Hijos de víctimas de DDHH: Caso Cheyre deja de manifiesto mayor deuda pendiente de la dictadura

Cambio 21/ Por María Elba Troncoso.- Imagínese un niño de 4 años, aferrando la mano de su hermanita de menos de dos, en una plaza de un país desconocido, lejos de sus padres, a los que días antes vio por última vez boca abajo en el suelo encañonados por soldados.

Estos recuerdos son parte del relato que hizo aCambio21 Anatole Larrabeiti, sobreviviente de la fatídica Operación Cóndor, destinada al exterminio de detractores de las dictaduras latinoa-mericanas.

El joven, ahora fiscal chileno, es hijo biológico de los uruguayos Victoria Grisona y Roger Julien (secuestrados y hechos desaparecer por la dicta¬dura argentina el 26 de septiembre de 1976), y el primero de los 109 niños encontrados según la justicia trasandina.

Justamente el último de estos también es un caso chileno. Pablo Germán Athanasiu Laschan, hijo del matrimonio chileno integrado por Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara, quien recuperó su identidad en julio tras un examen de ADN.

Sus padres estaban exiliados en Argentina cuando fueron secuestrados en el marco de la Operación Cóndor. Como muchas otras víctimas, fue inscrito como hijo propio de un matrimonio ligado al régimen. Su padrastro está detenido por una causa relacionada con crímenes de lesa humanidad.

Otro caso esclarecido en Argentina, que tiene en la actualidad en cuestionamiento al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, es el de Ernesto Lejderman, un niño de sólo dos años y medio cuyos padres fueron acribillados ante sus ojos en la cordillera de la cuarta región y que fue llevado por el ahora renunciado director del Servel hasta un convento en La Serena.

Distante de esa realidad, en Chile ni siquiera se ha podido confirmar el nacimiento de alguno de los nueve casos de mujeres embarazadas cuyo destino se desconoce.

Ni siquiera hay juicios

La presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmó que en nuestro país no hay juicios por secuestro de niños y que «al igual que en las otras causas de derechos humanos, las autoridades actúan con total indiferencia y falta de voluntad».

Entrevistada por Cambio21 dijo que los casos de Argentina ponen los ojos en cómo nuestro país debería enfrentar las violaciones a los derechos humanos. «El caso Athanasiu tiene que entenderse como una señal de que en Chile no podemos seguir soportando más esta impunidad».

Agregó Pizarro que «esto tiene que ver con la realidad de un país que ha estructurado su transición en base a la indiferencia y la impunidad. Una sociedad que tiene conciencia de que en nuestro país se violaron los derechos humanos y que esto no puede volver a ocurrir, pero a la que los elementos se les han entregado de a poco y por lo tanto es una sociedad que se va conmocionando e impactando en la medida que gota a gota le van entregando la verdad, porque los que tienen el poder han manejado todo, incluso los medio masivos».

Se mostró asombrada porque «el tema del terrorismo de Estado se maneja con una liviandad y una relativización que en cualquier país del mundo hubiera dado vergüenza», al contrario de lo ocurrido en Argentina, donde «hay que reconocer al gobierno de Néstor Kichner, que llegando al poder asumió una responsabilidad como mandatario, impulsando la nulidad de la ley de amnistía». Recordó que incluso sacó los retratos de violadores a los derechos humanos de los regimientos.

Agregó Lorena Pizarro que «estos gestos nunca se hicieron en Chile, porque siempre se ha relativizado el tema. Allá hubo voluntad política de avanzar en una dirección distinta, entendiendo que la responsabilidad del gobierno en el ‘nunca más’ es absoluta y que por lo tanto parte de eso es que la verdad se devele y no andar con dobles estándares diciendo que las responsabilidades son compartidas, porque el terrorismo de Estado no puede ser justificado. Pero incluso hemos tenido que aguantar que durante este gobierno se haya hecho apología del terrorismo. Los homenajes a Krasnoff y Pinochet demuestran que en este país no ha habido ninguna voluntad política para avanzar».

Para el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto, más allá del número de causas, «la realidad es muy distinta que en Argentina, porque en Chile no hay antecedentes de apropiación de los hijos de los desaparecidos», por lo tanto no existen juicios más allá de las causas relacionadas con las madres.

