CORES contraatacan: 48 horas de plazo le dieron a Intendente Cartes, para que presente querella en caso del Senador Rossi
CrónicasDestacado 19 marzo, 2015 Edición Cero
Los 8 consejeros regionales que votaron mayoritariamente para que el Intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes, presente una querella contra quienes resulten responsables en el caso que involucra al Senador Fulvio Rossi, le dieron 48 horas para que cumpla el mandato del Consejo, Hay que recordar que el parlamentario preside la fundación “Casa Abierta” que recibió el año 2013, 18 millones de pesos, provenientes a dineros fiscales, del 2% de Cultura, Deporte y Seguridad. Indican que de no iniciar las acciones legales, la primera autoridad regional caerá en desacato, por no cumplir con la moción de los consejeros “en un intento de encubrir eventuales ilícitos…”.
Así se expresa en una misiva, leída por el Consejero Espártago Ferrari, que fue difundida junto a los consejeros firmantes del documento, donde exponen sus argumentos. Invocan el Artículo 60 de la Constitución, donde se indica que “cesará en el cargo el diputado o el senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
Dice el texto que la inhabilidad referida tendrá lugar “sea que el Diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la cual forme parte”. El análisis jurídico, les permite a los concejeros que le corresponde al Intendente ser el órgano ejecutivo, el que debe ejecutar los actos que le encomiende el Consejo.
De allí que “resulte inexplicable para estos consejeros y la opini´0on pública, que habiéndose acordado presentar una querella contra quienes resulten responsables de haber entregado en forma absolutamente ilegal, recursos públicos a la Corporación Casa Abierta, el Sr. Intendente, a quien le corresponde ejecutar el referido mandato, se niegue a ello, infringiendo sus obligaciones de ejecutar los acuerdos del Consejo Regional, y cautelar el patrimonio fiscal”.
Y lo conminan para que ordene que el asesor jurídico redacte una querella criminal contra los funcionarios públicos que resulten responsables de los hechos descritos.
Y más aún, señalan que de seguir con su conducta “ésta podría ser interpretada como un intento de encubrir eventuales ilícitos de los empelados públicos comprometidos, lo que por sí constituye un ilícito; incurriéndose, además, en el delito de desacato a la autoridad”.
Y rematan que el próximo paso, es recurrir a la Contraloría General de la República, a quien le corresponde intervenir en los actos de los servicios públicos. Tampoco descartan acciones judiciales.
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