Juan Pablo Ortuño N. / Consejero Regional de Tarapacá
La región de Tarapacá es testigo del agotamiento de un modelo de crecimiento y modernización basado en una industria extractiva rentista de carácter intensivo. En el caso del cobre como industria principal, una caída sostenida y estructural -por cambio de modelo productivo- de la demanda China, se está traduciendo en una caída en los precios internacionales del metal, dada su condición de mayor importador del mundo. Por otro lado, desde hace a lo menos un lustro, se viene registrando un deterioro, también sostenido, en la ley de los yacimientos cupríferos, lo que eleva los costos de producción. Estos dos factores, de carácter estructural, unido a otras de corte más coyuntural, como los altos precios de la energía, están volviendo menos competitivo y rentable a este sector estrella de la economía chilena y regional, disminuyendo inversión, márgenes de ganancias y empleo.
Unido a lo anterior, hay otros dos sectores rentistas que se ofrecieron en distintos períodos de la historia como factores clave para la generación de riqueza en Tarapacá: la pesca y la Zofri. El primero de los ejemplos, hace tiempo que viene mostrando su agotamiento, dada la sobre-explotación del recurso, principalmente a manos de la industria pesquera productora de harina de pescado. Una situación que se ve agudizada tras la aprobación de la llamada «Ley Longueira», que permite la explotación hasta «en la milla», reservada históricamente a la pesca artesanal y como espacio de reproducción de la biomasa. En el segundo caso, la apuesta originaria de Zofri de ser un eslabón esencial en un modelo productivo de tipo «maquila», que se unía al puerto y se proyectaba al resto de América Latina, hoy se ve frustrado por una lógica inmobiliaria obtusa, que renunció a sus capacidades industriales y se conforma con maximizar una renta inmobiliaria a partir de la súper-explotación del suelo sujeto a franquicia tributaria.
Subyace a lo anterior, que el modelo político, económico e institucional de la Región de Tarapacá está en crisis. Modelo que además carece de legitimidad democrática, ya que fue impuesto desde el nivel central, y por lo mismo de adhesión social. Pero lo más relevante, es que se trata de un modelo que evidenció el absoluto fracaso de su promesa de desarrollo. En el mejor de los casos, el esquema económico aplicado se mostró eficaz como instrumento de crecimiento y acumulación, pero no de inclusión social, de mejoramiento de la calidad de vida de la población, de distribución del ingreso, ni de diversificación y sofisticación productiva. Por otro lado, la población sí debió sufrir las consecuencias negativas del modelo, como la contaminación, la caída en la calidad y disponibilidad del agua, el alza del costo de la vida y la saturación de servicios públicos precarios.
El agotamiento de este modelo económico territorial y la crisis de legitimidad del sistema político, hacen que las perspectivas de cambio sean hoy una realidad. Sin embargo, las características de ese cambio, dependerán de las correlaciones de fuerzas entre los principales actores políticos en la región, estos deben entender que Chile cambió y que se inicia un nuevo ciclo. Los desafíos del próximo Gobierno Regional es avanzar en la construcción de una Tarapacá con sentido colectivo para sus ciudadanos, que aglutine la fuerza social y política que abra paso a los cambios regionales que permitan construir una Tarapacá democrática, desarrollada, inclusiva, igualitaria y sustentable.