Despidos de funcionarios públicos se acentuaron: 11 mil personas fueron exoneradas

Diario 21 / Por María Cristina Prudant.- En sólo tres años y medio de Gobierno de la Alianza, más de once mil funcionarios públicos fueron expulsados de sus cargos en la administración pública. En 2009 Piñera era candidato y les aseguraba a los trabajadores estatales que conservarían sus empleos cuando él fuera presidente. Una vez que asumió, comenzó la expulsión de miles de ellos. Y eso no ha cesado. Primero el argumento fue que había que eliminar a los “operadores políticos” de gobiernos anteriores, pero después, a pesar de un acuerdo con la Anef, la razzia continuó. La administración de derecha ha llenado los cupos con nuevos funcionarios que están en línea con su gobierno.

os casi cuatro años de gobierno de Piñera han sido «muy difíciles» para los trabajadores del sector público, puesto que se ha producido una verdadera razzia en importantes ministerios y servicios. Hasta el momento la cifra de despedidos es inexacta, pero según dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ya alcanzan a más de once mil. Todavía falta contabilizar los de este año.

Los ministerios del Interior, Educación y secretaría general de Gobierno lideran el ranking de exonerados de la administración pública en los casi cuatro años de gobierno de la derecha. Si bien el objetivo de La Moneda era cambiar «operadores políticos» por «innovadores y emprendedores», desde el sector afectado aseguran que «sacaron a expertos y trajeron a gente joven y sin experiencia, pero ganando hasta tres veces el sueldo que percibían los que estaban antes».
La peor cantidad de «desvinculaciones», como las denominan en el gobierno, se produjo el primer año (2010), con 8.500 funcionarios.

La promesa que no se cumplió

Durante la campaña presidencial de 2009 los seguidores de Piñera, encabezados por su hermana Magdalena, recorrieron todos los servicios públicos entregando una carta para los trabajadores donde el postulante planteaba que había una campaña del terror del gobierno de Bachelet en el sentido de que cuando él llegara al poder habría muchos despidos. En la misiva aseguraba que eso no ocurriría y que, al revés, los funcionarios a contrata y honorarios regularizarían su situación.

Siendo ya presidente, Piñera se reunió en La Moneda con la directiva de la ANEF y se comprometió nuevamente a que no habría despidos en su administración y, por último, en abril de 2010 fue a una Asamblea Nacional de la ANEF donde, frente a 500 delegados, dijo que no se producirían expulsiones.

Todo ha sido letra muerta, tal como el acuerdo que se logró en enero de este año en una sesión especial en la Cámara de Diputados, a la que asistieron los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, para analizar los despidos en la administración pública. Entre otros aspectos, se aprobó que el funcionario que cesará en sus tareas debería ser notificado 90 días antes.

Según comentó a Cambio21 el presidente de los trabajadores de la ANEF, Raúl de la Puente, con esa circular Nº44 «hemos contenido varios miles de despidos. No hemos podido con todos, pero la labor nuestra, durante el gobierno de Piñera, ha sido de contención para evitar despidos y también la no pérdida de beneficios»

El dirigente precisó que «ellos tienen que enviar el 30 de noviembre las prórrogas de las contrata y no debieran arriesgarse a una denuncia en este sentido. Y por otra parte aún permanece vigente la circular 44 que, además, en la negociación de reajuste hemos dicho que queremos que se perfeccione, en el sentido que sea más imperativa y más vinculante el acuerdo de las partes que tuvimos».

Hay un antecedente relacionado con dicho acuerdo que De la Puente calificó de «histórico y bastante bueno». Explicó que «la ANEF presentó en la justicia (2013) una defensa de dos funcionarios del gobierno regional de Los Ríos, que habían sido despedidos. La Corte Suprema falló a favor de ellos y ordenó su reintegro en base a la existencia de la circular 44 de 2012. Dijo que era vinculante y debía cumplirse el compromiso de la autoridad si una persona bien calificada era despedida».

Para el sindicalista, no tiene explicación el hecho que despidan trabajadores y luego contraten a varios otros, como ha ocurrido en los ministerios de Educación, Economía y Obras Públicas. «Los honorarios que allí se han contratado son casi el doble de los que existían en monto. Y el número de trabajadores a honorarios ha crecido considerablemente, así como los a contrata».

En la actualidad en la administración pública el 61% de personal es a contrata; el 10% a honorarios y el 29% está de planta, la que se ha visto disminuida.

De la Puente manifestó que «el gobierno del presidente Piñera no cumplió un compromiso. Ellos dijeron, en carta enviada cuando candidato, que las contratas tendrían mejoramiento en su empleabilidad y estabilidad, situación que no ocurrió. En el primer año se despidieron 8.500 trabajadores. Por lo tanto, para nosotros esto es muy negativo. Nosotros estamos haciendo una presentación a la Nueva Mayoría para que se considere un plan de reparación para los exonerados despedidos en democracia».

Pequeños servicios damnificados

Este año en el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, que es un organismo pequeño y con pocos funcionarios, han despedido a siete trabajadores del nivel central y direcciones regionales, con el argumento de la «reestructuración». Sin embargo, para el presidente de los trabajadores, Yuri Gahona, «no han explicado detalles de esos despidos que resultan ser paradójicos, porque echan a uno y contratan a dos».

El dirigente comentó a Cambio21 que «los funcionarios del ministerio de Desarrollo y Previsión Social firmaron una declaración para que se revirtiera esta medida, el mismo documento que le presentamos a la directora, no obstante fue rechazado por la autoridad».

