Acogen amparo por control masivo de identidad registrado en Tribunales

Héctor Mérida/ El juez de Garantía Ricado Leyton acogió a tramitación el Amparo presentado este viernes por la Defensoría Regional de Tarapacá, debido a la realización de controles de identidad masivos en los accesos a los edificios de la Corte de Apelaciones, Tribunal de Garantía y Oral en lo Penal. Allí se verificaban los antecedentes de toda persona que quería ingresar a los recintos de Justicia, revisando su carné de identidad con un escáner de manejo remoto.

El magistrado ordenó oficiar a Carabineros, como parte de las diligencias para investigar los antecedentes del caso.
“Efectuar un control de identidad masivo, como el que se realizó durante toda la mañana de este viernes, es algo ilegal, que limita la libertad de desplazamiento de las personas, por lo cual pedimos que se restableciera el imperio del derecho”. Así lo puntualizó el Jefe de Estudios de la Defensoría en Iquique, tras gestionar dicho recurso ante el mencionado magistrado.

Tal actividad duró por casi tres horas y la verificación de los antecedentes personales se aplicó a todas las personas que llegaban a los edificios.

El personero explicó que la ley faculta a las policías a realizar dicho control de manera selectiva, “sólo si se cumplen alguno de los requisitos que especifica el texto legal, por lo que efectuarlo a toda persona que quiere entrar a un recinto de un servicio público no cumple con esa exigencia”.

El artículo 85 del Código Procesal Penal especifica que se podrá “solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad”.

“Aquí hubo una garantía fundamental vulnerada por un procedimiento policial, que excedió las facultades que la ley otorga para estos fines, lo que transforma, a nuestro juicio, en ilegal y arbitraria dicha actuación”.