Trazabilidad de responsabilidad individual ¿Qué esconde esta estrategia?

Andrea Comelin Fornés, Presidenta del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Iquique

Frente a la explosión de contagios que se han presentado por la variante Omicron, lo que han sido ampliamente informado por los medios de comunicación y por canales formales, donde Tarapacá es una de las regiones más complejizadas, se producen cambios en el plan paso a paso y en las directrices de la autoridad sanitaria, donde aparecen nuevas estrategias y conceptos, que no dejan de impactar desde el criterio de las evidencias frente al desarrollo de esta pandemia.

Ahora se instala la responsabilidad personal de quien es contagiado sobre la trazabilidad, es decir quien contrae la enfermedad no solo debe preocuparse de realizar las acciones para aislarse, cuidarse y evitar contagiar a otros, sino que además debe asumir la función de contactar e informar respecto de las personas con quienes tuvo contacto, para de ese modo esas personas puedan guardar una cuarentena preventiva, convirtiéndose en “persona en alerta de covid”, dejando atrás el estatus de contacto estrecho que presentaban en el anterior plan y que los hacía estar bajo la observación y seguimiento estrecho de profesionales para poder evitar la propagación del virus en forma más o menos controlada. ¿Qué se puede visualizar tras esta estrategia del Gobierno saliente?

Desde el año 1946 la OMS define el concepto de salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, definición que no ha sufrido modificaciones desde el año 1948. Esta forma de conceptualizar la salud, implica no solo que los Estados deben preocuparse del comportamiento y prevención de las enfermedades, sino que de abordar los condicionantes sociales de la salud que permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a vivir en un completo bienestar físico, mental y social.

La salud entonces es un derecho fundamental de todo ser humano y de los pueblos, más aún en condiciones críticas como lo ha sido el escenario pandémico. En la misma línea, aún la constitución que está vigente en nuestro país establece que es deber del Estado garantizar el acceso a la salud en igualdad de condiciones, como también es su responsabilidad garantizar la ejecución de acciones de salud, ya sea en el sector público o privado.

¿Por qué entonces hoy el Gobierno desplaza la responsabilidad que tiene como Estado de garantizar la ejecución de las acciones de salud, haciendo responsable a los ciudadanos e incumpliendo de esta manera lo que está garantizado por ley y por organismos internacionales que son autoridad en la materia? Ante ello surgen explicaciones desde varios lugares que van desde planos macros a micro.

No es sorpresa comprender que los principios del neoliberalismo que han primado en nuestro país por mas de 30 años, permeen todos los espacios, en donde las acciones individuales son valoradas, haciendo creer en el espejismo del logro del éxito en cualquier proceso por vía de capacidad y mérito personal. Frente a los derechos humanos fundamentales está ampliamente comprobado que la ausencia de Estado, la primacía de la autorregulación del mercado y como también la ausencia de la participación ciudadana organizada no permiten alcanzar los logros esperados, ejemplos hay muchos y son los que dieron paso a la existencia de la actual convención constitucional para la redacción de una nueva carta magna.

Hacer primar la acción individual en áreas tan complejas, como la salud, desarticula el tejido social y deja en abandono a los ciudadanos, sin posibilidad de poder enfrentar la vulneración de derechos a los que se ven expuestos debido a las diferencias económicas, de género, de nacionalidad y de cualificación educacional, entre otras que hacen que no todos estemos en las mismas condiciones para enfrentar la realidad que se nos presenta. Lo individual debilita y expone a las personas, bajo la particular conformación de sus condicionantes sociales de la salud, haciendo que algunos estén más expuestos que otros frente a la pandemia y en desigualdad de condiciones para poder responsabilizarse de autogarantizar la ejecución de acciones para resguardar su salud y la del resto, como el gobierno hoy se lo está pidiendo.

Por tanto, las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad no pueden elegir avisar a sus jefaturas si están con síntomas y resguardarse en su hogar por sospecha de covid, si no cuentan con el respaldo de una licencia médica o un dictamen estatal que los resguarde de poder perder su fuente laboral.

Al respecto, las directrices actuales de la autoridad sanitaria indican que la licencia médica será para los casos confirmados. También se indica que serán confirmados los casos estrechos por la autoridad sanitaria solo en brotes específicos, quedando bajo la responsabilidad de los contagiados el ubicar a los posibles contagios y las personas “sospechosas de covid”, sin obligación de aislamiento.  Lo que esto logrará es que un proceso tan clave como la trazabilidad, destacado de esa manera por muchos expertos en salud, que hasta el momento estaba siendo dificultosamente realizado por las SEREMIAS, quede aún más complejizado, subdimensionado y que eso implique una mayor expansión de la pandemia haciendo peligrar más aún su control.

Otro aspecto relevante es comprender que muchos de los profesionales de la salud se han contagiado y ya no se cuenta con el número de profesionales que puedan reemplazarlos. Los que quedan están agotados y con deterioro de sus mínimos de condiciones de estabilidad para asegurar que la experiencia no afecte su salud mental, pero aún siguen resistiendo. Los sistemas están trabajando muy exigidos, incluso los resultados de los PCR se están entregando con mayor tiempo del que antes se estimaba, hasta mas de 72 hrs. lo que implica que los contactos de quien tiene sospecha de estar contagiado, puedan expandir aún más los contagios, si la trazabilidad no es rigurosamente aplicada.

Ya en diciembre del 2021 los funcionarios del Hospital Regional de Iquique realizaron una marcha alertando sobre la no renovación de contratación de funcionarios de apoyo, lo cual está además impactando a nivel de atención primaria en CESFAM.

Detrás de la estrategia anterior se asoman decisiones que parecieran ir más allá de un criterio economicista, aperturando la posibilidad de entender que es una estrategia política frente al manejo de la pandemia, buscando el contagio generalizado. Sin embargo, a pesar que algunos expertos han postulado que quizás un amplio contagio, debido a que esta variante no es tan agresiva como las anteriores, pudiese causar algún grado de inmunidad, otros expertos han señalado que es el escenario perfecto para la aparición de nuevas variantes mas complejas, ante el comportamiento de un virus que muta para sobrevivir y expandirse.

Lo cierto es que de garantización del derecho a la salud, las nuevas estrategias informadas por la autoridad sanitaria no tienen nada. Muy por el contrario, vulneran este derecho y exponen la vida, principalmente de quienes están en situaciones de mayor fragilidad social, cuyos condicionantes de la salud los exponen a no poder autor reportase por sobrevivencia, como también a aquellos que, siendo trabajadores de la salud, exponen la suya sin mayor consideración por parte de la autoridad.

* Mail autora: ancomelin@gmail.com