30 de octubre de 1973
Opinión y Comentarios 28 octubre, 2013 Edición Cero
Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación
Este miércoles 30 de octubre, se cumplen 40 años del asesinato de los cuatro más altos dirigentes del Partido Socialista de Chile (PS) en la región. El crimen fue en las afueras del cementerio de Pisagua, muy cerca del campo de concentración que se levantó allí luego del golpe de estado, tras una horrenda farsa judicial.
Las acusaciones fueron redactadas por el fiscal de aquellos juicios, Mario Acuña, un juez local que, poco después del golpe, fue expulsado del Colegio de Abogados, por cargos del mismo calibre que era investigado hasta el 11 de septiembre de 1973. Acuña se encontraba en ese aprieto por graves sospechas de corrupción -contrabando y narcotráfico – en el ejercicio de su cargo, levantadas en su contra por el Consejo de Defensa del Estado, presidido por Julio Cabezas, prestigioso abogado que ocupaba ese cargo exclusivamente en razón de su carrera profesional.
Por supuesto, luego del golpe, Acuña procuró y consiguió el fusilamiento de Cabezas. No era difícil, el juez general de esos juicios era un personaje aun más siniestro que Acuña, el general alemán-chileno Karl Forestier Haensgen, confeso nazi, cuya fama de sed de sangre y crueldad traspasó nuestras fronteras. Por lo años 80, Forestier no había logrado hacer carrera de ninguna especie durante la dictadura, y, disgustado con Pinochet, terminó sirviendo, por dinero, al empresario de armas Carlos Cardoen, a la sazón enredado en oscuros líos con la dictadura por la fabricación de las terroríficas bombas de racimo, hoy prohibidas por las Naciones Unidas, para todo tipo de guerras.
Los cuatro dirigentes asesinados aquel 30 de octubre eran Freddy Taberna, de 30 años; José Sampson, de 32,secretario de Organización del PS, y director de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad, hombre honesto y querido por todos, conocido actor de teatro y luchador social; Juan Antonio Ruz, de 32 años, conocido hombre público, presidente del entonces “Frente Para el Progreso de Iquique,” una agrupación civil que reunía a los dirigentes de todas las organizaciones sociales, laborales y empresariales de la región, y, además, concejal de la Municipalidad de Iquique.
El cuarto dirigente socialista asesinado era Rodolfo Fuenzalida, piloto profesional de aviación, empleado como tal en las industrias pesqueras de entonces. De manera totalmente gratuita y desinteresada, Fuenzalida instruyó en la conducción de aviones y helicópteros a personal de organizaciones civiles y militares. Un quinto dirigente socialista, Germán Palominos, también iba a ser fusilado ese día, pero su muerte fue postergada por un mes, para no escandalizar demasiado a la Cruz Roja Internacional y a la prensa mundial, que por entonces ya narraban al mundo, por vía radial, lo que sucedía en el país. Palominos era un esforzado obrero carpintero, socialista de base y destacado dirigente poblacional.
Como todos los demás asesinados, era un honesto jefe de hogar que sostenía a su familia con su trabajo. Mezcla de asesinato político y estupidez, el cargo hecho contra aquellos dirigentes fue “Traición a la Patria.” Freddy Taberna, que presidía el PS regional, era, hasta el el día del golpe de estado, el Jefe de la Oficina Regional de Planificación y , sin duda, el más conocido de los dirigentes del PS. Provenía de una familia pobre de pescadores artesanales del barrio El Morro, y sólo por su inteligencia y tenacidad llegó a la Universidad, titulándose de geógrafo en 1967. Su primer trabajo se lo encomendó el gobierno de Eduardo Frei Montalva: integrar el equipo de geógrafos que debía trazar los límites de Chile con Argentina en la disputa por Palena.
Freddy vadeó ventisqueros, atravesó glaciares y finalmente hizo esos mapas. Chile ganó el laudo arbitral, y por esa sola razón, esa zona es hoy parte de nuestro territorio. Sin embargo, Taberna, al igual que Sampson, Ruz y Fuenzalida, fue acusado de traición a la patria, y por ese cargo, fusilado. Obedeciendo las órdenes de los verdaderos traidores de entonces, Acuña tejió una maraña de descabellados cargos para justificar esos fusilamientos, y obligó a los prisioneros, en estado de torturados, a firmarlos con amenazas de muerte para sus familias. Aun así, cometió un error jurídico.
Para decretar una pena de muerte en “tiempos de guerra,” según lo ordenaba la propia ley entonces vigente, era preciso la unanimidad del tribunal militar. Uno de sus miembros, el Mayor de Ejército Enrique Synn, no se dejó amedrentar y dejó constancia de su oposición a los fusilamientos, lo que bastaba para que no se produjeran.Esperamos que se reviva este caso, aunque hayan pasado cuarenta años. Por lo menos, los miembros de ese infamante consejo de guerra que aún viven, deben responder por esa vil felonía.