Seremi de Gobierno de Tarapacá avaló avance de compromisos para fortalecer al país

Afianzar la democracia y mejorar la confianza con la ciudadanía, es el sentido de la Agenda de Probidad y Transparencia que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha impulsado con el objetivo de mejorar y transparentar la gestión pública y poner fin a las malas prácticas e irregularidades que han ocurrido en el último tiempo.

Así lo destaca el Seremi de Gobierno, Luigi Ciocca, los 7 compromisos aprobados de la agenda permiten despejar desde ya cualquier duda en torno a temas tan complejos, como la política y los negocios, regulando y poniendo freno a los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

“Para el Gobierno es de sumo interés poner fin a esta dualidad existente por años en nuestra sociedad, porque todo aquello que atente contra la transparencia y las buenas prácticas es un escollo para forjar una democracia centrada en la igualdad y la participación. Nuestro objetivo es avanzar en este proceso, ya que con la agenda de probidad nuestra democracia mejora, porque las reglas del juego cambiaron, aunque a algunos no les guste y se opongan”.

Al respecto, el vocero regional de Gobierno puntualizó que un aspecto central es la Ley de Probidad en la Función Pública, donde todas las autoridades de jerarquía, además de parlamentarios, intendentes, gobernadores, seremis y jefes superiores de servicio, deben actualizar sus declaraciones de intereses y patrimonio, incluyendo sus bienes y actividades que realizan. Quienes no lo hagan recibirán multas que van desde los $ 217.495 hasta los $ 2.174.950 (5 a 50 UTM).
Pero un tema no menor es la reforma constitucional sobre Pérdida del Cargo, ley que establece “que aquellos parlamentarios, alcaldes, consejos regionales y concejales que no cumplan con las normas de transparencia, límites y control del gasto electoral, perderán su cargo quedando inhabilitados para optar a cargos de representación popular en las dos elecciones siguientes desde que se aplique la sanción y para optar a un cargo o función pública dentro de los tres años posteriores a dicha sentencia. Porque hay que entender que el servicio público es para servir y no para obtener privilegios o beneficios”.

Partidos y Servel

Otra de las leyes aprobadas es la Ley de Partidos Políticos, los que deberán constituirse en entidades de derecho público, pudiendo hacerlo con tan sólo un 0,25% del electorado en tres regiones contiguas; y con la obligación de promover una mayor participación ciudadana.

Para Ciocca, éste es un paso trascendental, sobre todo, porque va acompañada de la reforma que otorga la autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel).
“Con ello, el Servel será completamente independiente de los gobiernos de turno, para fiscalizar de mejor forma los procesos electorales y el funcionamiento de la política en general. Además, tendrá la misión de regular la publicida de los aportes a las campañas y a los partidos; y los límites más bajos de gasto electoral”.

Frente a ello, hizo hincapié que este proceso regulará la dualidad política y negocios, porque el proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia rebaja el límite del gasto electoral en un 50%, prohibiéndose los aportes de personas jurídicas a las campañas electorales.

“Por lo tanto, los partidos podrán acceder a dineros públicos, cumpliendo con la reinscripción de todos sus militantes en un plazo de 12 meses luego de que sea promulgada la ley. Además de definir los espacios para la instalación de la publicidad electoral, donde el Servel tendrá la autonomía para autorizar plazas, parques u otros espacios públicos para tal efecto”.

Asimismo, indicó que ello se complementa con las nuevas atribuciones y facultades que tendrá dicho organismo fiscalizador, para desarrollar elecciones transparentes y sin vicios de ninguna clase.

último, otro avance sustancial de la agenda es la Ley de Formación de Educación Cívica, que permitirá a los alumnos de primero a cuarto medio contar con un ramo sobre dicha materia, a objeto de que puedan aprender para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos.

“Estas regulaciones son necesarias para mejorar
nuestra convivencia como sociedad. Y, en ese sentido, como Gobierno estaremos atentos a que cada compromiso de esta agenda se cumpla, porque la probidad es la piedra angular para avanzar en la construcción de una democracia real y participativa, y donde debe primar la transparencia y la ética social”.