«Lo que si sabemos son los casos de mujeres que estaban embarazadas, pero no hay certeza de ningún niño nacido en cautiverio y tenemos muchos casos de mujeres que producto de los apremios, sufrieron un aborto», afirmó consultado por Cambio21.

En ese sentido reconoció que un tema pendiente es la violencia sexual. «Tenemos una deuda genérica, con la sexualidad y con la vida futura de quienes no pudieron nacer. Uno puede entender que se ha avanzado en algunos campos de las investigaciones, pero hay temas en los cuales tenemos un déficit enorme. En temas como abuso sexual y violaciones, falta mucho todavía. Tenemos una gran deuda de la justicia, de la sociedad chilena con todo ese padecimiento que va mas allá de la simple violación, sino que deja secuelas permanentes»,

 El secuestro de las embarazadas

 En Chile hay más de 40 mil víctimas de la dictadura, de las cuales más de 3000 murieron o fueron hechos desaparecer por agentes del Estado. Se sabe de 75 casos de mujeres detenidas desaparecidas, nueve de ellas estaban embarazadas. También hay cuatro mujeres encintas que fueron ejecutadas y un número indeterminado de abortos de jóvenes que fueron víctimas de violaciones por parte de sus secuestradores o que estaban embarazadas al momento de su detención.

Todas las que aún permanecen desaparecidas eran jóvenes menores de 30 años, que en total dejaron siete hijos huérfanos. Seis de ellas fueron arrestadas con sus parejas.

– Cecilia Bojanic Abad. Estaba embarazada de cuatro meses y medio cuando el 2 de octubre de 1974 fue sacada de su casa por agentes de la Dina y llevada junto a su hijo de un año y medio hasta la casa de su hermana, donde apresaron a su esposo Flavio Oyarzún Soto y abandonaron al menor. Ambos fueron llevados a José Domingo Cañas y luego a Cuatro Alamos, desde donde desaparecieron.

– Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Con ocho meses y medio de embarazo, el 15 de diciembre de 1976 fue interceptada en plena vía pública por sujetos que la redujeron y la metieron violentamente a un auto. En este caso, testigos reconocieron a Roberto Fuentes Morrison, alias «El Walli» entre sus captores. Informes de la causa señalan que murió víctima de torturas, pero no hay indicios de destino del hijo que engendraba.

 – María Cecilia Labrín Saso. Tenía sólo dos meses de embarazo cuando fue detenida por la Dina el 12 de agosto de 1974, en presencia de su madre y sus hermanas y trasladada a la 23 Comisaría de Carabineros de La Reina. Testimonios confirman que estuvo en Londres 38, donde fue torturada y luego trasladada a Cuatro Alamos. Su madre murió afirmando que había antecedentes concretos del parto de su hija.

 – Elizabeth Mercedes Rekas Urra. Fue detenida junto a su esposo el 26 de mayo de 1976 cuando tenía cuatro meses de gestación. De acuerdo a testimonios de fugados de la ex Colonia Dignidad, habría sido trasladada al reducto alemán.

 – Jacqueline Droully. Fue detenida el 30 de octubre de 1974, con tres meses de embarazo. Según antecedentes de Amnistía Internacional, el gobierno alemán e Investigaciones, formó parte de los 119 detenidos desaparecidos que habrían estado en Colonia Dignidad.

– Gloria Esther Lagos Nilsson. Estaba embarazada de dos meses al momento de su detención en su domicilio, el 26 de agosto de 1974, en presencia de uno de sus otros tres hijos, de sólo 10 años. Se sabe que estuvo en Cuatro Álamos.

– Michelle Marguerite Peña Herreros. Estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue detenida el 20 junio de 1975 por agentes de la DINA. Hay antecedentes imprecisos de un eventual alumbramiento en la maternidad del Hospital de la Fach. Se sabe que estuvo en Villa Grimaldi.

– Nalvia Rosa Mena Alvarado. Tenía tres meses de embarazo cuando fue detenida por la Dina junto a su esposo, Luis Emilio Recabarren González, su cuñado y su suegro, el 29 de abril de 1976. Ella y su hijo de un año y medio pasaron a buscar a su marido a su trabajo siendo interceptados por un grupo de sujetos que la golpearon hasta dejarla inconsciente. El menor fue abandonado cerca de su casa por un sujeto que se movilizaba en taxi.

