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Javier García Choque, alcalde de Colchane.-  El Senado aprobó la idea de legislar el acceso del agua potable para consumo y saneamiento humano (Boletín... Agua potable: Un derecho humano

Javier García Choque, alcalde de Colchane.- 

El Senado aprobó la idea de legislar el acceso del agua potable para consumo y saneamiento humano (Boletín N° 12.512-11), esto es que exista una provisión de agua potable gratuita destinada a clientes de locales de venta de alimentos, lugares de trabajo permanentes o transitorios y la instalación de bebederos en patios y espacios en que se desarrollen actividades físicas de cualquier establecimiento educacional.

El título del proyecto hace creer que se trata de dar a la ciudadanía un acceso a este recurso, pero en verdad lo limita a un espacio intrascendente. No cuestiona la propiedad del agua, si no que obliga a las pymes costear de su bolsillo un derecho que es de todos los chilenos.

Existe una precariedad al acceso al agua potable en las comunas andinas, solo algunas localidades cuentan con ella de manera fluida, otras deben ser proveídas a través de camiones aljibes. En algunos poblados el municipio la lleva en bidones. Muchos proyectos de APR (Agua Potable Rural) no se inician y están a la espera de fondos o el visto bueno del MOP.

El acceso a este recurso está limitado por aspectos técnicos, sin embargo, el gran meollo se da por su propiedad. Esta ha generado constantes disputas entre las comunidades indígenas de la región y las empresas mineras, conflicto que en gran parte ha contado con un Estado que hace la vista gorda ante los requerimientos de los pobladores, permitiendo el uso indiscriminado de la industria minera.

Esta normativa tampoco ve la realidad andina, en que muchas comunidades a través de los fondos FRIL construyen baños públicos que en algunos casos no cuentan con agua potable. ¿Qué pasará con ellos no podrán ocupar estas instalaciones destinadas tanto al uso comunitario como para la promoción del turismo?

El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece explícitamente que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos. De esta manera la idea de legislar del Senado parece una cuestión cosmética, en que traslada la responsabilidad de su acceso a las pymes gastronómicas, empresarios de distintos rubros y a los sostenedores de los colegios, por lo que de aprobarse la instancia el Estado dará por solucionado el tema y no es así.

La sala del Senado fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 17 septiembre para perfeccionar el texto legal. Sería interesante plantear estos temas a la cámara canalizando las demandas ciudadanas en un proyecto que atienda las demandas sociales sobre la propiedad, acceso al agua potable y el saneamiento.