Solidaridad preventiva ante los desastres naturales
Opinión y Comentarios 21 abril, 2014 Edición Cero
Iván Vera-Pinto Soto/ Antropólogo Social, Magíster en Educación y Dramaturgo
La solidaridad debe entenderse como la capacidad para sintonizarse socialmente con todos los desamparados que sufren, aquí o allá, realidades de violencia, dolor y sufrimiento social. Es símbolo de unión entre los seres humanos, de ayuda y de crecimiento en conjunto. Es una necesidad universal y connatural a todas las personas; un proceso cotidiano y espontáneo de dar y de recibir dentro de una comunidad.
Ser solidarios significa apoyar directamente a los más necesitados y débiles. A la par, comprometerse en acciones que permitan coadyuvar los cambios sociales que beneficien a los ciudadanos que viven situaciones de apremio e injusticia social.
Se dice que los chilenos somos solidarios, especialmente en los desastres naturales: terremotos y maremotos. Que todos los años nuestro corazón se “agiganta” para ayudar a los niños que sufren alguna limitación física o mental. Que somos buenos para colaborar en cuanta colecta pública se invente. Que somos generosos para mantener a decenas de instituciones con nuestro aporte voluntario. Que jamás objetamos a las empresas comerciales para que nos sumen en nuestras compras un aporte voluntario, en socorro de muchos necesitados y desamparados. Aunque en este último punto también sabemos que las mismas empresas se benefician con estos aportes en sus declaraciones de renta anuales. En todo caso, se dice tantas cosas positivas de nuestro comportamiento social en este tópico que resulta hasta majadero repetirlo.
No voy a poner en duda la actitud solidaria de las personas ni siquiera voy a relativizar sobre la creación de instituciones benefactoras que pululan en nuestro país. Lo que sí me preocupa es la falta de capacidad del Estado para cumplir con su papel protector de todos los ciudadanos que habitan esta nación. Digo esto porque si bien entendemos que siempre los recursos económicos son limitados para responder a todas las necesidades y demandas de los ciudadanos; no es menos cierto que muchos de los problemas concretos y reales que experimenta la gente son atendidos directamente por otros hombres y mujeres que tampoco viven ninguna situación de holgura económica.
En otras palabras, el subsidio que entrega el Estado para los niños minusválidos, para los vecinos sin techos, para las personas que sufren cáncer, para los enfermos en general y para los infantes que han padecido algún accidente, entre otros, sigue siendo insuficiente y muy exiguo. Creo que si no fuera por el apoyo dadivoso de la comunidad, sería imposible poder amortiguar el dolor y la angustia que sienten en carne propia miles de chilenos y chilenas que están en esa triste situación. Es decir, la caridad se ha institucionalizado y el Estado solamente actúa como agente complementario y supervisor de la gestión ciudadana. Y lo que es peor, muchas veces ese mismo Estado, representado por sus autoridades, tampoco sabe escuchar las necesidades y sufrimientos de los demás. Basta revisar las noticias locales sobre las opiniones ciudadanas y las protestas ocurridas por el desamparo de muchos pobladores iquiqueños para confirmar esta aseveración.
En cuanto al tema de los desastres naturales, calamidades y siniestros cotidianos que sufrimos reiteradamente, podemos sostener que realmente en muchos casos no podemos intervenirlos ni controlarlos, sin embargo, sí podemos generar planes y programas para minimizar los funestos efectos, básicamente entre los más pobres. Hoy más que nunca, es urgente tomar determinaciones políticas que anulen las desigualdades sociales que aún subsisten en el país, para reducir la vulnerabilidad de quienes existen en situación de alto riesgo social, pues en los siniestros periódicos que sufrimos quedan al descubierto la pobreza y la miseria que aún subsisten en nuestra nación.
Indudablemente, todas estas terribles catástrofes que genera la madre tierra nos deben motivar a prevenir la vulnerabilidad ¿Por qué esperar que se inunde una zona, que un puente se derrumbe, los ríos se desborden o las casas se desplomen? ¿Por qué no aplicar una solidaridad preventiva? Si vivimos en un país amenazado por terremotos, nos podríamos conmover para que los daños y pérdidas de vida sean lo menos posible.
