Haroldo Quinteros Bugueño, profesor
El golpe militar de 1973 fue revolucionario. Lo realizaron, en lo material, las FFAA chilenas (supuestamente de todos los chilenos), pero la cuestión doctrinaria que hubo tras esa acción, tuvo su origen en la ideología política y económica que sustenta sólo un sector de la sociedad chilena, la derecha. Como bien dijo una vez el almirante Martínez Busch, “nosotros sólo hicimos el trabajo sucio.” Así de simple, un binomio perfecto, con un brazo ideológico y otro militar, como sucede en toda revolución. La del 1973 impuso en el país las cuatro condiciones básicas del fenómeno revolucionario:
1) Un orden nuevo en la organización de la economía del país, factor que determina la vida social general: el neo-liberalismo, cuya expresión en Chile es la más radical existente en el mundo. El sistema neo-liberal, además, trajo un componente psicológico de masas y cultural que se hizo carne en gran parte de la población: el consumismo y la procura a cualquier precio del éxito material individual por sobre toda otra consideración de vida. Esto facilita el funcionamiento del sistema y frena la capacidad de unidad de sus víctimas, las grandes mayorías asalariadas del país.
2) Un nuevo orden jurídico, que, además, fuera incambiable. Si la derecha revolucionaria neo-liberal de 1973 ganaba o perdía el plebiscito de 1989, daba, básicamente, lo mismo, porque la coalición triunfante, la Concertación de Partidos por la Democracia, había aceptado someterse indefinidamente a las nuevas reglas impuestas por su supuesto adversario. En verdad, es insólito que ningún político de la Concertación medianamente importante no se atreva a deslegitimar desde A a Z el sistema constitucional chileno, totalmente espurio e ilegítimo desde todo punto de vista. En efecto, es innegable que fue impuesto de manera fraudulenta y, en último término, por la fuerza bruta, sin atenerse a los procedimientos más elementales conocidos en el mundo democrático en materia de producir leyes.
3) Un indispensable componente cultural, al que sirven de maravillas un nuevo sistema educacional escolar de Estado, por una parte; y, por otra, los medios de comunicación de masas, controlados sin contrapeso por los más poderosos intereses económicos del país. Se suman al carrito alienatorio cultural la farándula y sus bufones. Todos estos agentes lanzan a diario sus mensajes: estamos en Jauja, hay que comprar y comprar, no importa qué, porque se puede, adscribiendo a las tarjetas de crédito que han hecho del ciudadano común un esclavo del sistema.
4) La preservación en favor del sistema del aparato militar, el único existente en el país, desde sus orígenes, y el único administrador de las armas que le entrega el Estado, que, teóricamente, representa a todos los ciudadanos. Así las cosas, fue totalmente ilegítimo proclamar un estado de guerra en 1973. Hasta hoy, nunca las FFAA han sido claras en reconocer esa grave falta, como tampoco han reconocido el sesgo y compromiso político con un solo bando político civil, la derecha, que gobernó al amparo de sus bayonetas desde 1973 hasta 1990, luego de destruida nuestra antigua democracia.
Pues bien, la Concertación, la supuesta enemiga de la anti-democrática constitución política a que el país fue sometido, participa en esta revolución de la derecha como en un juego de brisca. Es una pieza del naipe, que si faltara, no habría el jueguito que llamamos “democracia”, sino una vulgar dictadura. Los dirigentes concertacionistas ponen caras muy serias y muy enojonas cuando hablan contra sus “enemigos,” por una reformita por aquí o por allá, pero con ello, aun si consiguen algo, no hacen más que legitimar el intrínsecamente ilegítimo sistema constitucional chileno, y, obviamente, la continuidad de todo el sistema.
¿Por qué no se habla claramente y sin tapujos sobre la nula validez democrática y moral de la constitución vigente en Chile? Por lo menos, ese sería el comienzo de un remezón en la conciencia de la población, que, en general, cree que en Chile hay democracia y libertad plenas.
El hiper-enriquecimiento de unas cuantas familias que se hicieron dueñas del país, de las transnacionales mineras que pagan los royalties más bajos del mundo al estado por la extracción de nuestras riquezas, el fraude de las AFP que esquilman a los trabajadores, que al jubilar no reciben las pensiones que debieran, sino una miseria, etc., etc., son todas cuestiones adscritas a la constitución política de 1980, que ya es una camisa de fuerza que ahoga al país cada día más y más. ¿Hasta cuándo la seguiremos soportando?