Crímenes de Pisagua tienen culpables: «echamos de menos un mayor compromiso de parte de los gobiernos»

En temas de Derechos Humanos está claro, y cuantos más años pasan es más evidente que no toda la verdad esta dicha. Además, se fortalece la idea de que aún quedan responsables por recibir sanciones.

Lo anterior se hace visible cuando el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó condenas contra siete miembros en retiro del Ejército en el marco de la investigación de desapariciones y muertes en el campamento Pisagua, ubicado en la norteña ciudad del mismo nombre.

Un caso histórico

Los siete uniformados recibieron penas por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Miguel Nash Sáez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, y de homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa, prisioneros políticos que estuvieron en el centro de detención.

En el fallo, el ministro de fuero condenó a Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado a penas de presidio perpetuo, en calidad de autores de tres delitos de secuestros calificados y ocho homicidios calificados.

En tanto, Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron condenados a penas de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres delitos de secuestro calificado y por los homicidios calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi.

Cierra la lista Miguel Aguirre Álvarez, condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres secuestros calificados, ilícitos perpetrados a partir del 29 de septiembre de 1973.

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar por concepto de daño moral la suma total de 510 millones de pesos a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas.

Miradas del fallo

En conversación con Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, analizó el fallo del ministro Carroza.

«Lo consideramos como algo muy positivo cuando hablamos del caso de la Caravana de la Muerte, hoy, sabiendo lo espantoso de lo que sucedió en Pisagua, donde se pudo comprobar que aquellos que decían que no pasó nada, estaban equivocados. Se encontraron las fosas con hombres desarmados y maniatados asesinados de la forma más cruel», expresa.

«Esta instancia viene a reivindicar los abusos que se cometieron en Pisagua. Como es el caso de Miguel Nash, un muchacho que hasta la fecha continúa siendo un Detenido Desaparecido. Nos parece que es importante que este tipo de crímenes se pongan sobre el tapete. Destacamos el que algunos jueces se hayan esforzado para encarcelar a los criminales», asegura Lira.

«Hoy queda demostrado que esos cobardes que niegan la verdad, se les demuestra la actitud de ocultamiento de parte de las fuerzas armadas y del pacto de silencio que se estableció en entre sus integrantes, y que mantienen hasta la fecha. Se trata de algo importante, pues se deja en evidencia que hay crímenes terribles y que los familiares de las victimas aún no consiguen la ansiada verdad», concluye.

Para Héctor Marín Rossel, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua, la situación es dual.

«Lo importante para nuestra organización es la lucha constante que hemos llevado desde el primer día que se supieron estos hechos, en donde el dolor individual y familiar ha recorrido un camino tortuoso durante estos años, donde lamentablemente nos hemos dado cuenta de una tremenda falta de voluntad del Estado por querer aclarar todos los casos de crímenes de Derechos Humanos», comenta Marín.

«Echamos de menos un mayor compromiso de parte de los gobiernos «democráticos» que han estado desde los 90 a la fecha. Nos satisface la resolución del magistrado, sin embargo lamentamos enormemente el tiempo transcurrido, porque se contaba con pruebas, con antecedentes y testigos, y pasaron más de 40 años. Esperamos que el ministro Carroza siga con fallos sobre estas y otras causas de Derechos Humanos», revela.

«Se debe destacar además la persistencia de los pactos de silencio al interior de la Fuerzas Armadas, situación que ha vuelto muy difícil la resolución de muchos casos. Creemos que el Estado de Chile tiene una deuda enorme con las familias de los cientos de desaparecidos y de asesinados. Es lamentable cómo los años han hecho que muchos de los familiares hayan fallecido esperando, y el estado chileno defiende a los asesinos y demuestra una indolencia pasmosa», finaliza Marín.

Por su parte, Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es crítica sobre la situación.

«En esta condena hay dos cosas. Se trata de algo relevante, en el sentido que se aplican cadenas perpetuas, que tiene concordancia con la magnitud de los delitos cometidos. Eso sí, es lamentable que estas investigaciones solamente arrojan parte de la verdad y que algunos hechos y casos quedan impunes. Pues se debe recordar la participación de muchos civiles junto a las Fuerzas Armadas, quienes siguen impunes», indica Pizarro.

«Se valora la resolución, pero se deben recordar los 42 años de impunidad, porque se trata de quizá la peor tragedia que a vivido Chile, y el caso de Pisagua es un ejemplo paradigmático de la violencia cometida en dictadura», concluye.

Fuente: Cambio 21