Crítica al Paradigma Cultural Nacional

Iván Vera-Pinto Soto / Antropólogo Social, Magíster en Educación y Dramaturgo

Hace una semana publiqué una reflexión provocativa denominada “¿Qué pasa con la cultura en Iquique?” En ella cuestiono inicialmente la falta de interés y compromiso de la autoridad del Consejo de las Artes y la Cultura local por resaltar una fecha  tan importante como es la conmemoración de los 40 años del fallecimiento de nuestro Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Más aún, considerando que el propio Ministro de Cultura hizo un homenaje en Valparaíso. Este olvido es un muy lamentable. Aunque no es de extrañar, pues esta indignante situación se repite a nivel nacional con otros artistas emblemáticos, como lo son Violeta Parra, Víctor Jara, Gabriela Mistral, Luis Advis y Vicente Huidobro, por citar algunos.

¿Por qué algunos personeros de la actual institucionalidad cultural olvidan a estos artistas que no sólo fueron geniales creadores en el arte nacional y universal, sino también exhibieron un discurso social en defensa de los derechos de los trabajadores? La verdad que en este punto queda una preocupante interrogante o más bien da para elucubrar una lectura abierta. ¿Será por razones políticas o ideológicas que no se considera en la parrilla programática a estos artistas? ¿Por qué no se hace memoria de ellos, al igual como se procede con los héroes militares? ¿Acaso el olvido no es una forma de invisibilizar sus creaciones y sus utopías por un mundo mejor?

Cuando planteo este cuestionamiento, lo afirmo con absoluta honestidad. No me moviliza intereses personales ni responde a subjetividades de un gestor cultural molesto porque no asiste una autoridad a presenciar sus trabajos escénicos, pues la ausencia de la señora Díaz (Directora del Consejo de Cultura y las Artes) en nuestro espacio teatral fue una constante en todo su mandato, así como también de otras autoridades de las áreas de educación y de adultos mayores, quienes brillaron por su ausencia. Bueno, ese es un tema de baja monta. Es más recomendable elevar el debate.

Centremos la discusión en los argumentos de fondo, puesto que los ciudadanos se ven cotidianamente confrontados a problemas que exigen soluciones inmediatas en los ámbitos sociales y culturales.

En otros documentos publicados anteriormente (“La cultura como palanca de desarrollo social”  y “Reflexión sobre las políticas culturales”), basados en conferencias y seminarios de expertos internacionales en políticas culturales,  sostengo que toda política de desarrollo nacional y regional debiera ser profundamente sensible a la cultura misma. Esto implica que los organismos estatales responsables de este ámbito generen nuevos canales de comunicación con otros sectores de desarrollo del gobierno con el propósito de proveer de sentido a las políticas públicas, como también para establecer articulaciones que procuren la comprensión del desarrollo como un proceso cultural.

Ahora bien, si examinamos el panorama nacional podemos inferir que el sector cultural tiene poca o casi nula capacidad de influencia sobre las políticas de desarrollo. Por lo demás, no existen indicadores suficientemente adecuados para medir y evaluar el impacto de las políticas culturales que se han elaborado a nivel de cúpulas de poder. Es claro que las políticas culturales generadas en los últimos tiempos por el Estado chileno aún no logran consolidarse como políticas públicas, aunque se puede reconocer algunos avances en relación a dos decenios atrás. Por lo mismo, podemos concluir que en la medida que el sector cultural se fortalezca podremos garantizar que la cultura determine el rumbo del desarrollo y que, además, la cultura se configure como eje articulador de todas áreas de desarrollo. Tampoco podemos hablar de desarrollo si no utilizamos el potencial de la memoria (de ahí mi crítica a olvidar a Neruda en el mes de septiembre) y lo ponemos al servicio de la calidad de vida de todos los habitantes de un territorio, de la creación y la producción de conocimientos. Al hablar de desarrollo tenemos que garantizar la protección de los derechos culturales y la generación de prosperidad económica y social para todos los ciudadanos.

Es indudable que a nivel global las políticas culturales locales, basadas en los valores intrínsecos de la cultura (creatividad, conocimiento crítico, diversidad, memoria, ritualidad…), son cada vez más importantes para la democracia y la ciudadanía.

En ese contexto, puedo sustentar que la institucionalidad cultural actual, aunque pueda exhibir un impresionante registro de actividades y eventos realizados, éstos aún no logran sustentarse en estrategias nacionales ni regionales que le den trascendencia e impacto significativo en la población. No basta jactarse de la existencia de Fondos Concursables o de una programación repleta de acciones y personajes relevantes que estuvieron invitados para intervenir en una tarea determinada; es más substancial establecer estrategias que propendan a la  evolución de ciudades creativas, esto supone introducir nuevos lineamientos en los esquemas organizativos y de funcionamiento de los modelos de gestión urbana, con el fin de conseguir un desarrollo urbano sostenible para todos los ciudadanos, ligados a valores culturales representativos del país y de cada región. Esa debe ser la principal labor gerencial en cultura de un representante de este estamento.

Por otro lado, de los miles de proyectos culturales realizados no tenemos la certeza que todos ellos  hayan contribuido a coadyuvar los cambios sociales y culturales que demanda la población nacional y regional. ¿Qué ha faltado?  Indudablemente claridad y ausencia de un fin concreto, objetivo y cuantificable.

