La deuda de la imprudencia y la clase

Ricardo Balladares Castilla, Sociólogo.-

Chile se está llenando de momentos en que la moral pública se revela como un espejo deformante. Este nos muestra aquello que queremos ver, pero distorsiona todo lo que nos incomoda. El tratamiento de la noticia y el caso del rescate en el Cajón del Maipo es uno de esos momentos.

Tres seres humanos—Manuel “El Chino” Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal— permanecieron seis días aisladas en la cordillera, desafiando restricciones y alertas meteorológicas. Al final fueron rescatadas con vida gracias a un operativo que movilizó a Carabineros, GOPE, Ejército, Bomberos, SAMU y funcionarios municipales. El costo del rescate se estima en más de $100 millones de pesos. Y entonces, como nunca había ocurrido antes, vino la pregunta que todos hoy  formula en voz alta: ¿Quién paga?

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, no dudó en dar la respuesta. Ofició al Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones legales por el “daño patrimonial al Estado, producto de una acción temeraria e irresponsable”. Como siempre suele ser en personeros de derecha, el lenguaje es el de la contabilidad, no el de la obligación moral. “Esa persona deberá hacerse responsable, al menos, de los costos del rescate”, sentenció Codina. Y la declaración encontró eco en medios de comunicación, en redes sociales, en el proyecto de ley del diputado Cristián Araya Lerdo que busca multar a los “imprudentes”. Un coro unánime que clama por justicia —o más exactamente, por cobro de sobrevivencia.

Pero aquí es donde la luz del espejo comienza a deformarse. Porque la pregunta no es si hubo imprudencia —la hubo, y grave. La pregunta que debiera surgir de mentes críticas y reflexivas es ¿por qué este caso, y no otros? ¿Por qué este celo punitivo se desata ahora, con estos tres extraviados, y no con otros que, en circunstancias similares, han movilizado recursos estatales igualmente cuantiosos?

La respuesta, aunque incómoda, es transparente. Porque la imprudencia tiene clase. El “Chino” Orellana y sus dos acompañantes no son la cara del montañismo “pangaliano” que la prensa y la opinión pública están dispuestas a perdonar. Estos son populáricos, gente trabajadora, con antecedentes. Personas que no pertenecen a los círculos del excursionismo de élite ni de marcas outdoor. Su error —ingresar a una zona restringida en medio de un temporal, “al parecer, de jarana”, según las propias palabras de Codina— es leído como un acto de indisciplina social, no como una tragedia humana. Y por eso, el castigo debe ser ejemplificador para todos los de su clase.

¿Cuántos rescates de montañistas de altos ingresos, de empresarios o de familias de clase media alta se han producido en la última década en Chile? ¿Cuántas veces el Estado ha movilizado helicópteros, equipos de rescate y personal especializado para salvar a quienes, por deporte o por placer, se internan en la pre cordillera y cordillera sin la preparación suficiente? ¿Y cuántas veces hemos escuchado a una autoridad exigir que “paguen” por su irresponsabilidad?

En la Región Metropolitana, solo el Cuerpo de Socorro Andino realiza más de sesenta operativos al año en montaña, y a nivel nacional superan los 170 anuales. Muchos de esos rescates involucran a personas de sectores acomodados. Algunos han costado cifras que bordean los 600 millones de pesos, e incluso se acercan a los mil millones. Y sin embargo, no hay oficios al Consejo de Defensa del Estado, no hay declaraciones públicas exigiendo el reembolso, no hay proyectos de ley apresurados para “dar una lección”. Porque cuando el extraviado tiene apellido conocido o cuenta bancaria abultada, la imprudencia se transforma en “accidente” “tragedia”, y el rescate, en “deber del Estado”.

Lo que trato de señalar aquí es la hipocresía de un discurso punitivo que solo se activa cuando los infractores pertenecen a las capas medias, medias bajas o populares. El gobierno, en su afán de mostrarse firme y de sintonizar con el clamor de una sociedad que exige orden, ha convertido un rescate —un acto de vida— en una oportunidad para disciplinar. No se celebra que tres personas estén vivas. Se exige que paguen por atreverse a estar perdidas y, además, haber sobrevivido a ello.

El mensaje es inequívoco y profundamente clasista. Recordarle a la clase trabajadora que la cordillera no es para ellos, que el riesgo es un privilegio, que la irresponsabilidad tiene precio solo cuando no se tiene el estatus para que sea perdonada.

En Chile siempre la reflexión ética es incómoda -por eso de paso, aviso, estoy cesante-, pero necesaria. La vida de una persona no debería tener un precio que varíe según su origen social. El derecho a ser rescatado no debería depender de la capacidad de pago. Y la decisión de salvar una vida no debería estar sujeta a un balance de costos y beneficios que solo se aplica a algunos.

Porque el problema de fondo no es el rescate ni su costo. El problema es que hay chilenos de primera y chilenos de segunda, incluso cuando están perdidos en la montaña. El problema es que la empatía y la igualdad se han vuelto bienes escasos, que se raciona según el tipo de cuenta, la marca del auto o el barrio de residencia. El problema es que, en vez de celebrar que tres personas están vivas, estamos diseñando el castigo. Como si la vida de los de abajo, al final, fuera un gasto que debe ser justificado y también castigado.