Julio Cámara Cortés, Consejero regional (CORE) Tarapacá/Presidente Comisión Arte y Cultura
Una de las áreas donde también se deja sentir con fuerza el centralismo imperante, es en el quehacer cultural y artístico de la región. Muchas de las decisiones relevantes para potenciar y consolidar el desarrollo cultural pasan por el “cedazo” del nivel central que restringe y no pocas veces obstruye iniciativas que bien podrían contribuir a fortalecer los cimientos de una actividad social que tanto beneficia y aporta al crecimiento de las personas.
Y no me refiero solamente a los aspectos antropológicos y académicos del tema, que ameritarían una reflexión aparte acerca del fortalecimiento de los rasgos identitarios propios de región, que supere la tenaz tendencia a la uniformidad que se deriva del centralismo, poco proclive, además, a reconocer y a percibir a Chile como un territorio de una tremenda y rica diversidad cultural.
En esta ocasión quiero subrayar solamente las trabas existentes en materias legales y administrativo financieras del problema. Sorprende constatar, por ejemplo, que en abierta contradicción con la misión que la ley fija a los gobiernos regionales de procurar el desarrollo económico, cultural y social de sus territorios, al mismo tiempo y vía ley de presupuesto se fije solo un modestísimo 2% del Fondo Regional de Desarrollo Regional (FNDR) para concretar dicho desarrollo. Sin duda, una verdadera contradicción.
Caben un par de preguntas: ¿Con base a qué fundamentos se decidió que sería tal porcentaje y no uno mayor?. ¿Se consultó alguna vez a los gobiernos regionales su parecer sobre tan relevante tema?.
Debo reconocer, sí, que el 2% para cultura, que se desprende del FNDR, se incrementa obviamente a la par con el crecimiento de dicho marco presupuestario, lo que efectivamente ha ocurrido en los últimos años, hecho que se valora, pero, que aún así resulta insuficiente para atender la mayor demanda de iniciativas que surgen de entidades sociales y gestores culturales que reclaman un protagonismo más activo en el desarrollo de la región.
Sin embargo, y junto con asumir la insuficiencia de tales recursos, la ley de presupuesto agrega otra restricción no menor en la aplicación del porcentaje ya indicado.
Es la que establece que el 2% solo entregará recursos para proyectos que contemplen actividades y/o implementación, excluyendo la posibilidad de financiar iniciativas de infraestructura, una restricción que afecta a muchas entidades que cuentan con sedes propias y que carecen de recursos para el mejoramiento y conservación de dichos necesarios espacios…nuevamente: ¿En qué se sustenta tal limitación?…
Todo lo que se ha expuesto son problemas factibles de superar a nivel de las instancias políticas, especialmente desde el parlamento, que es donde se discute y decide el presupuesto nacional y las glosas de su aplicación. Pero, la situación persiste, no obstante las conocidas voces provenientes de manera transversal del mundo político que reclaman una mayor descentralización del país, lo que a estas alturas parece ya una ironía de mal gusto.