Existe la dificultad básica de la evaluación de las políticas culturales, no obstante el alto consenso en la finalidad de ‘servir al interés general’ que dicho proceso tiene. Los expertos en el tema saben perfectamente que existe una ausencia de evaluación de la acción pública en cultura. Ella es una importante herramienta de gestión, un sistema de monitorización que valora los resultados e impactos de los programas que se han desarrollado, y determina lo que se ha hecho y cómo se ha hecho a partir de una planificación democrática.

Debo reconocer que la cultura de la evaluación de las políticas públicas en Chile es un tema complejo, toda vez que no existe consenso entre los especialistas sobre la real vocación del sistema público chileno a examinarse con ojos críticos. Por lo demás, pareciera ser que la evaluación realizada hoy en nuestro país contempla una adecuada atención al control de gestión, pero se observa mayor debilidad en la evaluación de impacto.

En esa misma línea, Cristian Antoine (2011) en “Control y evaluación de la políticas culturales en Chile”, afirma: “No existe un sistema efectivo de medición, seguimiento y difusión de las iniciativas realizadas con los Fondos Concursables, es decir, un seguimiento posterior de los proyectos beneficiados con dichos fondos. No existe una evaluación de los proyectos tanto en su rentabilidad económica, como en su impacto social. Con respecto a la evaluación de las rendiciones de los proyectos a nivel económico existe una demora sustancial en la entrega de certificados de rendición, dejando a los beneficiarios inadmisibles para postular a otros proyectos en el área. La evaluación en la rendición de los proyectos sólo se realiza a nivel económico sin medir la calidad de los contenidos y la difusión de los proyectos, así como su impacto en la comunidad. En cierto sentido, es equivalente a decir que el Estado entrega recursos, pero no sabe qué se hace con ellos, más allá del gasto”.

Otro aspecto crítico es la denominada “democracia” que dice propugnar la actual institucionalidad cultural. Se señala que la participación ciudadana se da a través de la existencia de “delegados regionales de cultura”, quienes periódicamente analizan y proponen nuevas ideas que retroalimentan al sistema. Pregunto: ¿Son verdaderamente representativos aquellos encargados de todo el universo y de los intereses de la población de una región?  Aclaro que no tengo elementos de juicio para dudar de las competencias y habilidades de los profesionales que participan, sino más bien me refiero a si estos personajes cuentan con un importante respaldo social que los ampare y les dé real representatividad (más aún cuando la cultura es acepción mucho amplia y totalizadora que el concepto de Bellas Artes).

A buen observador podemos identificar que ellos no representan a las Juntas de Vecinos, a los sindicatos, a las agrupaciones sociales y culturales autónomas, a los movimientos sociales y al ciudadano común y corriente que está divorciado socialmente de estos temas.  A todas luces, se prefiere mantener la dinámica en donde las elites (intelectuales, burócratas y “expertos”) deciden lo que debe o no hacerse en este ámbito. Por lo demás, nadie puede desmentir que la participación real y organizada de los ciudadanos es muy tímida y casi nula hasta hoy, porque no existen los canales, mecanismos y voluntad política para hacerlo.

Ante el panorama descrito, sustento – a modo de propuesta – cambios del actual paradigma cultural, planteamientos que están fundados a partir del estudio de experiencias de otras latitudes y del conocimiento teórico y empírico de nuestra propia realidad.

A continuación sintetizo algunos tópicos en términos de acciones para la discusión posterior:

1.- Transformar la actual estructura cultural paternalista, verticalista y burocrática, por otra democrática, popular y regionalista.

2.-  Democratizar la cultura, es decir que todos los estamentos sociales (sindicatos, juntas de vecinos, agrupaciones sociales y culturales) tengan representativa efectiva y real.

3.- Exigir más recursos para la cultura, pero no para tener más burócratas, sino para instalar obras que beneficien a todos, en especial a los sectores sociales  postergados socialmente de la cultura (pobladores, niños, jóvenes y adultos mayores).

4.- Crear un Plan Estratégico Cultural Regional, levantado desde las bases y no de las oficinas de los funcionarios de turno, que incorpore los sueños y demandas de todos y todas las personas de este territorio.

5.- Contar con subvenciones permanentes para aquellas instancias y hacedores que tienen un accionar sistemático y relevante en la comunidad. Las creaciones culturales no pueden vivir de miserables dádivas del Estado.

6.- Alcanzar la democratización cultural, en otras palabras,  que se difunda y proyecte la cultura y el arte más allá de los “templos de la cultura” y se genere nuevos productos culturales en los mismos espacios donde el hombre vive y trabaja; creando en el seno del mismo pueblo propias instancias de estudio, creación y proyección.

7.- Demandar a las autoridades que se funden Centros de Formación y Perfeccionamiento Artístico Regional, en donde se dicten cursos sistemáticos y regulares, postítulos, postgrados, seminarios, congresos, diplomados para todos los artistas y gestores culturales. Este es, sin duda, el mejor camino si queremos nivelarnos para arriba y no seguir privilegiando el “activismo cultural” ni la dictación de capacitaciones menores que se pierden en el tiempo y que sólo benefician a muy pocos.

A pesar que tensionen a algunas autoridades mis asertivas declaraciones, creo que todos los ciudadanos, como sujetos sociales,  tenemos el derecho apelar a los funcionarios del Estado que hagan con calidad su pega y, en definitiva, que en un futuro cercano sean los mismos trabajadores de la cultura y el arte quienes dirijan este barco de una vez por toda, pues las actuales autoridades están preocupadas mayormente de administrar fondos estatales y no de provocar los cambios pertinentes y sustanciales que se requieren en el actual escenario histórico y social que vivimos.