La ANEF informó que en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) también se han producido despidos y en Enaer se anunció el finiquito de 150 personas, lo que está en negociación entre la Asociación de Funcionarios y el Comité Ejecutivo.

A la hora de los balances Nury Benítez, vicepresidente de Negociación y Relaciones Gubernamentales de la ANEF, señaló que «los casi cuatro años de gobierno de Sebastián Piñera, para el mundo del trabajo, son una evaluación negativa y dolorosa. Somos uno de los sectores más golpeados del Estado, con casi 11.000 despidos que afectaron a sectores de los ministerios políticos, todo lo que es gobierno interior, intendencias, core, gobernaciones; los programas de derechos humanos y el Conace, son los más afectados, eso fue un desmantelamiento. Yo diría que en regiones y provincias se cambió a toda la gente, fue un golpe muy duro», señaló a Cambio21.

Una larga lista

Las instituciones públicas con más trabajadores despedidos son:
Ministerio del Interior: 1.000 (intendencias, gobiernos regionales, gobernaciones, seremías, Onemi, subsecretaría del Interior, subsecretaría de Desarrollo Regional, Conace y otros programas).
Ministerio secretaría general de Gobierno: 600 (subsecretaría, Chiledeportes, Senama y programas).
Ministerio de Educación: 900 (subsecretaría de Educación, Junaeb, Junji, Conicyt y Dibam).
Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplán): 600 (subsecretaría, Conadi, Fosis, Injuv, Sernam y Senadis).
Ministerio del Trabajo: 300 (subsecretarías, IPS, ISL, Dicrep, Sence).
Consejo de la Cultura y las Artes: 120.
Ministerio de Justicia: 150 (Sename y Gendarmería).
Ministerio de Agricultura: 400 (Indap, SAG, Comisión Nacional de Riego, Odepa e INIA).
Ministerio de Salud: 400 (subsecretaría autoridad sanitaria, subsecretaría de Redes Asistencias, seremías y Fonasa). No se considera a los hospitales por corresponder la afiliación de los funcionarios a otra confederación.
Ministerio de Obras Públicas: 200.
Presidencia de la República: 30

Indap ha sido arrasado

Toda una política de amedrentamiento contra los trabajadores del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) se ha producido durante el último mes, ya que a fines de noviembre se deben definir las renovaciones de los funcionarios «a contrata» o «a honorarios», que son casi el 80 por ciento del total.
Durante la administración del actual director nacional del organismo, Ricardo Ariztía, se ha realizado una verdadera razzia política en este servicio a través de todo el país. Más de 250 trabajadores han sido despedidos en estos tres años que lleva a cargo y cerca de 300 (también por razones políticas, obviamente de derecha) han sido contratados en su mandato.
A partir del viernes 29 los funcionarios podrán saber a ciencia cierta si siguen o no en sus puestos de trabajo, ya que es el plazo para que se les informe si sus contratos fueron prorrogados o no.

Según el presidente nacional de los trabajadores de Indap, Fernando Moraga, dijo a Cambio21 que «hemos sido reiterativos en rechazar los despidos de los funcionarios, todos calificados en lista uno. No entendemos cómo a funcionarios calificados por sus jefes en lista uno durante un año al final no se les renueva el contrato. Ni tienen sumarios ni ningún tema que lo fundamente».

El dirigente recordó que el despido de los empleados públicos es «más terrible», porque no hay indemnización. «Es lamentable, es trágico» concluyó.

La carta de Piñera a los funcionarios públicos

A través de una carta, Sebastián Piñera les prometió a los empleados fiscales que no habría despidos en su gobierno. Estos son extractos de dicha misiva:

«… Sé también que a muchos les han dicho que, de triunfar nuestra candidatura, los servicios públicos donde laboran serán cerrados, sus plantas disminuidas o ustedes, derechamente, despedidos».

«Todo ello es falso y constituye un abuso de poder y una campaña del terror que produce mucho daño a la administración pública y a nuestro país».

«En primer lugar, en nuestro futuro gobierno todos los funcionarios públicos -ya sean de planta, a contrata u honorarios- serán respetados en sus derechos, dignidad y promovidos en función de sus méritos. Pero no sólo respetaremos su carrera funcionaria. Queremos ir mucho más allá: vamos a mejorar la situación contractual de los funcionarios públicos que realizan labores permanentes y que en más del 50% de los casos lo hacen con contratos precarios que expiran cada año y que los dejan expuestos a los abusos de las autoridades de gobierno»…

«En segundo lugar, terminaremos de una vez por todas con el cuoteo y la repartija de cargos de exclusiva confianza y seremos implacables con los operadores políticos (…) que se dedican a ejercer influencias para satisfacer intereses partidistas o incluso personales, y tienen sueldos muy superiores a los de los funcionarios de carrera».

«Sin complejos»

A poco de iniciado el actual gobierno, el senador Alberto Espina pidió «acelerar» el proceso de despidos de funcionarios que no eran afines al gobierno de Piñera.

«Debemos enfrentar este tema sin complejos, defendiendo el derecho a realizar cambios para mejorar la gestión del gobierno. Por lo mismo, plantearé acelerar el proceso de cambio de funcionarios que son operadores políticos de la Concertación o que no comparten el programa de gobierno del presidente», dijo.

Asimismo, el recién electo senador Andrés Allamand (RN), creador de la teoría del desalojo, ya había dicho en 2009 que los funcionarios del gobierno de Bachelet iban a tener que buscar trabajo desde marzo de 2010.