No podemos esperar que ocurran las desgracias para dotar al país de un sistema de detección de terremotos y maremotos como los que tienen otros países desarrollados (Estados Unidos y Japón). No podemos consentir que se sigan construyendo viviendas que no cumplen con las exigencias estándar para resistir de manera eficiente los fenómenos telúricos, especialmente las de carácter social. Tampoco podemos permitir que vivan pobladores en zonas sísmicas y en construcciones precarias, mientras que existen medios técnicos para evitar que estos fenómenos naturales provoquen pérdidas sociales. Del mismo modo, no podemos autorizar que se sigan construyendo en el borde costero edificios potencialmente peligrosos para la población, tal como ocurre aquí en Iquique. ¿Cómo es posible que sigan instalando clínicas médicas cerca del mar? Sumemos a colegios y edificios públicos funcionando en los terrenos de inundación. ¿Qué estamos esperando? ¿Que cuando venga un tsunami devastador recién tomemos medidas de prevención en todos estos temas planteados?
Es evidente que el sistema social de mercado es, en gran medida, el responsable de las calamidades sociales que se evidencian después de un terremoto; porque está basado en la búsqueda desenfrenada del beneficio y la rentabilidad de las empresas y no en las necesidades humanas, lo que provoca más y nuevos desastres, como los que vivimos en estos días asolados.
La solidaridad preventiva debe aplicar un plan educativo que enseñe a la población cómo actuar frente a estos eventos naturales para reducir la vulnerabilidad, practicar la solidaridad y la ayuda mutua. Si bien el fenómeno natural es inevitable, la comunidad, y en particular las familias, deben encaminar su gestión para impedir o por lo menos para menguar los daños y para favorecer las condiciones de la recuperación material y psicosocial de los afectados.
Los desastres piden ante todo una acción rápida, solidaria, lo más coordinada posible para que pueda ser eficaz. No basta con la instalación de señaléticas y la propagación de instructivos de cómo evacuar las zonas riesgos. Es clave una labor en donde las organizaciones gubernamentales y civiles asuman su responsabilidad de manera inmediata, en conjunto con el aporte solidario de toda la sociedad civil.
Es importante que las universidades, especialmente aquellas que cuentan con carreras de ingeniería civil y arquitectura, pudieran hacer un censo, asesorar y supervisar todo lo que se construye en este país sísmico por excelencia. Por otra parte, el gobierno y los organismos internacionales deberían financiar todas las medidas preventivas que sean posibles aplicar. Las alcaldías deberían tomar en serio los informes científicos que señalan la alta peligrosidad de seguir construyendo en la costa. Las empresas privadas debieran comprometerse a bajar los altísimos precios de los materiales de construcción para que la gente de menos recursos económicos tenga viviendas dignas. La idea es que no sólo se construyan más casas en Chile, sino que ellas estén en lugares seguros y no se caigan al primer remezón de la naturaleza.
Pero no solamente las eventuales calamidades naturales provocan un dolor indecible en los más necesitados y marginados; también la pobreza, la miseria, el desempleo, la falta de oportunidades educacionales, las deudas y la mala atención médica amputan la vida de muchos niños, jóvenes y adultos. Todas estas injusticias sociales mantienen en zozobra, en la desesperanza a quienes viven en esa peligrosa e indigna franja llamada “extrema pobreza”.
Ahora bien, si se mantienen las actuales condiciones de desigualdad e injusticia, lo único que nos queda es que la comunidad, por su alta sensibilidad social, actúe en lugar del Estado y el gobierno turno. Pero si seguimos por ese camino, entonces creo que vamos derecho a un abismo y, fatalmente, ese angustiado segmento social que incluye a los más necesitados, perderá todo atisbo de esperanza y, ¿por qué no?, se vea forzado a tomar en sus propias manos la forma de recuperar su dignidad y los derechos que el sistema imperante hoy les niega. ¡Mucho cuidado! Porque ese terremoto sí será mayor que los que hemos sufrido hasta ahora.