– Gloria Ximena Delard Cabezas. Fue apresada el año 1977, luego que su padre lograra sacarla del país. Tenía tres meses de embarazo y otros tres hijos dos de los cuales fueron enviados a orfanatos y otra quedó bajo la protección del obispo de Neuquén. Ex presos políticos señalan que Gloria y su esposo fueron llevados al centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

A estas víctimas hay que sumar las detenidas que fueron asesinadas: Beatriz Elena Agüero de 26 años; Sonia Norambuena Cruz de 34; Alva Guida Grandón de 29 y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez de 26, todas ejecutadas.
La violencia sexual y los abortos

Diana Frida Aron Svigilsky, egresada de Periodismo de 24 años, fue detenida por agentes de la Dina el 18 de noviembre de 1974 en avenida Ossa en el sector oriente de la capital.

En la causa por su secuestro, tortura y desaparición, fue condenado Miguel Krassnoff, quien acumula penas por más de 140 años de cárcel. Un testimonio recogido en el libro «Confesiones de un torturador» de Nancy Guzmán, detalla cómo el ex agente de la DINA actúo con especial encono contra la joven por su origen judío: «Krasnoff la agredió con tal brutalidad que le produjo una hemorragia, todo el suelo quedó con un charco de sangre que debe haber sido parte del feto que perdió por culpa de los apremios…Krasnoff salió de la sala de tortura con las manos ensangrentadas gritando, «además de marxista, la conchesumadre es judía….hay que matarla».

Así como este caso, son cientos las mujeres que fueron sometidas a abortos y vejámenes sexuales de toda índole, sin que sus casos sean conocidos y mucho menos condenados por la justicia.

Lelia Matilde Pérez Valdés, fue detenida el 24 de octubre de 1975 por agentes de la Dina y trasladada a Villa Grimaldi, desde donde fue conducida en varias ocasiones a Cuatro Álamos. Torturas, simulacro de fusilamiento, golpes continuos, ingesta de excrementos, quemaduras, violación, parrilla, colgamiento, teléfono, aborto provocado por golpes de puños y pies y continuamente ojos vendados, son parte de los antecedentes de su causa.

Accedió a conversar con Cambio21 sin entrar en los detalles más dolorosos de su cautiverio y como forma de llamar la atención sobre la necesidad de terminar con la impunidad en materia de violencia sexual.

«Cuando estuve detenida habíamos varias que teníamos pocas semanas de embarazo y perdimos nuestras guaguas. En algunos casos se produce el aborto por la violencia de los apremios, pero en otros como el mío, ellos deciden interrumpir mi embarazo. El contexto fue que yo presenté pruebas que no eran verdaderas y el aborto fue un castigo», recordó.

«Según mi experiencia, la tortura tenía tres componentes: información, disciplinamiento y castigo. En el primer caso es claro, me interrogaron para conocer datos, ubicar personas, etcétera. El segundo fue cuando con mi ímpetu de joven de 18 años me niego a decirles jefe y hay dos sesiones de parrilla hasta que lógicamente les digo ‘jefe’. El tercer caso, el castigo, es cuando comprueban que una información que les di no es real. En esa última categoría, al interior de Villa Grimaldi, amarrada a un gran ombú del jardín, se concretó mi castigo para provocar el aborto», señaló.

Lelia Pérez añadió que «nos descalificaron como mujeres y no sólo utilizaron nuestro cuerpo como una forma de asegurar su triunfo, sino como una manera de doblegar a los hombres. El concepto del uso del cuerpo de la mujer fue brutal y masivo, en las cárceles y en las poblaciones. Y la impunidad hace que este delito se perpetúe y se puede repetir».

Agregó que «por eso viendo la represión al movimiento social, que también utiliza la violencia sexual, varias dijimos basta, tenemos que hablar y tenemos que buscar que las leyes de nuestro país protejan a nuestras niñas y que efectivamente haya un castigo ejemplar».

Finalmente, señaló que «como Villa Grimaldi en conjunto con la Corporación Humanas estamos iniciando acciones para terminar con la impunidad por la violencia sexual con miras a que esto se tipifique alguna vez como un crimen de lesa humanidad».

El caso que botó a Cheyre

 Tenía sólo dos años, pero Ernesto Ledjerman Ávalos tiene vagos recuerdos del día en que vio morir a sus padres a manos de militares del regimiento Arica, de La Serena, el 8 de diciembre de 1973.

