Nuevas formas de propiedad para asegurar la sostenibilidad y el buen vivir

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Waldo Aguilar Figueroa, Candidato Constituyente

Se hace urgente Incorporar nuevas formas de propiedad, como un elemento fundamental en el diseño de la nueva Constitución. En el objetivo de proteger derechos colectivos, debemos comprometernos ex ante a promover socialmente un espíritu cívico que potencie las relaciones sociales de convivencia, no como hasta hoy se ha hecho, pues en lugar de continuar incentivando la competencia, debemos promover la colaboración de las personas, en el desarrollo de la vida en sociedad, esto ayudará a reconstruir y reparar el sentido de comunidad hoy devastado por la aplicación dogmática de leyes inspiradas en el liberalismo.

A la luz de los acontecimientos, como medida para recuperar el buen vivir, es urgente promover e institucionalizar, un sistema de valores que sea compatible con una relación sana entre las personas y de las personas con el medio ambiente y esto debe quedar plasmado en la nueva constitución.

Resulta importantísimo resolver el problema de la sostenibilidad, que es nuestra forma de pensar nuestra sobrevivencia como seres humanos, o dicho de otra forma, cubrir las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Esto ha sido en gran medida peligrosamente excluido del análisis político, económico y social dándole prioridad (prácticamente exclusiva) al progreso material fundamentado en una política social economicista, que ha descuidado el desarrollo espiritual y humano. Este descuido forma parte del ADN de nuestra carta fundamental.

En este contexto, hoy tenemos la necesidad de agudizar nuestros esfuerzos por replantearnos la manera en que hemos pensado la sociedad hasta ahora, la manera y hasta qué punto estamos conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente, y cómo esta conciencia ecológica debe determinar las instituciones que creamos o mantenemos en la nueva constitución. Debemos explorar creativamente las posibles soluciones del problema que enfrentamos en materia medioambiental y social, dando lugar a nuevas formas de pensamiento que puedan orientarnos en la búsqueda de alternativas viables, sostenibles y adecuadas para una relación sana entre el ser humano y la naturaleza y los seres humanos consigo mismos.

El acto constituyente que perseguimos (y que aún no está garantizado en el actual proceso), debe caracterizarse por concebir y proponer nuevas formas de definir y fijar las reglas de nuestra vida en sociedad. No debemos perder de vista que el trato Individuo-Estado bajo la actual constitución, borra de un plumazo al grupo social de la redacción de las leyes, formalizando una relación que obliga y habilita sólo a la persona individual como sujeto de derecho que, en el marco de esa misma institucionalidad, no tiene espacio o tiene muy poco para agruparse y comprometerse con una comunidad y así emprender acciones colectivas de interés general con posibilidades de lograr cambios, y que estos cambios puedan ser incorporados a la arquitectura del Estado.

Esta relación individuo-Estado, hoy en su diseño sólo reconoce titularidad y legitimidad al sujeto aislado, y el trabajo legislativo ha operado en función de impedir que prosperen formas organizacionales que constituyan relaciones colectivas, lo que es necesario hoy, que nos proponemos reconocer legalmente que existen derechos que son evidentemente sociales para poder protegerlos.

Ejemplo de ello, es la necesidad de garantizar el acceso al agua a las personas y sus actividades agrícolas en los pueblos del interior de Tarapacá, cuyos humedales y napas subterráneas, hoy continúan secándose por acción de la actividad extractiva minera, o en circunstancias que centenas de familias son abastecidas hoy con camiones aljibe para priorizar el regadío de hectáreas de Paltos en la quinta región.

Otro ejemplo importante, que nos refuerza la necesidad de concebir sujetos colectivos de derecho, es el actual sistema de pensiones, que debe ser reemplazado por un auténtico sistema de seguridad social. La capitalización individual debe ser abandonada, pues tiene su sustento en la consideración del individuo aislado, abandonado a su propia suerte dentro de un sistema basado en la especulación financiera, que arroja incertidumbre sobre los ahorros individuales debido a la volatilidad de los mercados y ninguna certeza sobre la pensión final, que depende de factores en gran medida ajenos a la persona como lo son la estabilidad laboral, el sueldo, la rentabilidad de las inversiones que se hacen con el dinero de los(as) trabajadores(as), etc. Concebir nuevas formas de propiedad nos permite institucionalizar formas de solidaridad necesarias y urgentes que de otra manera permanecen fuera de toda posibilidad de materializarse.

En palabras simples, es necesario institucionalizar derechos colectivos que prioricen el bienestar y el buen vivir de la mayoría de la gente, pues la propiedad privada individual (única posibilidad dentro del marco legislativo presente), no debe sobreponerse al bienestar de la población. Es hora de hacer posible que las grandes mayorías se vean reflejadas en el derecho.