el Consejo Constitucional, la etapa final de toda la ruta de creación del texto.
Además, el nuevo procedimiento para elaborar una Constitución para Chile está en deuda con las organizaciones de la sociedad civil. Aún no se les contempla en el proceso de redacción de la nueva constitución y mucho menos en las fases previas, que normalmente son además las más importantes en el germen de norma fundamental que pueda ratificarse en un plebiscito a desarrollarse en diciembre de 2023.
El país ha presenciado, que sin mediar participación ciudadana, el Congreso aprobó un acuerdo donde se elegirá un Consejo Constitucional integrado por 50 personas, que votarán un anteproyecto de bases institucionales elaborados por una Comisión de Expertos, 24 individuos elegidos por el propio Congreso. También se instaura, lo que ellos llaman un Comité técnico de admisibilidad (14) que sancionará lo que Consejo Constitucional apruebe .
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el Derecho de Libre Determinación del pueblo chileno que 24 personas no elegidas por votación popular redacten un borrador de proyecto constitucional que obligará al Consejo Constitucional a ceñirse a esa propuesta, y que además, otro organismo designado fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas del Consejo Constitucional.
En este nuevo proceso constitucional que está en marcha, se ha violentado gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario, cuyo titular es el pueblo de Chile, como se establece en los Artículos No 1 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
La reforma constitucional que establece las bases del nuevo procedimiento entregó a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile el rol de coordinación de los mecanismos de participación ciudadana. Si bien la norma es escueta, es necesario para fortalecer el proceso constituyente que dichos mecanismos sean variados y aplicados desde un primer momento, incluyendo a la Comisión Experta donde se gestarán las bases del texto constitucional.
Las universidades, por su parte, deben ungirse como secretaría técnica del proceso constitucional, por lo que, se ha propuesto que las universidades coordinadoras establezcan un Consejo de la Sociedad Civil, donde múltiples organizaciones sin fines de lucro puedan hacer seguimiento inmediato y colaborar en una instancia consultiva.
El reconocimiento de la participación ciudadana como una norma fundamental es el correcto camino para construir un estado de derecho robusto y la valoración de los saberes que se encuentran en las organizaciones de la sociedad civil es la mejor forma de nutrir la función política.
Se debe asumir la participación ciudadana como estrategia y valor en sí mismo, no sólo entregará mayor legitimidad a lo obrado por los tres órganos constituyentes, sino también, preparará un mejor camino para que en el plebiscito de salida, la casa de todos sea realmente del gusto y orgullo de todas y todos.