La mirada crítica del Rector de la UNAP, ante la denominada «ley corta» de financiamiento universitario
Actualidad 17 diciembre, 2015 Edición Cero
Ante las tratativas de impulsar una “ley corta” para la gratuidad de la Educación Superior, que excluya a las Universidades Arturo Prat, Los Lagos y Tecnológica Metropolitana, el Rector Gustavo Soto Bringas, calificó como un contrasentido, la iniciativa aparentemente realizada por el Gobierno.
La máxima autoridad académica, concordó con los dichos del Rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Ennio Vivaldi, precisando que con esta acción se busca resguardar intereses de privados, por sobre el bien común.
Precisó que es inconcebible que se excluya a Universidades del Estado dentro del sistema de la gratuidad, para así dar el espacio a Ues que establecen sistemas de selección y que muchas veces obedecen a criterios confesionales, como es el caso de las universidades Alberto Hurtado, Silva Henríquez, Los Andes, Adolfo Ibáñez.
Agregó que la UNAP, sumado a su aporte al desarrollo científico regional, representa un motor de la economía local, al contar con 797 funcionarios y 387 académicos, por lo que su exclusión representaría un grave daño colateral.
Marcó diferencias con otras universidades, precisando que desde el 2011 comenzó un proceso de homologación del arancel real con el referencial, a diferencia de entidades privadas, que serán favorecidas por la gratuidad, que establecen sus propios aranceles.
Respaldó la importancia que tiene para Tarapacá, la aplicación del acceso gratuito, precisando que serían cinco mil los estudiantes que podrían gozar de este derecho, contribuyendo así a la movilidad social de una universidad, donde gran parte de los estudiantes provienen de los tres primeros quintiles, 94% cuentan con becas o beneficios y el 86% de los alumnos que ingresaron el 2015 pertenecen a Tarapacá.
Gustavo Soto Bringas, precisó que si esta idea persiste, se mantendría el sistema injusto y arbitrario y que desde 1981 perjudica a nuestra universidad, al recibir junto a la U de Magallanes, de Atacama y Los Lagos, el más bajo Aporte Fiscal Directo.
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