Alto Hospicio: marcas y secuelas de sus desalojos
Opinión y Comentarios 7 septiembre, 2016 Edición Cero
Víctor Guerrero Cossio/ Académico, Dr. En sociología.
Alto Hospicio es una localidad aledaña a Iquique, ubicada a 10 kilómetros de distancia, ubicada en sus altos y detrás de la cordillera de la costa. Antigua productora de chacarería y animales para consumo urbano y de instalaciones mineras próximas, tales como Huantajaya.
En los últimos treinta años se ha multiplicado su población, pasando de una par de centenas a miles de habitantes. Este crecimiento, que se hizo explosivo desde la década del 80, no ha sido fácil ni ha carecido de problemas, con dramáticos hechos como es el caso de las niñas asesinadas por el denominado Psicópata de Alto Hospicio.
Esta comuna se ha transformado en una localidad conocida por el estigma de la pobreza y la delincuencia. Esta condición desfavorable proviene del desamparo social debido a que en ella se concentra la población de menores recursos socioeconómicos de la región, especialmente inmigrantes que provienen de otras regiones del país y también de otras naciones.
Paradojalmente el inicio de este explosivo incremento poblacional, hasta llegar a los 100 mil habitantes de hoy, comenzó con un desalojo de pobladores que en tiempos de dictadura militar se habían apropiado de terrenos particulares en la zona norte de Iquique, en lo que se conocía como Tomas de ex cancha Dínamo y Quitasoles. En el año 1987 las autoridades de la época irrumpieron en las precarias viviendas de los pobladores y en camiones militares les trasladaron de manera forzada al entonces despoblado Alto Hospicio, abandonados a su suerte y carentes de las condiciones básicas para habitar.
A casi treinta años de esa erradicación los pobladores vuelven a sufrir la violencia del Estado, esta vez ordenada por la Gobernación Provincial de Iquique y ahora buscando su salida de terrenos donde sus antecesores de igual condición social habían sido llevados forzosamente.
A diferencia de los sucesos de 1987, donde las condiciones políticas impedían acciones e incluso opiniones contra el traslado forzado de los pobladores – aunque hubo valientes acciones de personas y organizaciones solidarias – hoy la solidaridad ha sido mayor e incluso su repudio ha trascendido el espacio regional, constituyendo noticia nacional e incluso internacional. Seguramente esto obligó a las autoridades a generar soluciones inmediatas de entrega de terrenos provisorios y seguramente planes habitacionales de emergencia.
A pesar de todo, de las opiniones expresadas en los diferentes medios de comunicación, del debate generado incluso al interior de los partidos gobernantes y de apoyo solidario concreto, en particular de los estudiantes universitarios de los planteles estatales, los efectos negativos del desalojo han sido graves, muchos y variados.
Los profesionales de la salud han condenado los hechos debido a sus efectos negativos sobre la salud mental y física, los organismos de derechos humanos han lamentado la falta de sensibilidad y respeto de madres, ancianos y niños, pero también las críticas van contra la falta de respuesta del gobierno frente a un grave problema habitacional generado en la región y cuyas autoridades –tanto comunal como regional – no han sabido enfrentar adecuadamente.
Estos desalojos constitutivos de atentados a los derechos humanos de los ciudadanos más pobres de la región, a los excluídos y condenados de la tierra, en su más dramática expresión regional, han marcado sus vidas de manera fatal, les han dejado marcas y secuelas. Para ellos pedimos urgente reparación y total justicia.