Bernardo Ledjerman Konujowska, y la mexicana María Avalos Castañera, junto al pequeño Ernesto estaban escondidos en la Quebrada de Gualliguaica, en el valle del Elqui, pero fueron encontrados por una patrulla militar y acribillados. Tras la muerte de sus padres, el niño quedó sólo en una mina abandonada, pero horas después fue entregado por el entonces capitán Juan Emilio Cheyre al convento de las religiosas de La Providencia, en La Serena, para que se encargaran del huérfano.

La versión oficial de la época fue que los padres de Ernesto se suicidaron dinamitándose, pero en 2007 el brigadier (R) Fernando Polanco Gallardo, y los suboficiales (R) Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola, fueron condenados a 10 años por el crimen.

testimonio de Anatole Larrabeiti Un niño secuestrado en la Operación Cóndor

 Ese 26 de septiembre, nos agarran adentro del departamento, hay una balacera. Yo tengo como recuerdo un fuego de colores, después veo la metralleta y el milico que nos apunta y nos separa de mi mamá. Después miro para atrás cuando alguien me lleva de la mano y a mi hermana en brazos. Están mis dos viejos en el suelo con las piernas y los brazos abiertos y los estaban apuntando, fue la última vez que los vi.

 El otro recuerdo que tengo es lo que se supone que es Automotores Orletti (uno de los centros clandestinos de detención del Ejército argentino), donde había mu¬cha gente y veía muchas piernas de gente que estaba mirando a mi hermanita que se bañaba en una tinita roja. Ahí paso al recuerdo del avión, con las montañas nevadas.

También tengo memoria de estar con tres mujeres en un hotel, yo jugando en el suelo y mi hermana en una cama, entraba un hombre en silencio y dejaba una bandeja.

Se supone que en este periplo vamos a Uruguay y después de nuevo a Argentina y después a Valparaíso. Ahí, un vehículo de vidrios polarizados nos deja en la plaza. Después de un rato el dueño de los juegos nos ve ahí y nos invita a jugar, pero pasó el día y la tarde y nadie nos vino a buscar, por lo que llamó a Carabineros y ahí nos llevaron al orfanato.
Mis recuerdos de este tiempo son aislados y no tengo ninguno que sea emotivo. Después durante mucho tiempo tenía accesos de rabia, pataletas muy fuertes sin razón. Recuerdo que si me frustraba por algo, tenía mucha pena y mucha rabia.

 Tuve que pasar por un largo proceso con un sicólogo y fue por él que tres años después, cuando nos encontraron nuestros abuelos, se determinó que si nos restituían a Uruguay yo iba a sentir como real una segunda pérdida y en base a ello mi abuela, con altura de miras, determina que nos quedemos acá, pero hubo una pugna muy grande.

Yo he declarado en dos grandes causas en Argentina, una contra los implicados en los crímenes de la automotora Orletti y la otra por secuestro de menores. Ahora se viene otra por el Plan Cóndor.

 26 niños asesinados

 El adolescente Sergio Alberto Gajardo Hidalgo, de 15 años, caminaba por una población de Santiago rumbo a la casa de sus tíos el 15 de septiembre de 1973, cuando fue baleado en la cabeza por integrantes de una patrulla militar. Sus familiares buscaron desesperadamente su cuerpo hasta 1991, cuando lo encontraron en una tumba NN del cementerio de Santiago.

Elizabeth Contreras tenía sólo 16 años y estaba embarazada cuando fue ejecutada por la policía tras hacerla correr, dispararle y arrojar su cuerpo al río Mapocho en octubre de 1973.

Alicia Aguilar Carvajal, tenía seis años cuando jugaba con sus hermanas frente a su domicilio y una patrulla abrió fuego indiscriminadamente el 18 de septiembre de 1973.

A los 13 años, Carlos Patricio Fariña Oyarce fue arrestado en la población La Pincoya por una patrulla compuesta por elementos del Ejército, Carabineros y la entonces Policía de Investigaciones. Sus restos fueron encontrados el año 2000 enterrados a 60 centímetros de profundidad en la esquina de Américo Vespucio con San Pablo. Sus osamentas tenían muestras de balazos y estaban quemadas