El país debe decidir su destino
Opinión y Comentarios 1 octubre, 2022 Edición Cero
Carlos Graña Sarmiento, periodista.-
Más de ochenta organizaciones ligadas al movimiento de Derechos Humanos y al mundo social, expresaron su preocupación a la opinión pública en torno al intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular ,utilizando los resultados del plebiscito de salida, donde en forma mayoritaria se rechazó la nueva Constitución del 2022, redactada por la Convención Constituyente, instancia donde la opción apruebo logró 4.860.093 votos y la del rechazo 7.882.958.
Estas organizaciones dieron a conocer sus pensamientos en los instantes, en que el gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, no ha retirado del Senado, el Acuerdo Transpacífico y se está impulsando que sea aprobado por el Senado, para que entre en vigencia, a pesar que Estados Unidos se retiró de este Tratado, bajo el gobierno de Donald Trump. Este acuerdo de control transnacional, ha sido considerado un artilugio de las corporaciones multinacionales para ejercer control en cada uno de los países firmantes, transgrediendo así su ordenamiento político y judicial.
El documento de las organizaciones se difundió, el 22 de septiembre del 2022, y es necesario que sea conocido por todos los chilenos, que quieren una nueva constitución para Chile.
En el texto reiteraron que el único medio idóneo que puede permitir el libre ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados, y con representantes del mundo independiente.
También recordaron , que cualquier intento por impedir la libre expresión de la voluntad popular, ya sea a través de la designación de un mal denominado Comité de Expertos ó la decisión de asignarle al Congreso la redacción de la nueva Constitución, contraría los principios más elementales de participación democrática aceptados por la comunidad internacional.
Asimismo, llamaron al pueblo de Chile a movilizarse activamente a objeto de impedir que su derecho a decidir sea escamoteado por las fuerzas políticas conservadores que hoy no sólo desconocen abiertamente sus compromisos expresados en Campaña sino además, pretenden burlar la voluntad popular ya expresada mayoritariamente en el plebiscito de entrada, en cuanto sea una Convención Constitucional la que elabore una propuesta de Nueva Constitución.
Enfatizaron que las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos producto de la suscripción y ratificación de los diversos tratados internacionales sobre la materia, continúan plenamente vigentes y su incumplimiento por parte de los diversos Poderes y órganos del Estado generan responsabilidad internacional. En consecuencia, avanzar en materia de respeto y garantía de derechos sociales fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto, y no pueden por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna.
Por la misma razón, resaltaron, la Verdad, la Justicia la Debida Reparación y la implementación de las Garantías de No repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura y el denominado estallido social, no deben ser postergadas. Tampoco pueden ser dilatadas, todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que permitan la pronta recuperación de la libertad de los presos de la revuelta.
Advirtieron que no habrá paz social si los sectores defensores del status quo pretenden retrotraer el estado de cosas al Chile pre estallido social.
Finalmente, puntualizaron, que la demanda mayoritaria de superar el actual modelo sigue vigente. Y el anhelo de un nuevo pacto social fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, permanece intacto.